¿Podrá el Gobierno tomar posesión de los medios? El debate en proyecto que regula el acceso a Internet

Hace menos de un mes, el Ministerio de las TIC presentó ante el Congreso el proyecto de ley ‘Internet Solidario’, una iniciativa para desarrollar el derecho fundamental al acceso a internet.

Sin embargo, en el Legislativo se menciona que hay un posible ‘mico’ que le permitiría al Gobierno tomar posesión de los medios de comunicación. Todo esto en una época electoral ambientada por los viejos fantasmas de una constituyente. ¿Qué dice el proyecto, por qué hay alertas y qué dicen los expertos? 

“El acceso a internet como un derecho fundamental”: abecé del articulado

El propósito principal del articulado que llegó al Congreso es precisamente que el acceso a internet, que en muchos casos es clave para que las personas puedan acceder a otros derechos fundamentales como la educación, se garantice completamente. Para lograrlo, lo convierten en un servicio público domiciliario.

“El acceso al internet fijo residencial es un servicio público domiciliario esencial de atención prioritaria y su acceso básico deberá estar garantizado en los términos de los artículos 365 y 367 de la Constitución y la Ley 142 de 1994”, se lee en el artículo cuatro del proyecto que está en el Congreso.

Además, la iniciativa busca que los operadores de servicios de internet ofrezcan planes especiales para los usuarios con menos recursos económicos, así como tarifas diferenciales para personas de estrato 1. Ese subsidio será financiado a través del pago de un aporte del 30 por ciento adicional sobre el valor del plan tarifario contratado por los usuarios de estratos 5 y 6, usuarios industriales y comerciales que no estén clasificados como micro o pequeñas empresas.

Sin embargo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, alertó que en el artículo 10 del proyecto, que busca fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio de las TIC, se otorgan facultades que implicarían una extralimitación de las funciones del Gobierno.

Ese punto busca modificar un numeral de la Ley 1341 de 2009, que es la encargada de definir todo lo relacionado con información y organización de las TIC. Con la modificación propuesta, ese punto del proyecto quedaría así:

“Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, incluyendo facultades de policía administrativa y de toma de posesión, conforme con la ley y según los procedimientos establecidos para fines similares en la normativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. Lo resaltado es lo que cambia con respecto a lo que funciona hoy.

Además, agrega un numeral que permitiría “reglamentar y ejercer inspección, vigilancia y control de los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y todo tipo de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas de manera compartida como soporte físico para el despliegue de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones”.

Según la senadora, no se debería permitir que las mismas personas encargadas de hacer la política pública también sean aquellos que ejercen vigilancia, inspección y control. 

Muy grave este proyecto de ley: le da al Gobierno facultades de inspección, control y hasta toma de posesión de operadores.

Además, incluye una mini reforma tributaria de $500 mil millones que golpea a los usuarios de internet. 💰 pic.twitter.com/jtWm8qL5g1

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 8, 2025

Ante los cuestionamientos, el ministro de las TIC, que está en la cuerda floja luego de la elección de Carlos Camargo como magistrado, aseguró que lo dicho por la senadora es completamente falso y que, de ninguna manera, se estaría avalando la toma de posesión de los medios de comunicación. “La norma está expresamente concebida para proteger la infraestructura crítica que garantiza el derecho de los colombianos a acceder a internet. El proyecto está enmarcado dentro de las facultades ya establecidas en la Ley 142 para garantizar los servicios públicos domiciliarios esenciales como internet, que hoy está por fuera de este marco”, dijo.

Algunos parlamentarios insisten en que, al hablar de todo el sector de telecomunicaciones, también se incluye a los medios de comunicación. Pero el ministro defiende su articulado bajo la premisa de que el artículo 10 del proyecto no regula los contenidos o medios, sino a los proveedores de infraestructura de las redes de telecomunicaciones, que serían los que hacen posible que el servicio funcione. 

Falso: En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, este artículo incluye a los medios de comunicación ni a sus contenidos, ni lo hará! La norma está expresamente concebida para proteger la infraestructura crítica que garantiza el derecho de los colombianos a acceder a Internet.… pic.twitter.com/XQqy0bwbwg

— Julián Molina Gómez (@JulianRMolinaG) September 8, 2025

¿Qué dicen los expertos en el sector?

Para Carolina Botero, abogada experta en derecho digital, hay varios puntos en discusión. Primero, cree que es valiosa la discusión frente a la universalización del internet y la apuesta de hacer efectivo el derecho al acceso. Pero advierte que hay algunas ambigüedades.

“Porque le otorga al Ministerio de las TIC facultades reforzadas de regulación, inspección y control. Pero como no se queda en disposiciones sobre infraestructura, surgen polémicas sobre su alcance”, dijo. En otras palabras, que como no hay una limitación puntual a la infraestructura, que serían a las redes de las que habla el ministro, pues sí abre la posibilidad de pensar que se regularían otros sectores.

“El tema es que tiene obligaciones como la de registro, que no solo incorpora a intermediarios de infraestructura, sino también a otros que se encuentran en el nivel del contenido (como las plataformas). Además, hay disposiciones sobre bloqueo, retirada y deshabilitación de acceso a contenidos. Es decir, la norma tiene disposiciones más allá de infraestructura, alcanza el contenido sin que, por otro lado, hable de ese alcance y establezca el marco de la facultad de la autoridad en ese sentido”, aseguró.

En la fundación Karisma, por su parte, también afirman que hay algunas preocupaciones sobre las normas que establece el proyecto. Uno de esos cuestionamientos está en el artículo diez, porque dice que no queda claro para qué se van a utilizar las facultades de inspección, vigilancia y control que tendrá el Ministerio de las TIC. 

“Parecería que lo principal sí tiene que ver con el servicio público del internet domiciliario. Cuando se habla de esas facultades sobre servicios públicos domiciliarios, es normal que quien vigile tengan facultades de policía administrativa y de toma de posesión. Pero este articulado no es claro en decir para qué se están asumiendo esas facultades. Además, si se incluye la parte de control de los contenidos, sí se podría pensar que ejercerá control sobre las plataformas en línea. Pero esto último tampoco queda claro, así que se abren los supuestos. Sin embargo, no se habilita directamente a la toma de posesión de los medios”, como le explicó a CAMBIO Catalina Moreno Arocha, codirectora de la Fundación Karisma.

Entre los abogados expertos en derecho constitucional y digital es claro que hay pocas claridades en las funciones que tendrán los proveedores y el Ministerio de las TIC. Por ejemplo, Ana Bejarano considera que el proyecto “establece la posibilidad de hacer control de contenidos en cabeza de los proveedores de los servicios digitales, pues los obliga a cumplir con ordenes judiciales de ‘bloque, retirada o deshabilitación del acceso a contenidos’ al igual que les asigna el deber de ‘combatir la desinformación’”. 

Para la abogada también es cierto que hay factores que podrían dar lugar a que desde la cartera de las TIC se tome posesión de los medios y se establecen obligaciones que podrían derivar en acciones de censura para los medios de comunicación y proveedores de internet.

Así, será el Congreso el encargado de discutir si le da vía libre a esta iniciativa o si, en cambio. Proponen modificaciones que establezcan límites a las nuevas facultades que tendría el Gobierno a través del Ministerio de las TIC.