
“No es una discusión política, es una urgencia humana”: Gustavo Petro solicita a la Corte Constitucional levantar suspensión del decreto de emergencia económica
El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, al advertir un rápido deterioro de la situación humanitaria por las lluvias y las inundaciones, especialmente en la Región Caribe. Conozca los detalles.
Por: Gabriela Casanova
En la tarde de este 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, a causa de las intensas lluvias que han derivado en desbordamientos de ríos e inundaciones en diferentes regiones del país, especialmente en la Región Caribe.
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La Corte Constitucional había suspendido de manera provisional el decreto a finales de enero, siendo la primera vez en la historia de la Corte, creada en la Constitución de 1991, que se adopta una decisión de este tipo. La suspensión se mantendrá hasta que la Corte profiera una decisión definitiva de fondo sobre la declaratoria de emergencia, pero quizás con la petición de Petro haya un cambio.
En una carta enviada a la Corte y revelada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, Petro afirmó que actualmente existe una “emergencia real”, que “no admite dilaciones ni lecturas abstractas”. Según el presidente, aunque el Gobierno ha acatado “de manera estricta y sin reservas” la decisión de la corporación advirtió que “desde el momento en que se adoptó la suspensión del decreto hasta este lunes, la situación humanitaria se ha agravado de forma acelerada y dolorosa”.
El presidente @petrogustavo ha solicitado a la Corte Constitucional que levante la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica. Hoy las circunstancias de la realidad y el sufrimiento de miles de colombianos desbordan cualquier análisis desde lo ideológico. Uno de… pic.twitter.com/etkT6uJKgH
— Armando Benedetti (@AABenedetti) February 9, 2026
Petro expuso que en los departamentos de Córdoba y Sucre han muerto al menos 14 personas; más de 9.000 viviendas han sido destruidas; cerca de 50.000 familias, unas 300.000 personas han resultado afectadas, y más de 35.000 hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares.
“Lo que hace semanas era una advertencia técnica –el riesgo de hambre señalado por organismos internacionales como la FAO– hoy empieza a sentirse en el día a día de comunidades enteras. No es un riesgo teórico: es un hecho extraordinario”, señaló.
El mandatario explicó que, pese a que el Estado había identificado riesgos asociados al cambio climático, lo que está ocurriendo en el país es inusual. Mencionó que la llegada del frente frío de origen ártico al Caribe, que ha sido un factor clave en el aumento de las lluvias, “sin registro histórico ni estadístico en la región”, constituye un “fenómeno extraordinario y sin precedentes conocidos”.
Además, reconoció que no se podía prever ni su magnitud ni su simultaneidad con otros eventos, ni el impacto en las comunidades en riesgo. “No corresponde a una evolución normal ni previsible de esos riesgos”, dijo. Incluso, advirtió que informes técnicos, así como lo ha señalado el Ideam, alertan sobre la posible llegada de un nuevo frente que podría agravar la crisis humanitaria. “No es una discusión política, es una urgencia humana”, afirmó.

El presidente aseguró que el Gobierno ha estado utilizando todas sus capacidades institucionales, pero que, con la suspensión del decreto de emergencia, se limita “la posibilidad de actuar con la rapidez y el alcance que esta emergencia exige”. Así mismo, insistió en que se debe pensar en la vida de las personas y en evitar mayores daños, y no en ideologías, ni considerar que levantar el decreto sería un gesto político, pues cada día sin las herramientas al alcance del Estado “significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades que ya han sido golpeadas duramente”.
“Esta solicitud no parte de la idea de que los hechos actuales hubieran sido previstos o presupuestados. Parte del reconocimiento de que la realidad ha superado cualquier escenario inicialmente contemplado, y de que el deber del Estado es responder con decisión cuando la vida y la dignidad de la población están en riesgo”, concluyó.
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