Procuraduría respaldó a la senadora Isabel Cristina Zuleta en las demandas que piden su 'muerte política'

El 21 de junio del año pasado, el presidente de la república, Gustavo Petro, compartió tarima en un evento público en la Plaza de la Alpujarra en Medellín, con José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, entre otros duros capos de las bandas criminales que azotan al Valle de Aburrá.

El evento, enmarcado en los diálogos de paz urbana (autorizados por el Gobierno) con las bandas de Medellín y del Valle de Aburrá, inmediatamente fue bautizado por parte de la opinión pública como el ‘tarimazo’. Y detrás del ‘tarimazo’ tuvo un rol protagonista la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, designada por el Ejecutivo como coordinadora de las conversaciones socio-jurídicas con las mencionadas estructuras.

Por ese polémico evento, en el que Zuleta logró la autorización para sacar temporalmente de la cárcel de Itagüí a los peligrosos capos de la capital antioqueña, llegaron dos demandas al Consejo de Estado pidiendo la pérdida de investidura o la ‘muerte política’ de ella. Las demandas cuestionaron que Zuleta incurrió en un presunto tráfico de influencias porque, supuestamente “abusando de su poder”, logró el traslado de los reclusos a “un acto eminentemente político y público”.