Corrupción en la salud: así funciona el "cartel de pagos" en las EPS intervenidas por el Gobierno

En las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre un nuevo caso de presunta corrupción con el giro de dineros que el gobierno les hace a las EPS para la atención en salud de millones de colombianos. Sin duda, el ingrediente que más ha llamado la atención es que se trata de empresas que fueron intervenidas para mejorar su situación económica, pero que en realidad las estarían desfalcando.

La misma Superintendencia de Salud denunció ante la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades de control una serie de hechos que evidenciarían cómo se han priorizado pagos a prestadores de servicios sin mayor justificación y gracias a una supuesta intermediación de personas poderosas en el sector, que asesoran a las EPS y a las IPS, logrando que los recursos se desembolsen de forma más expedita. 

Incluso el propio presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa otro elemento: en algunos casos, la plata que se estaría desviando ha parado en paraísos fiscales donde operarían varias de las empresas involucradas. 

En este escándalo, la atención se ha puesto sobre un poderoso personaje que estaría liderando el que ahora muchos llaman el “cartel de las postulaciones” en las EPS. Se trata de Mario Andrés Urán, un lobbista respaldado por varias figuras políticas en el país que se ha movido por largo tiempo en el sector, el mismo que conoce al dedillo, según fuentes consultadas por CAMBIO. 

Urán fue nombrado en la denuncia de la SuperSalud, que lo califica como el cerebro de este entramado: la persona que, supuestamente, da las órdenes de pago a los interventores de las EPS intervenidas. Por eso, según le confirmó a CAMBIO el abogado de Urán, su cliente ya se presentó en la Fiscalía para dar las explicaciones de su vinculación con las empresas, así como su papel, que para la defensa es “solo una asesoría permitida en la ley”.

Sin embargo, Urán no estaría actuando solo. Como se mencionó, este asesor en temas de salud estaría apadrinado por personas con mucho poder en el país que le han permitido permear los círculos más profundos en el sector. Así, en la materialización de este nuevo cartel han participado funcionarios públicos, abogados, colaboradores de las EPS, las IPS y otras personas que, eventualmente, también tendrán que ser investigadas. 

CAMBIO habló con más de diez fuentes del sector de la salud para conocer cómo funciona la modalidad denunciada por la Superintendencia de Salud, con la que se estarían perdiendo los dineros destinados a garantizar la vida y protección a los colombianos. Pronto, las autoridades darán a conocer sus primeras decisiones de este esquema, sobre el que se tienen varias pruebas e indicios.

“El cartel de los pagos o las postulaciones”

Emssanar, Asmet Salud y SOS son las tres EPS que están bajo la lupa, pues enfrentan una compleja situación a pesar de haber sido intervenidas por el gobierno. Esto debido a que, según la Superintendencia de Salud, hacen parte de una “presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, a través de su cargo de asesor en Coosalud, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS. Además, por la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”.

Pero, ¿qué significa la postulación de los pagos y cuál es la irregularidad supuestamente cometida? Para entender cómo funciona este esquema, es necesario saber que, durante el tiempo que dure el proceso de toma de control por parte del gobierno, a las EPS intervenidas se les congelan las deudas. Esto con el fin de poder subsanar la crisis y garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

“Los recursos que se les giran a las EPS intervenidas se usan para gastos corrientes, atención y prestación de servicios. Si después de esos gastos alguna plata les sobra, la pueden utilizar para pagar obligaciones anteriores o deudas que provocaron la intervención. El problema es que a ninguna EPS le alcanza la plata que le giran, ni siquiera para costear la mera atención salud. Por cada peso que recibe una de estas empresas, se gasta 1,5 atendiendo a sus usuarios”, explicó a CAMBIO una de las fuentes expertas en el sector salud.

En ese sentido, para poder cumplir con los pagos, por ejemplo a las IPS que son los hospitales y clínicas, o a otro tipo de prestadores de servicios de salud que contratan, deben hacerse unas postulaciones. Eso significa que cada mes el agente interventor fija quiénes son sus acreedores y cómo distribuirá el recurso que el gobierno le gira para poder pagarles. 

“Los prestadores no reciben los pagos totales pero sí porcentajes iguales. De todas formas, hay que tener en cuenta en la priorización, por ejemplo, las cuentas de alto costo que son las de los servicios para enfermedades complejas y a esas hay que procurar darles más plata para garantizar que se mantenga la atención”, dijo otra fuente consultada. 

Después de hacer esa postulación, el interventor envía la información a dos validadores: la Superintendencia de Salud y una firma contralora contratada por la misma EPS. Ambas partes se encargan de verificar que las facturas estén en orden y que los servicios cobrados se hayan prestado. Después de esa revisión y aprobación, la Adres ordena el desembolso de los dineros. 

Un ejemplo claro de cómo debe funcionar el sistema de pagos es el siguiente: una EPS le debe 10.000 pesos a dos prestadores de servicios -una clínica a la que le debe 9.000 pesos y un expendedor de medicamentos, cuya deuda es de 1.000 pesos-. Sin embargo, esa EPS solo recibe 5.000 pesos del gobierno para pagar sus acreencias. Por ende, debería pagarle 4.500 pesos a la clínica y 500 pesos al comercializador de medicamentos. Así cumpliría con el 50 por ciento de lo que les debía a cada uno, logrando un equilibrio que no afecta a nadie.

Con las tres EPS intervenidas, sin embargo, esto no estaba ocurriendo. Por el contrario, empezaron a presentarse pagos con porcentajes más altos a algunos prestadores; a otros se les dejó de cumplir con los compromisos. Esas conductas prendieron las alarmas para descubrir el presunto cartel. 

Las conductas irregulares que ahora se revisan, se relacionan con esa intervención indebida en cómo se deciden los pagos. Hasta el momento, se sabe que los prestadores del servicio de salud han buscado empresas o personas asesoras, entre ellas a Mario Andrés Urán, para que intermedien y logren que en las postulaciones de las EPS se les agilice el pago y el monto sea mayor. 

CAMBIO obtuvo el testimonio de un colaborador al interior de una de las EPS investigada, quien corroboró la situación y explicó que en el sector existen firmas de abogados que, con una figura que es legal, se dedican a cobrar carteras; es decir, a hacer los trámites para pagar las facturas a las EPS. Por eso cobran una comisión. Sin embargo, ahora lo que se evidencia es que hay una intromisión indebida en las decisiones de pago, se utilizan las influencias y se cobra la famosa comisión, conocida como coima.

Para el gobierno, es justo lo que estaría haciendo el señor Mario Urán en Emssanar, Asmet Salud y SOS, junto con otras personas que trabajan con él. Así lo demostrarían los correos revelados por Caracol Radio, en los que se evidencia que algunos interventores de esas EPS le enviaron mensajes al señor Urán, informando sobre las postulaciones, aunque él no era funcionario de la Superintendencia de Salud ni tenía a su cargo la contraloría que fue contratada para hacer las validaciones. 

“La irregularidad se probaría revisando los pagos que se hicieron a algunos prestadores beneficiados con el cartel, ya que a muchos que antes de la intervención les pagaban 10 pesos, ahora les pagan 30 o hasta 50. El aumento exagerado de esos pagos es lo que genera muchas dudas, ¿por qué a algunos les pagan más que a otros?”, dijo otro de los consultados.  

Lo que más llama la atención es que lo hizo desde su cargo como asesor en Coosalud, otra EPS que no está intervenida pero con la que Urán tenía un contrato para “brindar asesoría y consejería”. Justamente CAMBIO conoció que Coosalud ya le pidió a la Fiscalía que la declare víctima en el proceso, ya que según el documento radicado: “el contrato no tuvo como objetivo el manejo y/o administración de recursos de la salud, ni dentro de las funciones de consejería se le dio alguna directriz por parte de la presidencia que tuviera relación con el manejo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 

“Coosalud E.P.S. o su presidente, jamás autorizó al señor Mario Andrés Uran para que realizara funciones ajenas a lo estipulado en su contrato, como lo es la intervención de este exfuncionario en el giro, pago a terceros, postulación de giros de recursos, favorecimiento de marcas o laboratorios, perfilamientos a funcionarios, ni mucho menos se dictó directriz alguna para efectuar labores de injerencia o dominio sobre EPS intervenidas o Entidades públicas”, dice la empresa también involucrada en el caso. 

Por su parte, Andrés Garzón, abogado de Mario Urán, le dijo a CAMBIO que su cliente actuó de forma legal como asesor de algunas EPS debido a su conocimiento del sector de la salud. Explicó que las empresas promotoras de salud le consultaban cómo debían mejorarse los indicadores, tanto en la prestación del servicio como en la administración, y que esa fue la vinculación que tuvo con esas compañías. 

Los contratos de Mario Urán y sus amigos 

En el marco de la indagación preliminar que hizo la Superintendencia de Salud para descubrir lo que estaba pasando en las EPS, se solicitó una muestra de los computadores de los funcionarios y directivos de esas empresas y se extrajo un backup de la información y de los correos electrónicos para analizar el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. 

La información recolectada hasta ahora, conocida por CAMBIO, demuestra que en Emssanar, Asmet Salud y SOS EPS hay casi 20 contratos que vinculan a Mario Andrés Urán de forma directa, y también a través de personas que serían cercanas a ese poderoso lobbista, como Indira Ocando Britto y Tony Negrette, también señalados por la Superintendencia de Salud. 

La mayoría de esos contratos son de asesoría y consultoría legal entre IPS que le prestan o prestaron servicios a las EPS mencionadas y el señor Urán, sus amigos o sus empresas. Una de ellas es Efeso MAU, representada legalmente por Urán o Aurora Salud. Esta empresa no registra como si fuese de su propiedad; sin embargo, CAMBIO estableció que comparten la misma sede y dirección en Bogotá. 

El caso de Indira Ocando es particular. Según fuentes en el sector, ella es muy cercana a Mario Urán y tiene empresas a su nombre que han hecho contratos con las IPS y otros prestadores de servicios en salud. Ocando también tuvo contratos con las EPS investigadas para hacer asesorías o, en algunos casos, para ejercer funciones administrativas. Esto significa que fue juez y parte. 

Por ejemplo, hay un contrato entre la firma consultora Marindo y la IPS Hemato Oncólogos SAS para la asociación de cuentas en participación. La representante legal de Marindo en la época de ese contrato era, según el Registro Único Empresarial, la señora Indira Ocando Britto. Al tiempo que asesoraba a esa IPS, tenía contratos para operaciones en Cauca y Valle del Cauca con las EPS Emssanar, Asmet Salud y SOS. 

Los otros protagonistas de la historia 

Como ya se mencionó, para poder configurar el presunto cartel, el señor Urán no habría actuado solo. En este nuevo escándalo figuran otros nombres de empresas y personas naturales que serían parte importante de la intermediación en los pagos de la salud. 

En la investigación, por ejemplo, se investiga la conexión de los interventores de cada una de las EPS involucradas en el entramado. En el caso de Emssanar, figura el señor César Sánchez, quien tal como lo reveló CAMBIO, fue director territorial de Caprecom en Tolima en las mismas fechas en que Mario Andrés Urán era el presidente de esa EPS. Sin embargo, el abogado de Urán en diálogo con el periódico El Tiempo negó que su defendido conociera a Sánchez y también dijo que no tuvo relación con él cuando trabajaron en Caprecom.

Además Sánchez, aunque nació en Florencia, Caquetá, ha trabajado muchos años en Tolima. Allí conoció al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de quien se hizo amigo. Sánchez les suele recordar esa cercanía, de acuerdo con el relato de testigos que hablaron con CAMBIO, a los funcionarios de Emssanar.

Javier Cormane es el interventor de Asmet Salud, pero años atrás fue gerente de la ESE Universidad del Atlántico (UNA), que en marzo de 2023 fue objeto de una auditoría de la Superintendencia de Salud que detectó más de 40 hallazgos administrativos, financieros y penales. 

Quien lo nombró en ese puesto fue la exgobernadora Elsa Noguera. Fuentes del sector le contaron a CAMBIO que el jefe político del señor Cormane es un funcionario muy importante de la Alcaldía de Alex Char en Barranquilla. 

El último interventor de la EPS SOS, y una importante figura de la que poco se ha hablado, es Carlos Marino Escobar. Este agente fue empleado en Coosalud, empresa donde trabajaba Mario Urán. Según información conocida por CAMBIO, Marino fue desvinculado de esa empresa por tras una reestructuración el 30 de mayo de 2023 y la terminación del contrato fue unilateral.

Marino Escobar también se desempeñó como vicepresidente de salud de Emssanar. Las personas que hablaron con CAMBIO señalan que sería una de las fichas que ha puesto Urán para hacer sus movidas en las distintas EPS intervenidas. 

CAMBIO conoció un correo en el que se demostraría la participación de todos en la presunta red. Es un mensaje enviado por Indira Ocando con el asunto: Convocatoria de Medicamentos 2024-2025 y es enviado a Edgar Zamudio de Emssanar, Carlos Marino Escobar de SOS EPS, Juan Meza y Luis Villa con copia a Mario Andrés Urán. 

La firma contralora 

Entre tanto, la firma contralora de las tres EPS, que en el proceso de postulaciones debe validar las facturas y los pagos que el interventor propone, es Nexia Montes y Asociados, representada legalmente por José Roberto Montes y que desde hace varios años ha tenido 32 contratos con varias entidades del Estado. 

Además, Nexia fue la firma encargada de revisar y auditar las cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro de 2022. En 2023, la firma fue visitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de la investigación que realizó a las cuentas del hoy jefe de Estado.

Las preguntan que quedan 

Lo que ocurre en el sector de la salud abre varios interrogantes que se hacen quienes conocen por dentro el sistema y no entienden por qué en un proceso de intervención que, supuestamente, es para salvar a las EPS de la corrupción, siga presentándose desviación de los recursos. 

Las fuentes que hablaron con CAMBIO coinciden en que aún faltan muchas explicaciones. 

Por ejemplo, ¿por qué permanecen intervenidas las empresas promotoras de salud si sus indicadores administrativos, financieros y jurídicos no han mejorado?, ¿qué hay detrás de esas intervenciones? Si la misma Superintendencia de Salud denunció una presunta corrupción en esas EPS y quienes están a la cabeza de esas empresas son interventores elegidos por el gobierno, ¿por qué los mantuvieron tanto tiempo en esos cargos aún cuando ya se había conocido la denuncia contra ellos?, ¿por qué el presidente Gustavo Petro desvió la atención del problema hablando del desvío de los dineros de la salud a paraísos fiscales?

Finalizando la semana se dio a conocer que el nuevo superintendente de salud, Giovanny Rubiano, tomó la decisión de hacer un profundo cambio en las siete EPS que actualmente permanecen intervenidas por el gobierno, incluyendo a Emssanar, SOS y Asmet Salud que son las que están envueltas ahora en el escándalo. 

Dicho ajuste consistió en remover a todos los agentes interventores y poner nuevas personas a cargo de esas empresas con el fin de hacer "una medición continúa de resultados, indicadores de gestión y evidencia científica" según la entidad de control. En ese sentido, saldrán de sus cargos los interventores de las empresas en las que se encontraron indicios de presunta corrupción.

Los nuevos administradores de las EPS mencionadas serán: Gabriel Enrique Castilla para Emssanar, Carlos Eduardo Franco quien será el interventor de SOS y en al frente de Asmet Salud estará Gloria Libia Polanía. A pesar de estos cambios algunos voceros de la oposición como el representante a la Cámara, Andrés Forero, aseguran que los agentes nombrados no hacen parte del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (Rilco) y que por eso no podrían ocupar los cargos para los que fueron elegidos.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció de manera escueta sobre este escándalo. Dijo que está en manos de las autoridades establecer qué fue lo que pasó. Lo cierto es que para muchos que han trabajado en el sector y conocen su funcionamiento es claro que lo que ocurre ahora tiene rasgos de ser un posible concierto para delinquir.