Así se disparó la contratación de la UNGRD entre octubre y noviembre de 2023, según un informe de la Fiduprevisora

La Fiduprevisora, encargada de hacer los pagos que le ordenan entidades como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo (UNGRD), pidió un informe interno para conocer cómo fue la contratación allí durante el año 2023 y específicamente la relación que hubo con el proceso de elecciones regionales, que también coincidió con el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. 

En el documento conocido por CAMBIO se evidencia que fue justamente en los meses de octubre y noviembre del año pasado, en pleno trámite de ambos procesos, cuando más contratos se firmaron en la entidad que tiene como objetivo principal atender las emergencias en el país. 

 
Además, el informe muestra las regiones a las que les llegó más dinero por parte de la UNGRD. En primer lugar, aparece el municipio de Girón, en el departamento de Santander, seguido por Itagüí, en Antioquia, y Mocoa en Putumayo. 

En el municipio santandereano es de público conocimiento que quien tiene gran influencia política allí es el exalcalde y ahora director administrativo de la Cámara de Representantes, Jhon Aviud Ramírez, del Partido de la U y relacionado con el clan Aguilar y con Didier Tavera. 

En el caso de Itagüí, el poder político se le atribuye al senador del Partido Conservador Carlos Trujillo, quien tuvo también un fuerte vínculo con el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. 

Los casos de mayor complejidad 

En el documento conocido por CAMBIO se señalan como casos de mayor complejidad los contratos que se entregaron en el municipio de Itagüí en Antioquia. 

Carlos Trujillo ya ha sido mencionado en este escándalo de corrupción por su cercanía con el exdirector de la UNGRD Olmedo López. Ambos trabajaron en la Alcaldía de ese municipio, uno siendo alcalde y el otro su secretario de Gobierno. 

Aunque López ha dicho en varias ocasiones que Trujillo no tiene nada que ver con todo lo que se ha conocido recientemente en la unidad, sí llama la atención que justo a Itagüí haya llegado una parte importante de los dineros de esa entidad. 

Por ejemplo, tal como lo reveló la W Radio en marzo de este año, la empresa Impresión Solvente de Itagüí fue a la que contrataron en la UNGRD para fabricar los adhesivos de los logos de los carrotanques que iban para La Guajira. Esa firma había prestado en 2023 servicios de publicidad a la campaña de Diego Torres, quien ganó la Alcaldía del municipio y que hace parte del equipo político de Trujillo.

Pues bien, en el nuevo informe que se conoce de la Fiduprevisora se mencionan otros dos procesos que también despiertan preguntas. Según el documento, en noviembre de 2023 se adjudicó un contrato por 27.352 millones de pesos al Consorcio AP SAS que aparece, además como una de las que más tiene proyectos con Gestión del Riesgo. 

El objetivo del contrato era “realizar la corrección preventiva mediante la construcción de obras de contención, mantenimientos e hidráulicas en diferentes puntos críticos en la vereda la María y la quebrada Doña María, debido a amenaza de movimientos en masa en el municipio de Itagüí”. 

Dicho consorcio ganador de ese contrato, que fue entregado a dedo, ya que el proceso se enmarcó en el decreto 2113 con el que se declaró desastre nacional, es un gran contratista de la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia y también de algunas entidades a nivel nacional. Desde el año 2009 ha logrado obtener un total de 55 contratos en todo el país. 

Los representantes legales de Construcciones AP son Sergio Andrés y Claudia María Acero Álvarez y tienen su oficina ubicada en el municipio de Sabaneta, también en Antioquia, a 15 minutos de Itagüí. 

El problema con este proceso es que la Unidad de Gestión de Riesgo, en la época de Olmedo López, entregó otro contrato, por 1.914 millones de pesos, a un consorcio supuestamente diferente para que hiciera la interventoría de las obras que iba a realizar Construcciones AP SAS. No obstante, al revisar quiénes se quedaron con esa plata y esa vigilancia, se evidencia que se trata de la empresa Acero Asociados, cuyos dueños son los mismos señores Acero Álvarez. 

Incluso, en el registro de la empresa Acero Asociados se puede ver que su sede está en la misma dirección de Construcciones AP SAS en Sabaneta. Eso quiere decir que la Unidad de Gestión de Riesgo le entregó un contrato a una empresa para que hiciera obras de contención en Itagüí y dejó en manos de otra compañía, pero de los mismos dueños, la vigilancia del mismo. Mejor dicho, el ratón cuidando el queso. 

Los carrotanques del Partido Conservador  

Otro proceso que está en la mira de la Fiduprevisora y la actual administración de la Unidad de Gestión de Riesgo es uno que ya había advertido el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero y que tiene que ver con la compra de 40 carrotanques adicionales para La Guajira. 

Según el informe, para ese objetivo se ordenó pagar una factura electrónica por 29.000 millones de pesos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú, que, aunque fue creada en 2019, solo hasta 2023 tuvo un contrato de ese tamaño y sus estados financieros crecieron exageradamente. 

El registro de Cámara de Comercio de esa corporación establece que no tiene experiencia en la compraventa de carrotanques y, por el contrario, lo que se ve en sus actividades económicas está relacionado con consultorías técnicas, ingeniería y otros temas conexos. 

A pesar de eso, en diciembre de 2023, Yapurutú logró firmar, según el representante Forero, un contrato por 2.000 millones de pesos en Mitú para entregar dos compactadores de basura y, para lograr el objetivo, pusieron como experiencia el proceso que se ganaron con la Unidad de Gestión de Riesgo que ni siquiera habían ejecutado. 

Además, al revisar quiénes están detrás de esa corporación, se encontró el nombre de Édgar Echeverry Toro, un candidato del Partido Conservador en Vaupés. También aparecen como miembros de la junta directiva la Asociación de Capitanes Tradicionales Indígenas del Vaupés Alto Apaporis y Cristian Edgardo Echeverry Ebratt, también militante conservador. 

Contrato para el publicista que financió la campaña del Pacto Histórico 

El portal de investigaciones El Armadillo.co reveló en julio de 2022 que el empresario de la publicidad y los eventos Henry de Jesús Saldarriaga, dueño de Brand 360 SAS, se había unido seis meses antes a la campaña nacional del Pacto Histórico de la mano de Olmedo López, quien en ese momento se desempeñaba como gerente logístico en Antioquia. 

Saldarriaga contribuyó entonces con más de 800 millones de pesos que se aportaron en especie con asesorías y estrategia digital, pauta en redes sociales, logística, entrega de material, creación de caravanas, entre otras cosas. De esos recursos, un total de 600 millones de pesos fue tomado a manera de préstamo y se debía pagar con la reposición de votos. 

No obstante, todo parece indicar que esa no sería la única forma como le habrían retribuido al señor Saldarriaga por sus favores en medio del proceso electoral. Según el reporte de la contratación de la UNGDR, Olmedo López, amigo del publicista, le entregó en enero de este año un contrato por 284 millones de pesos para prestar sus servicios “altamente calificados realizando acompañamiento financiero, presupuestal y contable al ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo”. 

La pregunta que ahora se hace la entidad es ¿por qué una persona dedicada a la publicidad se dedica ahora a hacer gestión contable y asesoría financiera y por qué con un contrato de ese exagerado valor? 

Las otras personas naturales beneficiadas

Finalmente, también aparecen otros nombres de contratistas vinculados a la Unidad de Gestión de Riesgo como personas naturales con procesos que tienen sumas muy elevadas. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Triana Castillo, del Tolima, tiene adjudicada una interventoría de un puente por 538 millones de pesos. 

Entre tanto, Rafael Avendaño Jaramillo obtuvo en octubre de 2023 un contrato por prestación de servicios con el objetivo de “aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para construir la plaza de mercado en el municipio de Mocoa en Putumayo”.  Ese proceso tuvo inicialmente un valor de 94 millones de pesos, pero, al poco tiempo, logró una adición de 2.137 millones de pesos.  

¿Qué sigue? 

De esta forma se hicieron los pagos que la Unidad de Gestión de Riesgo le pedía a la Fiduprevisora. Con el informe que hizo esa entidad financiera, encargada de hacer los desembolsos, se podría investigar la relación que hubo con las campañas políticas y con los debates de la reforma a la salud a finales del año pasado en la Cámara de Representantes. 

Hay más casos que se están investigando, como los contratos entregados en Girón, Santander, en el sector de La Mojana y en La Guajira. En todos esos procesos se investigarán posibles irregularidades en su adjudicación y el desvío de recursos públicos.