Ecocidio y trámites exprés: la denuncia completa del Gobierno por ampliación de Muelle 13

La disputa por el manejo de la Unidad Operativa Muelle 13 en Buenaventura está lejos de resolverse. Luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura revocara la concesión que inicialmente había sido renovada al Grupo Portuario S.A., para continuar la operación y ampliar su infraestructura, las diferencias se trasladaron a los estrados judiciales.

Ventura Group, socio principal del grupo, solicitó una audiencia de conciliación ante la Procuraduría, buscando llegar a una solución en el reclamo que está haciendo para recuperar la concesión de Muelle 13, que llevaba manejando 33 años y que esperaba seguir operando por 20 años más.

Mientras tanto, el Gobierno radicó una denuncia ante la Fiscalía en la que alega que la petición de prórroga de la sociedad incluía áreas nuevas a las que estaban licenciadas, para prolongar Muelle 13 hasta 200 metros de longitud y para permitir el arribo de buques de hasta 200 metros de eslora, por lo cual debía expedirse una nueva licencia ambiental.

La denuncia asegura que la nueva licencia se debía hacer ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), pero que no solo no se realizó, sino que el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura decidió que el asunto podía resolverse con una modificación al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y, en apenas diez días, emitió un concepto favorable para los intereses del Grupo Portuario.

CAMBIO revela la denuncia completa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la que apenas se había anunciado su radicación por la presunta comisión de los delitos de abuso de la función pública, daños en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica y que habla que, en este lío, se habría podido provocar un ecocidio.

“Se pudieron causar daños a los recursos naturales y se pudieron haber invadido terrenos ecológicamente protegidos, por cuanto se permitió la construcción de infraestructura sin contar con la debida licencia ambiental en un lugar donde se encontraba un manglar, el cual, además, se permitió que fuera afectado a través de su traslado”, dice la denuncia que está firmada por el director encargado de la Andje, Jhon Jairo Camargo.

El origen del pleito

Esta historia se remonta a 1997, cuando se avaló por el Gobierno un Plan de Manejo Ambiental que presentó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. para el dragado de mantenimiento y limpieza de la zona de muelles y maniobras del Puerto de Buenaventura.

En septiembre de 1999 el entonces Ministerio del Medio Ambiente concedió la licencia ambiental a la Sociedad Grupo Portuario S.A. para la construcción de una placa de concreto adyacente al Muelle 13. Luego, en abril de 2002, el ministerio le impuso al Fondo Rotatorio de la Armada Nacional un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de operación del muelle.

Según el Gobierno, esto es clave porque para ese momento quien manejaba el muelle era el Fondo de la Armada y esa institución subcontrató con el Grupo Portuario S.A. para que este prestara los servicios de muellaje, cargue, descargue y manejo de mercancías de importación, exportación o de cabotaje, almacenamiento y otras actividades.

En 2005, el Instituto Nacional de Concesiones otorgó formalmente la concesión a ese grupo para usar en forma temporal y exclusiva un sector de playa, terrenos de bajamar y la zona adyacente a estos, que está ubicada entre el Muelle 13 y el Muelle de Líquidos. Esa concesión fue por 20 años y se atribuyó por 258 millones de dólares.

Luego, en 2008 se cedió el plan ambiental impuesto a la Armada para la operación del muelle al Grupo Portuario S.A; en 2016 el Establecimiento Público Ambiental modificó ese plan a petición de la sociedad. Y, en 2022, el Grupo solicitó a la ANI hacer una modificación sustancial al contrato de concesión.

Los problemas

Según el Gobierno, la solicitud del Grupo Portuario S.A. incluía adicionar zonas de uso público y la infraestructura que estaba construida en esas zonas a partir del 7 de enero de 2024, prorrogar el plazo del contrato por otros 20 años y prolongar el Muelle 13 hasta 200 metros de longitud para permitir el arribo de buques de hasta 200 metros de eslora. Para eso, dijo la sociedad, se iba a hacer una inversión de 10 millones de dólares.

Y acá empiezan los problemas. La Dirección General Marítima emitió un concepto técnico negativo el 31 de octubre de 2022 sobre el proyecto que proponía el Grupo Portuario. Y el director del Establecimiento Público Ambiental avaló en febrero de 2023 la modificación y actualización del plan ambiental para permitir la ampliación de la infraestructura y para la “operación de la segunda parte o el faltante de la placa portuaria del muelle 13”.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esto fue irregular: “Aunque debía tramitarse una modificación a la licencia ambiental o expedirse una nueva, EPA optó por aprobar una supuesta modificación al Plan de Manejo Ambiental y, por esta vía, artificiosamente habilitar la ampliación de infraestructura en una zona que no estaba autorizada”.

La denuncia que ya está en poder de la Fiscalía agrega más vicios: asegura que todo el procedimiento se habría hecho en apenas diez días y que el aval de EPA permitía la intervención de zona manglar, sin previo concepto del Ministerio de Ambiente, para la construcción de una nueva plataforma en un lugar vacío entre los muelles 13 y 14.

Según la denuncia, el concepto del EPA no hace realmente un análisis de impacto ambiental, no tiene una caracterización socioeconómica ni una zonificación del manejo ambiental y terminó avalando que los árboles de mangle fueran trasladados para eludir la norma.

Además, la ANDJE dice que el trámite debió ser de conocimiento de la ANLA porque el puerto clasifica como uno de gran calado por su capacidad de movilizar carga superior a 1,5 millones de toneladas por año y porque puede atracar embarcaciones con un calado igual o superior a 27 pies.

Más choques institucionales y ecocidio

La ANI autorizó en diciembre de 2023 la prórroga del contrato de concesión por 20 años, como quería el Grupo Portuario S.A., y autorizó un polígono de 50 metros, que era el espacio que había entre muelle 13 y el muelle 14. Aunque esa decisión luego se reversó, el Gobierno dice que esto debió hacerse únicamente con licencia ambiental y no con la modificación del plan de manejo ambiental.

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“Si el EPA sabía que la solicitud efectuada por la sociedad Grupo Portuario S.A. consistía en la adición de un área a la inicialmente licenciada, ¿por qué razón le dio el tratamiento de una modificación a un Plan de Manejo Ambiental y no de una Licencia Ambiental?”, se preguntó la ANDJE en la denuncia al tiempo que cuestionó que la EPA no haya remitido este asunto a la ANLA.

La Agencia Jurídica del Estado insistió ante la Fiscalía que se habrían cometido varios delitos: prevaricato por acción por modificar el plan de manejo ambiental (expedir un acto administrativo contrario a la ley); abuso de función pública de parte de funcionarios del EPA que dictaron la decisión cuando era competencia de la ANLA; permitiendo un daño a los recursos naturales y un ecocidio por autorizar la invasión de un área de especial importancia ecológica, disponer el traslado del mangle y construir sobre la zona una placa de concreto.

"Según el artículo 333 del Código Penal, incurrirá en el tipo penal de daños en los recursos naturales y ecocidio el que con incumplimiento de la normatividad existente, inutilice, haga desaparecer o causa un impacto ambiental grave o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título", dice la denuncia.

Cuando este escándalo fue revelado por CAMBIO, la ANLA dijo que no tenía competencia ambiental en la operación del muelle 13 del puerto de Buenaventura, por lo que no había emitido conceptos técnicos sobre esa infraestructura.

Contrario a lo que dice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la ANLA apuntó que "teniendo en cuenta la capacidad del Puerto en mención", no tiene competencia al respecto, lo que evidencia que en este caso ni en el Gobierno se han presentado opiniones unificadas.