El negocio que se le cayó a la familia del exministro del Interior Daniel Palacios

En los últimos días, políticos y activistas del Centro Democrático, partido al que pertenece Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno de Iván Duque, han hecho distintas publicaciones en redes sociales criticando el hecho de que la Superintendencia de Notariado y Registro haya cancelado la venta de certificados de tradición a través de plataformas digitales privadas. 

Sin embargo, ningún militante del Centro Democrático precisa que la venta digital privada de estos certificados, que sirven para conocer la situación jurídica de los bienes inmuebles, se prohibió por cuenta de las irregularidades con posible incidencia fiscal que encontró recientemente la Contraloría en el contrato que firmó la empresa Proyectos Legales y la Superintendencia de Notariado.

Según certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá, esa firma fue creada por cuatro personas el 18 de octubre de 2013. Entre las fundadoras estaban Piedad Martínez Martínez y Silvia Eugenia Palacios Martínez, mamá y hermana de Daniel Palacios, respectivamente (ver documento). En la actualidad, el único dueño de Proyectos Legales es Juan José Meza Daza, esposo de Silvia Eugenia Palacios y cuñado de Daniel Palacios.

Sin ninguna licitación de por medio, Proyectos Legales suscribió en 2018 un “Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS)” con la Superintendencia, lo que se traduce en una especie de contrato que los habilitó todos estos años para la venta presencial de certificados de tradición, certificados de no propiedad y consulta del índice de propietarios en los denominados Centros de Atención Distrital Especializados en Bogotá (Cade). Básicamente a la empresa de la familia de Palacios se le autorizó como intermediaria para vender únicamente de forma física estos servicios que dejó de prestar la entidad de forma presencial y que  aún sigue prestando en forma virtual. Estos eran los ocho puntos autorizados:

Como se dice popularmente, "nadie compra huevos para vender huevos", y, por ello, el negocio consistía en que la Superintendencia le vendía un cupo de certificados a esta empresa a través de tarifas diferenciales, máxime porque la firma debía adecuar los sitios en donde iba a prestar la atención presencial a los ciudadanos.

Por ejemplo, en 2018, cuando empezó el negocio, Proyectos Legales pagaba por cada certificado 12.500 pesos, mientras la Superintendencia vendía por sus medios electrónicos ese documento en 15.400 pesos. Este año, el valor que le debía pagar esta empresa a la Superintendencia por cada certificado era 15.600 pesos, mientras cualquier mortal que fuera a la página de la entidad lo podía conseguir en 19.200 pesos. El supuesto objetivo en ese momento de la entidad era lograr liquidez a través del prepago de documentos que hacían este tipo de operadores privados.

La Contraloría encontró que el operador Proyectos Legales venía realizando la comercialización de certificados de tradición y libertad de forma virtual, pese a no tener la autorización para ello. Además, evidenció que cometía esta irregularidad con los mismos precios inferiores autorizados para comercializar estos documentos, pero de forma física y presencial.

Bajo esta irregularidad, la empresa de la familia de Palacios logró adquirir, expedir, y comercializar 1.256.324 certificados, y los ingresos que dejó de percibir la Superintendencia de Notariado y Registro por estos hechos, los calculó la Contraloría en 3.524 millones de pesos, “dando lugar a una lesión al patrimonio público”, concluyó la entidad.

Al incumplir el contrato, la Superintendencia decidió terminarlo el pasado 13 de febrero de 2023. Exactamente diez días después, Juan José Meza, cuñado de Palacios, aunque siguió siendo el único dueño de la empresa, dejó de ser su representante legal y le asignó esa tarea a Lina Magaly Campos Lozada (Ver documento).

Aunque el cuestionado contrato se firmó en febrero de 2018, durante el gobierno de Santos, la Contraloría es clara en asegurar que todas estas irregularidades terminaron pasando debido a que no se hizo una oportuna supervisión y seguimiento por parte de la Superintendencia. Esa tarea le correspondía al gobierno de Duque, cuya superintendencia de Notariado y Registro terminó liderada por Goethny Fernanda García, hoy funcionaria de la Procuraduría de Margarita Cabello, también exsubalterna de Duque.

En conclusión, no es que se haya eliminado la posibilidad de expedir certificados de tradición. Si se ingresa a la página de la Superintendencia de Notariado, cualquier persona podrá pagarlos y descargarlos. Solo le quitaron el lucrativo negocio a los intermediarios privados, entre ellos, a la empresa de la familia del exministro del Interior Daniel Palacios.

CAMBIO consultó al exministro Palacios y este aseguró que no tenía conocimiento de la cotidianidad ni tenía participación en los negocios u operación de Proyectos Legales. "Mucho menos tengo información sobre el resultado de alguna auditoría. La relación de esta empresa con la Superintendencia va desde antes que yo tuviera cualquier tipo de vinculación con el gobierno nacional, eso fue durante el gobierno Santos cuando claramente yo era opocision desde el Concejo de Bogotá", agregó.

¿Qué dice Proyectos Legales?

Consultado Juan José Meza, único accionista de Proyectos Legales y cuñado de Palacios, precisó que él es uno de los cinco operadores que estaban autorizados para este tipo de intermediación y aseguró que a la fecha no ha sido notificado por parte de la Contraloría de alguna investigación en contra de su empresa.

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"Durante todos estos años el servicio se prestó sin cuestionamiento, investigación o indicación de incumplimiento alguno por parte de la Superindencia", afirmó.

Contrario a lo que auditó y concluyó la Contraloría, Meza dice que todo se debe a una mala interpretación del ente de control. "Entienden que el acceso al canal web service significa venta por portal web y el acceso al botón de pagos es para realizar la venta física, lo que es equivocado.  Esto debido a que no existe norma que así lo regule y el acceso a los dos canales fue autorizado por la Superintendencia", aseveró, al tiempo que dijo que ello será demostrado en el momento en que pueda ejercer su derecho a la defensa.