Entrevista al embajador en Washington: “Hemos construido confianza con Estados Unidos”
9 Julio 2023

Entrevista al embajador en Washington: “Hemos construido confianza con Estados Unidos”

Crédito: Foto Colprensa.

El embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, en entrevista con Patricia Lara Salive, analiza para CAMBIO los principales aspectos de las relaciones con Estados Unidos.

Por: Patricia Lara Salive

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¿Quién lo creyera? El Gobierno del presidente de izquierda, Gustavo Petro, tiene mejores relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, que el de su antecesor, el expresidente de derecha, Iván Duque, quien vivió varios años en Washington y se mueve en esa ciudad como pez en el agua. Y eso se debe, no solo a la intervención en favor de la candidatura de Trump de varios miembros del partido Centro Democrático, que tanto molestó al presidente Biden, sino al trabajo de filigrana que, para consolidar las relaciones entre ambos países, ha hecho el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, exministro de Medio Ambiente, exgobernador de Chocó, ex candidato presidencial y ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

Nacido en Andagoya, Chocó, ingeniero especializado en Rusia y casado con rusa, Luis Gilberto Murillo, desde hace muchos años, ha cultivado las mejores relaciones con los círculos políticos de Washington. Y eso, ahora, ha ayudado a consolidar la confianza y la cercanía entre ambos países, no obstante el polémico planteamiento de Petro sobre legalización de las drogas y su política diferente en lo que se refiere a control del narcotráfico. Sin embargo, el resquemor que el presidente colombiano causa en los sectores republicanos del Congreso norteamericano, puede ocasionar problemas, porque el representante republicano a la Cámara Díaz Balart pidió que, dada la incertidumbre que genera el gobierno Petro, se difieran los fondos destinados a Colombia. Los demócratas se opusieron. Pero la decisión final se tomará hacia final de año.

Cambio Colombia

En esta entrevista para CAMBIO, el embajador Murillo aborda los principales aspectos de las relaciones entre los dos países: narcotráfico, migración, Venezuela y paz total.

CAMBIO: Embajador, a usted se le ha visto como una especie de Maradona en el manejo de las relaciones entre los gobiernos de los presidentes Petro y Biden. Hubo una luna de miel al comienzo. Y se dio el viaje de Petro a Washington. Pero ahora, ¿cómo están las relaciones?

Luis Gilberto Murillo: Están en buen momento. Colombia tiene coincidencias con Estados Unidos. Compartimos valores sobre el respeto a los derechos humanos, la profundización de la democracia, la inclusión… Y tenemos desafíos y objetivos comunes. En el periodo del presidente Petro se ha consolidado esa relación. Entendemos que ambos países han tenido cambios importantes que deben reflejarse en un nuevo momento de la relación. Y eso ha llevado a que se construya confianza. Hay mucha cercanía. Usted recordará que lo primero que se hizo luego de la elección del presidente Petro fue la llamada del secretario Blinken, la llamada del presidente Biden, la visita al más alto nivel con Jonathan Finer del Consejo de Seguridad, con Juan González y Bryan Nichols, con el representante de la vicepresidente Harris, para entablar un diálogo muy sincero, muy horizontal entre ambas naciones. Y eso ha dado sus frutos: han sido visitas de alto nivel, de lado y lado, discutiendo los nuevos énfasis, consolidando los énfasis en los cuales siempre ha habido acuerdo. Y eso llevó a la conversación muy importante que tuvo el presidente Petro con el presidente Biden, en la que se notó el reconocimiento y el respeto que estos dos líderes se tienen, pero también surgió admiración entre los dos, y hubo mucha empatía. Y el presidente Petro pudo compartir con el presidente Biden sus políticas e ideas, y fueron de muy buen recibo. Hay muchos puntos en común. Eso muestra que la relación está en buen momento. Obviamente que como en cualquier relación de socios estratégicos hay puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, y otros en los que no vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos perspectivas distintas, sobre todo en temas de estrategias.

CAMBIO: El zar antidrogas dijo que los niveles récord de cultivos ilícitos en Colombia son una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino también para otros países. ¿Cómo ve esa declaración, embajador?

L. G. M.: Esto hace parte de las discusiones que se tienen en términos de la definición de políticas. Nosotros hemos planteado unas áreas estratégicas en este nuevo momento de la relación con Estados Unidos. En primer lugar, los dos presidentes están convencidos de que la base de la relación debe ser nuestra respuesta conjunta a los desafíos climáticos y ambientales. La segunda área estratégica tiene que ver con los esfuerzos de paz, democracia y derechos humanos. Hay otra área estratégica, la de migración y movilidad humana. Ese es un desafío regional. El área tradicional de defensa, seguridad y control del narcotráfico. Y obviamente la de prosperidad económica, donde está el Tratado de Libre Comercio, donde tenemos la cooperación en educación, en ciencia y tecnología, las diplomacias cultural, deportiva, ciudadana y el apoyo a la diáspora colombiana en los Estados Unidos. En el área de defensa, seguridad y control del tráfico de narcóticos, sobre todo cocaína, hay coincidencia en los Estados Unidos con lo que se ha planteado en Colombia, de que la política de control de drogas no ha funcionado. Y ahí están los resultados: se sigue con una alta demanda, que mueve la oferta, y esa oferta se mide por el aumento de cultivos de coca en el país y el procesamiento de pasta de coca y cocaína. En ese sentido se requiere una nueva política. Hemos discutido con el gobierno de los Estados Unidos, con el liderazgo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del ministro de Defensa, Iván Velásquez, nuevos énfasis de esa política que tienen que ver con un planteamiento holístico que no se mide simplemente con el indicador de cultivos de coca, sino con otros indicadores de protección ambiental, de presencia y seguridad en zonas rurales, de presencia de la fuerza pública, de protección de ecosistemas estratégicos, y de acceso de la población campesina a la titulación de tierras y a nuevas oportunidades. Hay un énfasis muy distinto. Y ese énfasis tiene que ver con el hecho de que hay que hacer mucho más interdicción, y en eso el presidente Petro ha sido muy claro. Sobre todo interdicción ribereña. Y hay que darle oportunidades a la población campesina que ha estado involucrada en los cultivos de coca; darle oxígeno, como lo plantea frecuentemente el ministro Osuna. Y combatir las redes criminales asociadas a los dueños del negocio, como lo plantea el presidente Petro. Y eso implica mayores cooperación, inteligencia, ataque al lavado de activos, al enriquecimiento ilícito y golpes a esas estructuras. Ahí hay un cambio de énfasis en la conversación que hemos tenido con el gobierno de los Estados Unidos. Hemos dicho que hay que volver a hacer énfasis en la erradicación manual, prevista en los acuerdos que se firmaron con las antiguas Farc. Allí hay una apuesta a la erradicación manual. Y no es un capricho el acuerdo con las comunidades porque ese método implica que la resiembra está entre 1 y 6 por ciento, nada más. Y se apoya a las comunidades y se les da más oportunidades. El presidente Petro lo ha planteado claramente. Hay que hablar de sustitución, pero no solamente de sustitución de cultivos, sino de sustitución de ingresos. Por ejemplo, la conexión entre pago por servicios ambientales a ciertas comunidades, restauración de ecosistemas estratégicos y economías legales. Hacia allá se está moviendo la política de control de drogas. Y eso implica que acá también se entienda que el hecho de tener el solo indicador de erradicación, no es sostenible ni hace efectiva la política.

CAMBIO: ¿Y cómo estamos en indicadores de incautación?

L. G. M.: Se ha incrementado significativamente la incautación de cocaína, de precursores, que es otro de los temas que estamos poniendo en la agenda, cómo controlar el ingreso de precursores al país. Sin embargo, hay mucha discusión sobre que todavía no llegamos a los niveles del año 2022. Pero lo que hemos venido planteando es que la política está en un proceso de transición donde del énfasis que se tenía en erradicación, estamos pasando a un énfasis muy importante en interdicción. Y también ha cambiado el énfasis de la orientación de los fondos de cooperación de los Estados Unidos y del país hacia tener la infraestructura necesaria para hacer la interdicción interna en territorios. Ese proceso de aumento de la incautación va a ser gradual, porque estamos en esa transición, y ese va a ser el énfasis de la política. Las cifras han mejorado. El ministro de Defensa ha planteado cómo hemos ido mejorando, con el apoyo de los Estados Unidos, en operaciones conjuntas de incautación.

CAMBIO: Pero no acaban de entender del todo la nueva política: el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, cuestionó la política, y en concreto afirmó: "el presidente Petro dijo que quería tener una política de erradicación puramente rutinaria". Y “creemos que es muy difícil tener éxito si no hay presión para disminuir los cultivos ilícitos y, particularmente, sin que el programa de erradicación voluntaria esté en marcha”. Y no hay presión, embajador. Además, el programa aún no está en marcha…

L. G. M.: Se está haciendo una definición de la nueva política que no tiene precedentes, porque se está definiendo en diálogo con las comunidades. Esa fue una de las instrucciones precisas que dio el presidente Petro. La meta es que esté lista en este mes. Y de esa política se van a desprender algunos programas y prioridades en municipios donde se concentra el 70 o el 75 de los cultivos de coca.

CAMBIO: ¿Y hay pistas de cómo va a ser la política?

L. G. M.: Va a estar en el contexto de lo que le he planteado, de hacer énfasis en erradicación manual, en acuerdo con las comunidades. A los cultivos que se consideran industriales, que son grandes cultivos de coca, se les va a aplicar erradicación forzosa. Y también se va a tener un mecanismo especial para cultivos que están en zonas sensibles ambientalmente o en zonas de comunidades. Eso quiere decir que se continúa con la erradicación, pero con un nuevo planteamiento en el que no se criminaliza a las comunidades que han sido obligadas a dedicarse a esta actividad porque no tienen otra oportunidad. Ahí hay ya un planteamiento de lo que será esa nueva política. Pero adicionalmente se tendrá un nuevo énfasis en la sustitución. Y allí Felipe Tascón, como director del programa PNIS, ha planteado la priorización en áreas donde se han hecho consultas con las comunidades para poder implementar procesos de industrialización de algunas zonas, en los que se llegue a circuitos productivos que les den sostenibilidad a los ingresos de esas familias. Y, adicionalmente, tiene que ver con el planteamiento de pago por algunos servicios ambientales y garantía de sustitución de ingresos a esas comunidades. Esto en lo que tiene que ver con erradicación. Y el ministro Osuna lo ha planteado y ha venido dialogando sobre la meta de poder disminuir, de manera sostenible, los cultivos de coca en un 50 por ciento en este gobierno, porque la resiembra, dado que estamos aplicando un método distinto, sería muy bajita, apenas entre el 1 y el 6 por ciento, a diferencia del 70 por ciento de hoy. La siguiente etapa es cómo poner la cooperación en inteligencia, la militar y la policial en función de la interdicción, incluida la interdicción en territorio nacional, sobre todo con el énfasis que ha hecho el presidente Petro de hacer interdicción fluvial. Allí la Infantería de Marina va a jugar un papel importante. La siguiente etapa es el ataque a las redes criminales. Y ese ataque implica poder responder a los desafíos del fenómeno de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito y poner la inteligencia en función de esos golpes a estas redes criminales. Ya se han dado algunos, como los ha anunciado el ministro Velásquez, a los dueños del negocio. Mire usted que nosotros encontramos que en la cooperación con los Estados Unidos, el énfasis de fondos no estaba precisamente en el lavado de activos. Y realmente esa es la columna que se tiene que atacar, porque allí es donde se desmantelan estas redes criminales, porque los dueños de ese negocio no están en las comunidades, están en las grandes ciudades, en el país y por fuera del país. Y hay otro componente en esos nuevos énfasis de la política de drogas que tiene que ver con la aplicación de la cooperación judicial que no se toca, como lo ha dicho el ministro Osuna y lo ha reiterado el presidente, y se sigue cooperando con los Estados Unidos, con la Fiscalía, el Departamento de Justicia y los organismos de seguridad, en los temas de cooperación judicial para atacar esas redes. Y, por último, se ha venido planteando cómo responder a los nuevos desafíos. El canciller Leyva va a participar en una cumbre global convocada por Estados Unidos sobre nuevos estupefacientes y la amenaza del fentanilo. Allí el país tiene que mirar cómo se genera una infraestructura de prevención del consumo. Nosotros le hemos planteado a los Estados Unidos que es importante que su política de disminución de la demanda de cocaína y de otros estupefacientes sea más efectiva, porque en últimas y como lo ha planteado el presidente Petro, lo que mueve este mercado es la demanda.

CAMBIO: Embajador, ¿cómo están las relaciones con el Congreso? El presidente de la Subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Mario Díaz-Balart, habló de lo que llaman la incertidumbre despertada por el Gobierno Petro y planteó la posibilidad de diferir los aportes económicos a Colombia. Los demócratas se opusieron. Sin embargo, esa es una señal de que las cosas no están tan fáciles en el Congreso y de que se está rompiendo el tradicional bipartidismo en el manejo de las relaciones con Colombia. ¿Cómo ve usted eso?

L. G. M.: En todas las democracias hay discusiones sobre su política exterior. Y suceden discusiones tanto en Colombia como aquí. Y lo claro es que aquí se entiende, y en el Congreso se entiende, que la democracia colombiana es una democracia sólida. Más personas participaron en el proceso electoral desde la firma e implementación del Acuerdo de paz con las Farc. Y eso ha profundizado la democracia. El presidente Petro, en fórmula con la vicepresidenta Francia Márquez, sacó la votación más alta en la historia. Y fue un hito histórico: era el primer presidente de izquierda y la primera vicepresidenta mujer, negra, afrodescendiente, que se ha hecho a pulso. Y eso es un buen indicador de la democracia. Pero además aquí se conoce el pragmatismo del presidente Petro para dialogar con la oposición, negociar con grupos al margen de la ley e incorporar distintas perspectivas. Eso se respeta aquí. Igualmente, el hecho de que en Colombia funciona muy bien el sistema de pesos y contrapesos de la democracia. Y eso muestra la madurez de nuestra democracia. Ahora bien, hay distintas opiniones en la democracia de los Estados Unidos, hay algún sector del Congreso, particularmente del Partido Republicano, que tiene una lectura sobre Colombia que no refleja la posición mayoritaria del Congreso ni de los partidos. El apoyo a Colombia sigue siendo un apoyo bipartidista. Muchos congresistas han planteado en la Cámara de Representantes, en el Senado y en ambos partidos, que este no es un momento para diferir recursos a un aliado estratégico tan importante como es Colombia. Entonces nosotros respetamos la posición del representante Díaz-Balart. Pero este es un proceso que apenas comienza. El representante hizo una propuesta en el sentido de diferir estos fondos. Eso tendrá que recorrer obviamente un camino procedimental dentro de la Cámara, dentro del Congreso. Aquí estamos iniciando un proceso que terminará prácticamente hacia finales de año y nosotros somos muy optimistas de que va a salir muy bien para Colombia y para la relación, porque se entiende la importancia del país y Colombia ha tomado medidas que van muy en acuerdo con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un diálogo abierto, muy constructivo, con el Congreso, y también consideramos que es esencial mantener ese diálogo en un marco de respeto; tiene que ser bipartidista, obviamente. Y estoy convencido de que nuestros aliados en el Congreso coinciden con nosotros y será una discusión que se va a ir decantando y Colombia va a continuar con el apoyo. Soy muy optimista porque hemos construido confianza y hay mucha cercanía; se están haciendo las tareas: ya Colombia tiene una nueva política de seguridad que es novedosa en el hemisferio, incluye una dimensión de seguridad humana, de seguridad multidimensional y territorial. La generala Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, testificó en el Congreso que, en términos de seguridad y defensa, Colombia seguía con una línea de cooperación con los Estados Unidos, y eso se mantiene. Y los distintos funcionarios han testificado en ese sentido. Hay otras discusiones que estamos dando, que tienen que ver con políticas de control de drogas, pero esas discusiones van a culminar rápidamente y vamos a tener una estrategia, una política y unos programas acordados o dialogados con nuestros socio principal en este sentido que es los Estados Unidos.

CAMBIO:¿Usted no ve posibilidades de que descertifiquen a Colombia?

L. G. M.: No. Yo creo que Colombia ha estado implementando una política de control de drogas que refleja este nuevo momento. Reitero, aquí se han dado informes del Congreso, de la Contraloría de los Estados Unidos, de centros de pensamiento, que coinciden en que hay que innovar la política de control de drogas. Y eso es lo que está haciendo Colombia. Colombia realmente está planteando nuevos caminos y yo creo que aquí hay voluntad y receptividad para apoyar a Colombia en estos nuevos énfasis que consideramos que son efectivos. Y ahí, insisto, el hecho de que nosotros podamos disminuir la resiembra de coca, muestra que ese puede ser un camino para tener una política de droga efectiva. Ahora bien, en el largo plazo hay que dar una discusión de fondo sobre muchos de los temas que tienen que ver con un abordaje distinto a la estigmatización de las comunidades productoras y consumidoras, tanto en el caso de la cocaína como de otro tipo de estupefacientes. Es una discusión que está en el contexto internacional y que Colombia tendrá que liderar. El presidente Petro está desde hace rato trabajando con algunos gobiernos de la región, sobre todo México, para poder convocar una conferencia amplia sobre el tema del control de drogas.

CAMBIO: Dado que el fentanilo se ha convertido en el problema mayúsculo en los Estados Unidos, ¿eso no significa que baje un poco la presión sobre nosotros?

L. G. M.: No. Usted ha visto cómo todavía se siguen haciendo pronunciamientos específicos sobre lo que tiene que ver con el tráfico de cocaína. Y eso refleja que sigue siendo una prioridad. Lo que sí tenemos es que incorporarnos como país a los circuitos de prevención. La amenaza que tenemos es un posible crecimiento de la producción de fentanilo. Pero eso va a ser parte de la respuesta integral, holística, para combatir mercados ilegales de estupefacientes, sobre todo los de nuevo tipo y los sintéticos.

CAMBIO: ¿Embajador, cambiando de tema, cómo ven en Estados Unidos la política de paz total?

Luis Gilberto Murillo: Estados Unidos, obviamente, apoya los esfuerzos de paz de Colombia, y ha sido coherente, consistente en este apoyo que es bipartidista, y que se consolidó con el apoyo a la negociación en su etapa final y a la firma e implementación del acuerdo de paz con las antiguas Farc. Estados Unidos ha ratificado el apoyo a la implementación del acuerdo. Usted recordará que en la visita del secretario Blinken a Bogotá, en su reunión con el presidente Petro y con la vicepresidenta Francia Márquez, con el acompañamiento del canciller Álvaro Leyva, se estableció que Estados Unidos asumía para Colombia un acompañamiento especial, un madrinazgo o padrinazgo del capítulo étnico del acuerdo de paz con las Farc. Allí se ratifica el apoyo a los esfuerzos de paz. En lo que tiene que ver con otros esfuerzos, por ejemplo, la negociación con el ELN, Estados Unidos ha manifestado su interés en hacer seguimiento, monitorear cómo avanzan estas negociaciones. En la visita protocolaria que tuve con el presidente Biden él manifestó que le interesaba mucho ese proceso. Igualmente se ratificó en el diálogo de los dos presidentes aquí en Washington. Hemos tenido discusiones permanentes con el gobierno de los Estados Unidos sobre este proceso. Nuestro gobierno confía plenamente en lo que están liderando los negociadores en cabeza del negociador principal, Otty Patiño. Y esto tiene su evolución. Hay un resultado muy concreto: el cese al fuego que va a iniciar su implementación y que tiene sus desafíos como en cualquier proceso de paz. Y yo creo que ahí hay mucho interés. Están observando y nosotros estamos informando y dialogando sobre el tema. Y esperamos que más adelante se pueda tener un acompañamiento del Gobierno de los Estados Unidos a este proceso. Yo creo que ahí hay una muy buena señal.

CAMBIO: Inicialmente dijeron que no. Pero de pronto más adelante puedan enviar a alguien…

L. G. M.: Nosotros aspiramos a que en el desarrollo de estas negociaciones, cuando esté el proceso más avanzado, podamos volver a poner el tema en discusión y podamos contar con el acompañamiento de los Estados Unidos en un esquema similar al que se dio con las Farc. Pero eso fue ya en la etapa final de la negociación. Y es posible que eso suceda también en el caso de las negociaciones con el ELN.

CAMBIO: Ojalá. ¿Y cómo ven en Estados Unidos la posibilidad del sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y grupos similares, embajador?

L. G. M.: Lo observan. Pero el ministro Osuna ha sido muy claro en las discusiones que hemos tenido caminando el Congreso, -porque eso es lo que más hacemos en esta misión diplomática: caminar el Congreso y hablar con funcionarios de este Gobierno-. Ha dicho que se está discutiendo una ley de sometimiento, de sujeción. Los temas que siempre han puesto sobre la mesa los Estados Unidos tienen que ver con la cooperación judicial y la extradición. Y ese tema, obviamente, no se toca. Se sigue planteando en términos de respetar la soberanía que tiene Colombia sobre la aplicación de la extradición; y para efectos de la negociación de procesos de paz, obviamente se aplica el mecanismo de manera muy similar al del proceso con las Farc.

CAMBIO: ¿Pero usted cree que los Estados Unidos podrían aceptar que se suspendiera la extradición en caso de sometimiento a la justicia de algún personaje?

L. G. M.: En sometimiento hay negociaciones de entrega; hay unos condicionamientos que están claros en el proyecto de ley que presentó el ministro Osuna a consideración del Congreso; y hay una entrega de información sobre rutas; hay un tema de negociación de activos, etc. que lidera el Gobierno colombiano, y que es muy parecido a esquemas que se han aplicado en los Estados Unidos. Ahí también hay una experiencia del país en términos de sometimiento, que es perfectamente aplicable.

CAMBIO: ¿Cómo va el tema de migración, embajador?

L. G. M.: Ese tema va avanzando. Y los asuntos de migración los vemos también en la perspectiva de la construcción de paz, porque esa es una dimensión que también puede alimentar el conflicto. Nosotros estamos comprometidos como gobierno, y así lo han planteado el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro Leyva, en realmente fortalecer los mecanismos de construcción de paz en el país. Y ahí nosotros obviamente necesitamos la colaboración de los Estados Unidos. Esa colaboración tiene que basarse en la confianza y es la que hemos construido. Y un eje central es la paz. Entonces ahí sale todo lo relacionado con migración. ¿Y qué estamos haciendo en migración? Lo primero, Colombia tiene mucha autoridad moral en el tema, porque ha sido muy coherente en brindarle acogida a la población migrante, principalmente de Venezuela. Colombia, en un hecho que fue motivo de distinción en el contexto internacional, les ha garantizado un estatus de protección temporal a casi 2,5 o 3 millones de venezolanos y venezolanas migrantes en Colombia. Y hay modelos bien interesantes: en Bogotá, por ejemplo, el liderazgo local en los centros integrales, apoyados por la cooperación de los Estados Unidos; o en Barranquilla; o en Bucaramanga; o en Cúcuta, hay ejemplos muy importantes, y eso es lo que lleva a que el presidente Petro haya planteado esa política; hay que mantenerla, hay que profundizarla y hay que darle estas oportunidades. Mire usted que hay un tema, que yo lo he planteado aquí en Washington, y es que la gran mayoría de estos migrantes, para tomar el caso de Venezuela, no viene a los Estados Unidos. Esa responsabilidad la han asumido los países de la región con muchos menos recursos. Porque de los 7 millones de venezolanos que se encuentran en condición de movilidad humana, la gran mayoría está en la región, no está en los Estados Unidos. Y a Colombia eso le genera un costo altísimo que llega casi a los dos puntos del PIB. Y es un esfuerzo que ha hecho el país. Yo planteaba recientemente aquí, en Washington, que nosotros valoramos la cooperación y el apoyo de los Estados Unidos a responder al desafío de la migración. Pero somos claros en que se requieren mayores recursos. Porque se pudiese hacer más. ¿Y qué es lo que estamos diciendo en este momento en términos de migración? En el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración, Colombia ha asumido un liderazgo importante; y ese liderazgo tiene que ver con el hecho de que la migración hay que verla como una oportunidad y, al verla así, hay que garantizar una respuesta humanitaria y combatir las redes de trata de personas, sobre todo las que engañan a muchas familias y las someten a la crueldad del paso por el tapón del Darién y toda esa trocha de la muerte hacia los Estados Unidos. Es lo primero, responder de manera humanitaria a esta situación y, además de eso, garantizar vías legales de movilidad humana. Primero que haya una política de apertura a los procesos de migración. Ahí tiene que haber cierta homogenización, cierta homologación de respuestas, garantizar integración. Y lo otro es que Estados Unidos, como ellos mismos lo han dicho, lo dijo el secretario de Seguridad Nacional, no han resuelto sus propias fallas en su sistema migratorio; que empiecen a resolverlas. El presidente Biden ha hecho un esfuerzo grande para garantizar vías legales; pero necesitamos que se garanticen para que la migración, la movilidad humana, sea segura, ordenada, porque es caótica en este momento, que sea una migración regular, inclusive que se aborde desde una perspectiva estratégica. Le voy a dar un ejemplo y se lo hemos planteado a los Estados Unidos: lo primero es que se pueda regularizar el trámite de las personas que quieren ingresar a este país, de migrantes venezolanos, haitianos, o cubanos en los centros de movilidad segura, las oficinas que se están estableciendo en Colombia y en otros países de la región.

CAMBIO: ¿Esos son los llamados centros migratorios?

L. G. M.: Sí, esos son centros que han cambiado de nombre, son centros u oficinas de movilidad segura. Así se les llaman ahora. El Gobierno colombiano ha liderado desde la Cancillería y Migración Colombia el proceso de implementación, a título de pilotos, en una fase exploratoria, de estos centros. Y allí se va a aprender. Y las lecciones que se recojan en estos seis meses van a llevar a que se implementen mecanismos permanentes. Y, adicionalmente, estamos planteando una agenda de creación de vías legales para los procesos de movilidad humana y migratorios de población colombiana. ¿En qué sentido? Para darle un ejemplo, ya se ha acordado con los Estados Unidos tener un programa de reunificación de las familias de colombianos y colombianas que están en los Estados Unidos y que tienen sus parientes en el país. Ahí se está trabajando y estamos en un proceso, liderado por la Cancillería, de negociación de ese programa. Le voy a dar datos: en el último perfil de población colombiana en Estados Unidos que se hizo a solicitud nuestra, por parte del Instituto de Política Migratoria de los Estados Unidos, se plantea que tenemos cerca de 2 millones de diáspora colombiana. Nosotros decimos que pueden ser 2 millones y medio. De esa población, hay 86.000, casi 100.000, colombianos y colombianas que hoy están casados con personas que tienen su situación regular en los Estados Unidos y pudiesen ser elegibles para un programa de reunificación familiar. Se ha calculado que cerca de 400.000 colombianos y colombianas están en situación irregular, que algunos llaman ilegales o indocumentados. Si nosotros, flexibilizando el programa, a esos 100.000, les podemos encontrar una vía legal a través del programa de reunificación familiar, vamos a mejorar la condición de la diáspora colombiana que está en situación irregular acá. A eso se pueden sumar los estudiantes colombianos y colombianas que entraron en el programa de DACA. Allí, hoy, tenemos cerca de 2000, y pueden ser elegibles 9000. Se puede hacer un programa de reunificación. Entonces nosotros ya lo tenemos bastante focalizados para ver cómo le damos una salida a la población colombiana que está en situación irregular. Y le estamos planteando, en el corto y en el mediano plazo, al gobierno de los Estados Unidos, que se apruebe el DD, que es la salida forzosa diferida, donde se le pueda dar a esta población la posibilidad de regularizarse en los Estados Unidos, contar con un permiso de trabajo y después regresar al país de manera digna y hacer migración circular, o se puedan integrar a la sociedad en los Estados Unidos. También le estamos planteando al gobierno de los Estados Unidos el hecho de que avancemos en profundización de la movilidad laboral. Allí hay grandes oportunidades para poder garantizar regularización de la población colombiana en los Estados Unidos. Y también poder profundizar todos los circuitos de movilidad educativa. Eso no estaba antes en la agenda, no era la prioridad. Pero el presidente Petro ha sido muy claro. Estas misiones tienen que estar al servicio de garantizar una vida digna y el ejercicio de los derechos de la población, independientemente de su estatus legal. Y eso lo hemos puesto en la agenda. Y hay mucha receptividad del gobierno de los Estados Unidos.

CAMBIO: Embajador, entiendo que con Estados Unidos también hay una agenda de desarrollo enfocado en regiones. ¿Cómo es eso?

L. G. M.: Estados Unidos tiene una prioridad interesante de abordaje regional, que coincide con el ejercicio de integrar a esa Colombia profunda que hizo el presidente Petro recientemente en La Guajira. Estados Unidos ha planteado, y coincide con el Gobierno colombiano, que hay unas regiones a las que realmente les ha faltado presencia y legitimidad del Estado. Y allá hay que llegar con soluciones. Por eso Estados Unidos se ha focalizado en algunas regiones. Uno de sus focos es La Guajira. Otros focos tienen que ver con el Pacífico, el Chocó. Y así hay algunas áreas que ha determinado, que tienen un gran número de municipios donde hay intensidad del conflicto, que están cobijados por los programas Pdet, y también tienen enfoque regional del Gobierno de los Estados Unidos. Y hay varios programas que se han implementado en ese sentido. Y allí también nosotros estamos planteando algunos énfasis, sobre todo poblacionales, en términos de jóvenes, de equidad de género y de inclusión de grupos étnicos. Hay un programa bien interesante de USAID, el programa de juntanza étnica, que ha tenido un impacto importante. Allí hay un énfasis regional que le sirve al país porque son regiones que necesitan atención. Y eso está muy en línea con lo que ha venido planteando el presidente Petro, con lo que habló con el presidente Biden y con lo que está plasmado en el Plan de Desarrollo.

CAMBIO: Embajador, ¿y Venezuela? Usted fue uno de los promotores de la reunión de Bogotá, de los acuerdos con la oposición. El presidente Petro estuvo muy interesado en eso. Pero ahora parece como si el asunto se hubiera pasmado. Además, Maduro inhabilitó a la líder de oposición, María Corina Machado. Y ese es un golpe fuerte al proceso democrático. ¿Cómo va eso?

L. G. M.: El presidente Petro siempre ha manifestado su interés en que haya una solución dialogada para los desafíos democráticos y de otra naturaleza que tiene Venezuela. Además, el gobierno normalizó la relación con Venezuela. Y se está trabajando de manera bilateral. Allí, yo tuve la participación, por instrucción del Presidente y del canciller Leyva de entablar un canal de comunicación con la oposición de Venezuela, y de acompañarlos en algunas reuniones con el gobierno de Venezuela. Ese papel llegaba hasta la conferencia que tuvo lugar el pasado 25 de abril. Y la Conferencia Internacional de Venezuela fue muy exitosa porque llegaron 20 países con una representación de muy alto nivel, donde el presidente y el canciller Leyva establecieron un marco, y hubo acuerdo, primero en que se necesitaba avanzar hacia la profundización, hacia la solución de los desafíos democráticos, sobre todo realizando elecciones que fuesen libres, justas, competitivas, transparentes y que les dieran garantía a todos, es decir, tanto a los participantes cercanos al gobierno como a la oposición. Y segundo, también hubo acuerdo en que, para poder avanzar, era muy importante tener gestos, como el levantamiento de algunas sanciones que se tienen contra Venezuela. Ese fue uno de los puntos donde hubo acuerdo en esa conferencia. Lo otro fue que se avanzara también en la respuesta humanitaria a través de la creación y la puesta en operación del fondo fiduciario que se había negociado entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. Eso conectado a algunos gestos en términos de cumplimiento de estándares de derechos humanos. Y el presidente Petro ha sido insistente en que Venezuela debería regresar a el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para garantizar la aplicación de la Convención Interamericana. Y en ese sentido, obviamente se vuelve fundamental el hecho de que se avance en tener elecciones transparentes, pero también en todos los frentes en los que han planteado interés la oposición y el gobierno de Venezuela. Y Colombia y otros países, como lo ha dicho el presidente Petro, servirían de facilitadores para que realmente se avance en una solución de fondo a los desafíos que tiene Venezuela. El presidente ha sido muy claro. Se ha reunido con la oposición. Y se está hablando de poder avanzar en reactivar o tener algunas actividades de seguimiento a la conferencia internacional que se dio en Bogotá. Y hay mucha coordinación con los países que allí participaron. Y el presidente fue muy claro: usted escuchó cómo condenó la inhabilitación de María Corina Machado. Ha sido muy consistente en que ninguna autoridad administrativa debe arrebatar el derecho de una persona a tener acceso a sus derechos políticos. Es decir, a ningún ciudadano se le pueden quitar sus derechos políticos de esa manera, por parte de una autoridad administrativa. Ha sido claro y ahí expresa la posición del Gobierno colombiano. Y además, el presidente ha planteado que se debe dar una conversación regional en este sentido, sobre todo de los países defensores de la democracia, que puedan acompañar, convertirse en amigos de las soluciones democráticas para Venezuela. Y obviamente el canciller Leiva ha estado liderando ese tipo de conversaciones. Yo creo que Colombia seguirá jugando un papel central en apoyar al pueblo venezolano en que encuentre soluciones de fondo. Somos los más interesados como país, porque el impacto es enorme, sobre todo en Colombia.

CAMBIO: Ojalá se llegue a algo. Embajador, hablemos de Ucrania. Si se prolonga este estado de guerra indefinida, ¿cuál va a ser la posición de Colombia? ¿Puede seguir teniendo una posición tímida de no condenar rotundamente la invasión rusa?

L. G. M.: Yo difiero en eso: la posición de Colombia siempre ha sido clara. Y ha sido de condena a todas las invasiones, incluida esta. Si usted revisa en todos los foros internacionales donde se han presentado resoluciones o pronunciamientos sobre esta guerra, Colombia ha condenado esa invasión, y además ha planteado que está en contra de cualquier invasión y que lo que Colombia persigue es una política de paz, y que a esa paz obviamente se llegue a través de una salida negociada. En eso el país ha sido muy coherente, tanto en su política interna como en su política exterior, y así lo ha planteado el presidente. Si usted revisa la declaración conjunta del Presidente Petro y del presidente Biden en la visita de abril, queda muy clara la posición de Colombia en torno a esta guerra. Y la Cancillería también ha sido muy enfática en su postura frente a este reto que tiene el contexto internacional de poder llegar a que cese la guerra y esa invasión en esa zona del mundo.

CAMBIO: Hablando de usted, embajador, ¿qué ha sido lo más difícil de su gestión en Washington?

L. G. M.: Esa es una buena pregunta. Obviamente que hacer esa gestión requiere de traducción de los contextos locales, domésticos, de la discusión política en Washington a Colombia, a nuestro contexto en Colombia y a los tomadores de decisiones en Colombia. Y, obviamente, requiere traducir el contexto colombiano acá.

El presidente ha sido muy claro en su posición frente a los Estados Unidos y valora mucho esta relación. Pero ese proceso de traducción tiene sus desafíos de lado y lado. Esa ha sido de las cosas más difíciles. Pero también las largas jornadas y el trabajo intenso, porque la responsabilidad es grande. Es mucho lo que está en juego: poder mantener y proteger esta relación que beneficie a ambos países. Y hay que ampliarla, hay que profundizarla y hacer que se siga manteniendo de manera bipartidista. Y es lo que hemos hecho. Y también usted sabe que a veces uno, que viene del ejercicio electoral, quisiera hablar más. Pero aquí toca prácticamente no hablar para hacer el trabajo diplomático y que sea efectivo. Entonces ese es otro desafío.

CAMBIO: ¿Y qué ha sido lo más grato de su gestión?

L. G. M.: Lo más grato ha sido lograr entendimiento y cercanía entre los dos gobiernos y entre líderes de los congresos. Yo sentí mucha satisfacción cuando decíamos con el equipo, con el canciller Leyva, con el equipo de Presidencia y de la Casa Blanca, y con Juan, y con Brian, y con todos, antes de la reunión del presidente Petro y el presidente Biden, vamos a avanzar en discutir los temas de las declaraciones, porque necesitamos que los dos presidentes tengan tiempo de hablar y de conocerse. Y uno siempre tiene ahí como el pequeño temor de que no se presente la empatía, y de ahí depende todo. Y yo, y todo el equipo, sentimos mucha satisfacción cuando encontramos que hubo mucha empatía entre el presidente Petro y el presidente Biden.

CAMBIO: Hasta le celebró el cumpleaños, ¿no?

L. G. M.: Sí, así es. Ya casi que llegaban a decir algunas cosas políticamente incorrectas. Entonces dije, en confianza: oiga, como que sobrepasamos la meta…

CAMBIO: ¿Entonces está contento en Washington, embajador?

L. G. M.: Sí, estoy contento con la confianza que ha depositado el presidente en el trabajo que hacemos acá. Y la vicepresidenta. Y el canciller Leyva. Y el equipo de gobierno. Y eso a uno le genera más responsabilidad para hacer bien el trabajo.

CAMBIO: Porque dicen las malas lenguas que usted sería el nuevo canciller...

L. G. M.: No. Esos son rumores que quieren generar suspicacias entre el Canciller y su embajador. Yo soy muy disciplinado. Tenemos muy buena relación. Y con el canciller, a quien aprecio mucho, estamos en constante comunicación. Y realmente hemos hecho un buen equipo con él y con la gente de Presidencia. Y el Presidente está muy satisfecho con el equipo que hemos logrado hacer en distintos temas.

CAMBIO: ¿Tiene algo que quisiera agregar, embajador?

L. G. M.: No, simplemente muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí algunas reflexiones e ideas.

CAMBIO: Gracias a usted. Esta es su casa, embajador.

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