Exclusivo: el 'cariñoso' esquema de compra de votos que tiene contra las cuerdas a Tina Soto

— Ayer casi me linchan a mí. — ¿A dónde mami? — Ahh, la gente. — ¿Y por qué te iban a linchar? — Ahh, por usted sabe... Por el cariñito que se iba a dar y no se dio completo. Mejor dicho, me mentaron la madre y todo. Así inicia una de las conversaciones de Michelle Andrea Niño con el exconcejal guajiro Simón López Martínez entre el 10 y 12 de marzo de 2018, en plena campaña electoral. Ambos formaban parte del equipo de trabajo con el que, ese año, María Cristina Soto logró ser elegida representante a la Cámara por el departamento por el Partido Conservador. Todo se hizo, según la Corte Suprema de Justicia, a punta de compra de votos. CAMBIO revela la acusación que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dictó en contra de la excongresista por la presunta comisión de los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesa l. El documento ya está en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, que deberá programar una fecha para el inicio de juicio en contra de la mujer. Simón López también habló el 13 de marzo de 2018 con Luis Leonardo Antolínez Fernández, quien, al igual que Niño, era líder local encargado de pagarle a la gente el voto en el terreno y de solucionar los problemas que aparecieron en el camino. Por ejemplo, que llegara menos gente a votar de la que habían ‘cuadrado’ inicialmente. Ambos se quejan incluso de que se habrían quedado sin suficiente dinero. — Luis Antolínez: No joda, sobre todo partiendo de una base, compa, que quiera uno o no quiera hay que metérselo. Pa’ que, hay que decirlo, no joda. Eduardo, que nos terminó de joder, y el ejercicio lo pudimos hacer fue en base a que esta vieja HP incumplió y tocó recortar un poco de cosa . — Simón López: No, si esa vaina... Imagínate, compadre que yo todavía estoy debiendo como 20 millones de transporte. Tú sabes que yo a la gente le di la mitad. — L.A.: Sí, y ven acá: ¿y cuántos votos sacó Tina allá en Maicao? — S.L.: Sacó casi 5.000 — L.A. : De los 5.000, 2.000 fueron de nosotro s. — S.L.: Claro, ella tiene caro eso. —(…) — S.L.: Lo que estoy enredadito, yo estoy debiendo todavía transporte por ahí. Yo voy a ver si consigo al hijo de Tina porque verga, yo no tengo porque estar resistiendo esa vaina. Según la investigación, que lideró el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción , el uso de la expresión “transporte” sería una forma de camuflar el dinero usado para comprar votos. Además, la excusa que los involucrados usaron cuando fueron escuchados por el despacho como testigos para no autoincriminarse. Pero las llamadas también revelaron que se hablaba de dinero diferente al transporte. Así lo hizo Michelle Niño cuando le reclamó a Simón López que no le habían pagado terminado de pagar, según las interceptaciones telefónicas que se ordenaron y que fueron cruciales para llevar a juicio a Soto. — Michelle Niño: Una pregunta que se me olvidó hacerle . — Simón López: Dime. — M.N.: ¿Lo otro qué es parte de todo esto? — S.L.: Claro, así es que se maneja el transporte, mami. El transporte nunca se le da todo. — M.N.: No, no, no. Yo no estoy hablando del transporte, estoy hablando de lo otro. — S.L.: ¿Cuál otro? — M.N.: De lo que usted me dijo que me iba dar a mí muy aparte de todo esto. — S.L.: Ah, no, no te preocupes por eso, si vienes en la tarde noche, vienes aquí un momentico, ¿oíste?. “Si se observa con detalle el contenido de la conversación entre López y Michelle Andrea Niño, esta realmente le reclama a su interlocutor en una terminología que solo conduce a pensar en dinero [...] Así, entonces, resulta claro que una cosa fue el dinero para el transporte de los votantes y otra bien diferente, 'el cariñito que se iba a dar y no se dio completo'”, dice la acusación de 168 páginas en poder de CAMBIO. Las pesquisas hallaron que, aunque los testigos quisieron esconder esta presunta compra de votos, la gerente de campaña de Soto, Laura Victoria García, declaró que nunca se usó dinero ni para transporte, ni para refrigerios ni almuerzos, como se escucha recurrentemente en las múltiples llamadas interceptadas: la realidad, dice la Sala de Instrucción, es que era un esquema de compra de votos muy similar a otros escándalos tristemente célebres en el país . Así funcionaba la compra de votos El esquema, dice la acusación, habría funcionado así: “ La aforada María Cristina Soto acordó con empleados de su campaña, concretamente la contadora y la gerente, señoras Liliana Padrón y Laura Victoria García, así como con los líderes regionales Simón López, Ades Aramendis y Joel Blanchar, la realización de las conductas ilícitas necesarias para los objetivos electorales trazados”. “Esa es la razón por la cual los líderes se encargaron de reclutar a personas con influencia o ascendencia social o familiar en los territorios, quienes a su vez se ocuparon de movilizar localmente a los sufragantes hacia las urnas, previa promesa de entrega de dinero y posterior desembolso del mismo, una vez acreditado mediante el correspondiente certificado electoral, el ejercicio efectivo del voto”, añadió la Corte. A las personas mencionadas se sumaron, según la investigación de la Corte, varias otras, como José Luis de la Horta Pérez, Sandy Pérez Alfaro, Jaime José Mozo Palma, Indira Luz Narváez Caballero, Orlín José Ortiz Solano, Michelle Andrea Niño Díaz, Randy Milena Pérez Charris y Johana Patricia Jusayu Epiayú. Imágenes de la campaña de Soto en 2018. Crédito: X @tinasotogo Las llamadas El informe de policía judicial N° 8134965 del 10 de mayo de 2023 y su CD anexo contienen detalles de llamadas interceptadas que permitieron a la Corte asegurar que hay suficientes elementos de responsabilidad contra Soto, quien ha negado siempre haber cometido delito alguno. En una llamada, un hombre le pregunta a Joel Blanchar a cuánto están comprando los votos, que él tiene 50. Blanchar contesta que “esos juegos no son por teléfono”. En otra comunicación, un hombre le pide a Simón López que le lleve “500 barras para que la gente esté asegurada”, alertando que tiene a 60 votantes. En otra llamada más, una mujer llamada Liliana le dice a Simón López que tiene 30 personas para votar, pero este le dice que ya no hay más plata y que, si ellos quieren, les podían dar apenas 15.000 pesos. Una situación similar a la de Michelle Niño la vivió otra mujer llamada Evelin, quien llamó a López a pedirle que le solucionara porque tenía a varios votantes en la zona que le habían encargado y no tenía dinero para dar. Evelin añadió que líderes de otra campaña y otro candidato estaban ofreciendo de a 50.000 pesos. López promete que va a conseguir el dinero pero le reconoce a Evelin que la situación está complicada porque en ese mismo momento estaba atendiendo a cerca de 2.000 personas. Aunque en la acusación no se mencionan las otras campañas, en la investigación que la Sala de Instrucción abrió formalmente en octubre de 2021, remitida de la Fiscalía que fue la que recibió la denuncia que empezó este caso, reposan llamadas en las que los mismos testigos hablan de dos candidatos: Armando Benedetti y Eduardo Pulgar. Por esas menciones, en 2023 se le abrió de oficio una indagación contra el actual embajador ante la FAO. Una de esas llamadas fue entre Ades Aramendis y López quienes, al discutir los resultados de todos los candidatos en Maicao, aseguran que “Benedetti dio en Maicao, solo en Maicao, 550 millones”. Volviendo al expediente contra María Cristina Soto, otra de las llamadas interceptadas da cuenta de una mujer llamada Alexandra quien le dice a Simón López que la gente no quiere ir a votar “porque no ha llegado nadie a llevarles ‘el cariñito’”. Esa misma situación se repite varias veces con López, quien tuvo que resolver y enviar dinero de las zonas donde otros colaboradores lo llamaban, angustiados, porque “los incentivos” de los votantes no llegaban. Se mencionan en las llamadas cifras diferentes. En una, Simón López le dice a un hombre llamado Álvaro que le lleve 10 millones y le pregunta cuántos paquetes (de dinero) quedaban. Otra interceptación recoge un reclamo de Simón López a un hombre llamado a Oscar. L e dice que “la gente de Tina” lo tiene decepcionado porque estaban pendientes “96 barras”, que luego terminaron siendo 40 y que todo parecía indicar que ya no le iba a llegar ni un peso, mientras que la gente le estaba cobrando a López. Otra llamada más demuestra que Joel Blanchar pidió retirar de la caja fuerte 100 millones de pesos. Por esta razón, se quedaron con menos plata para repartir. “La reseña no permite conclusión diferente a que un buen número de personas que depositaron su voto por María Cristina Soto (…) lo hicieron por el previo ofrecimiento que recibieron por parte de quienes hacían parte de ese acuerdo de voluntades para transgredir la ley penal y del que, por supuesto, hacía parte la mencionada aforada”, dice la acusación. El día de las elecciones, Simón López, Ades Aramendis y Joel Blanchar tuvieron contacto permanente con los líderes locales que les iban informando cómo iba la operación por llamadas. Esa operación incluía pedir los certificados de votación para proceder luego a pagarles el voto a las personas que se prestaron para ello. De hecho, la acusación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema también destaca cómo los sufragantes, en vez de votar a conciencia, aceptaron dinero y reclamaban pagos anticipados. Incluso reclamaron cuando les dieron menos de lo prometido . Esas deudas también fueron mencionadas en las llamadas interceptadas: José Luis de la Horta Pérez: Tengo a estos pelaos atrás . — Simón López: ¿Y qué les debemos nosotros a ellos? — J.L.H.P.: Les estamos debiendo. Tú me diste 200, después 100. Se les está debiendo 50 por ciento. Ahí está en el libro. Está anotado en la agenda. En otra llamada, una líder llamada Sandy Pérez Alfaro le dice a Simón López que le quedó debiendo a muchas personas y la gente le estaba reclamando. López responde molesto porque en esa zona específica había ordenado frenar la compra de votos el día de los comicios a las 11 de la mañana porque ya no había plata. La molestia también era porque López había mandado a la zona a 6.000 personas y allí sólo aparecieron 1.800 votos. — Sandy Pérez: Imagínese, porque los míos los llevé, los organicé. Hubo unos que se me fueron con su papelito (el certificado de votación) porque se cansaron de esperar que ya no venía y se fueron. — Simón López : Yo te soy honesto Sandy, yo no tengo esa plata pa’ darle a otra gente. No tengo. La gente que no vota por mí hasta las 10, 11 de la mañana. Yo ahí ya no (…). Todas estas circunstancias, dice la Corte Suprema de Justicia, evidencian que la campaña de María Cristina Soto incurrió en una cadena delictiva “ que tiene existencia probada de manera indiciada a partir de las conversaciones sostenidas, entre aquellos que entregaron el dinero a los votantes y el señor Simón López Martínez , que como se ha demostrado, fue uno de los inmediatos y más allegados de los colaboradores de María Cristina Soto”. Las llamadas que de los días previos y posteriores a las elecciones de 2018 fueron ordenadas por la Fiscalía General, que inició esta investigación. El caso pasó a la Sala de Instrucción porque, al ser elegida Soto como congresista, obtuvo un fuero y la Fiscalía ya no podía seguir el caso. Las comunicaciones evidenciaron que María Cristina Soto tuvo múltiples comunicaciones en los meses previos a los comicios con Joel Blanchar, Simón López, Ades Alberto Aramendis. Otra prueba de la relación que tuvo con estas personas en la campaña. Los intentos de ajustar sus declaraciones Tina Soto con su hijo, el también congresista Juan Loreto Gómez Soto. Crédito: Facebook Tina Soto Otro elemento importante de este expediente es que la Sala de Instrucción pudo evidenciar que los testigos hablaron entre sí cuando empezaron a ser citados a declarar en 2021, y consiguieron abogados que los aleccionaron sobre lo que debían decir: en qué debían cuestionar la legalidad de las comunicaciones mencionadas y cuándo guardar silencio ante ciertas preguntas para evitar autoincriminarse. Por ejemplo, en una comunicación del 17 de febrero de 2017, Ades Aramendis reseña que tiene que ser muy preciso en lo que va a decir: “(…) Mandaron unos manes de Bogotá para prepararme qué voy a decir. Llegaron ayer en la tarde”. En otra llamada, Aramendis le pregunta a Simón López por los abogados y le propone: “Vamos nosotros a hablar con Juan y la gente de Tina porque los interesados somos nosotros”. En otra llamada del 24 de abril de 2021, López habla con un hombre llamado Lucho, a quien le manifiesta sus temores sobre estos abogados “preparadores” y cuestiona que se haya llamado a declarar a sus hijos. “(…) Ellos tienen un poco de audios que no están legalizados. Él le va a explicar eso allá y quieren es legalizar con uno, esos audios fueron tomados de mala procedencia”. Ante ello, Lucho replica: “Yo les voy a decir: ‘nosotros los bandidos también tenemos un código’” . “Yo les voy a decir cuando me estén entrevistando (que) todo lo que tenga que ver con la elección de 2018, no voy a hablar de eso, porque no me acuerdo, eso pasó hace muchos años y no me acuerdo”: Simón López revela en una llamada la estrategia que iba a usar en la Corte. En otra comunicación, Simón López le cuenta a Lucho cómo le fue en la declaración y le explica que debe quedarse callado y guardar silencio: “(…) Pero su usted va a explicar un audio de esos que hable de 350 millones (…) de donde voy a explicar que cogí 350 millones y usted como va a explicar lo que sea, 50, 30 (sic) Uno tiene que guardar silencio”. En esas comunicaciones se replica la tesis de los involucrados de que los audios interceptados serían ilegales. D e hecho, ese fue parte del argumento de defensa de Soto y de la Procuraduría, que le pidió a la Corte precluir el proceso. Pero la Corte desestimó ese argumento y ratificó que fueron llamadas interceptadas legalmente. “Si realmente no existía ninguna actividad al margen de la ley en las actuaciones realizadas por los líderes en mención en torno a la campaña que llevó a María Cristina Soto al Congreso, por qué motivo alguien tenía que preocuparse por preparar a los testigos citados por la Corte para aleccionarlos sobre la manera cómo deberían responder para no autoincriminarse y no suministrar información sensible que pudiera comprometer a la aforada”, se preguntó la Corte. La acusación insiste en que Soto fue quien lideró este presunto acuerdo para la compra de votos, de la cual finalmente se vio beneficiada, a pesar de saber que se trataba de una actuación ilegal. El reclamo de la Sala de Instrucción a la ahora excongresista también pasa por un reporte hecho por su campaña al aplicativo Cuentas Claras sobre los ingresos y gastos de la campaña, que tendría elementos falsos, lo cual constituye otro delito. La defensa de Soto Soto, quien dice ser inocente, cuestionó la acusación y presentó un recurso de reposición. Volvió a insistir en la supuesta ilegalidad de las comunicaciones, que fueron inicialmente ordenadas por el Fiscal 003 Seccional de La Guajira, y aseguró que no habría pruebas de su supuesta participación en los hechos. Incluso, su defensa consiste en decir que sus colaboradores actuaron a sus espaldas. “No es cierto que todas las actividades que ocurran en el desarrollo de una campaña electoral obedezcan a directrices emanadas de esta, sino que, por el contrario, hay ciudadanos que, en aras de congraciarse con el candidato, a ctúan sin previa autorización para entregar dádivas a cambio de votos y posteriormente buscan alguna contraprestación por el apoyo brindado”, dice el documento. La defensa de Soto insiste en que no habría prueba alguna del acuerdo delictivo que señala la Corte y que la mujer sólo llegó a un acuerdo con los líderes locales para “la difusión de ideas y apoyar el transporte de los electores a las (mesas) de votación”. En un documento de 46 páginas que también está en poder de CAMBIO, la Sala de Instrucción rechazó esos argumentos y confirmó el llamado a juicio. “La forma de intervención de la señora Soto de Gómez quedó debidamente delimitada en la pieza acusatoria, esto es, a título de coautora, lo que implicó un acuerdo común y división de trabajo, dejándose sentado con absoluta claridad en aquella oportunidad que el gran aporte realizado por la procesada, fue el de la entrega del dinero a los lideres, para que estos a su vez, a través de los otros colaboradores comunitarios, realizaran la efectiva entrega del dinero a los sufragantes”, precisó la Corte.

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