Estas son las cifras de Jóvenes en Paz, el programa que el presidente calificó como "un fracaso"

Jóvenes en Paz es una de las políticas más importantes del Ministerio de la Igualdad, entidad que nació con Francia Márquez –y que podría desaparecer si el Congreso no aprueba el proyecto para corregir los vicios de forma que tiene la ley que lo creó–. Este programa revivió en la administración de Gustavo Petro con una apuesta ambiciosa. Sin embargo, los resultados están lejos de lo planeado y el mismo jefe de Estado ya habla de “un fracaso”. 

“Jóvenes en Paz tenía la intención de competir con las mafias para sacar a los de ese entorno. La idea era pagarles por estudiar. Es decir, por solventar sus necesidades inmediatas y permitir que pudiesen estudiar. (…) Pero la magnitud de este programa es pírrica”, dijo el primer mandatario en el consejo de ministros de este 5 de mayo. ¿De dónde nació esta idea y cuáles son las cifras? 

El origen de ‘Jóvenes en Paz’

Este programa primero se implementó en 2014, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Según el ahora presidente, con eso lograron disminuir los índices de delincuencia en la ciudad, porque consiguieron que 10.000 jóvenes entre los 18 y los 24 años que estén en condiciones de vulnerabilidad, pudiesen estudiar. 

Un informe de gestión del Instituto Distrital de Planeación de La Niñez y la Juventud (Idipron), que era la entidad encargada de desarrollar el programa en la alcaldía de Petro, muestra que en efecto sí hubo una permanencia de los jóvenes. Es decir, que muchos de los que recibían el beneficio por estudiar y trabajar, asistían a los talleres. Así, el 40,82 por ciento de las personas vinculadas al programa tuvo una asistencia superior a 123 días solo en 2015. 

Pero en ese informe, por ejemplo, no se detalla el impacto de esto sobre los índices de criminalidad. En un informe de la Secretaria de Gobierno de 2015 se evidencia que la tasa de homicidios pasó de 16,7 en 2013 a 17,5 en 2014. Además, en 2015, cuando el programa se supone que impactó a más jóvenes, la tasa se ubicó en 32,8 por cada 100.000 habitantes, según un informe de Medicina Legal.

Sin embargo, el presidente mantuvo la defensa a su programa. Tanto, que comenzó a implementarlo en su administración y lo puso bajo el liderazgo del Ministerio de la Igualdad. Esta vez, con la apuesta de impactar a 100.000 jóvenes en las regiones más afectadas por el conflicto armado. 

Tal como lo ha dicho Petro, la idea de esta iniciativa es clara: generar una ruta que les permita a los jóvenes que están en zonas de conflicto, tener alternativas educativas. Todo esto para que no vean a los grupos armados como la única opción.  

Cuando nació, la iniciativa ya tenía críticas. Primero, porque desde la derecha aseguraron que era una apuesta que pretende “pagar por no matar”. A esto se suma que decían que tener un programa de jóvenes pagos era una estrategia clara para tener una guardia de activistas en favor de Petro, como dijo en su momento Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Justo esos “miedos” y esas “críticas de la derecha” –según Petro– son las que no han dejado avanzar el programa.  

“La derecha atacó este programa. Entonces, por enredos mentales de funcionarios del centro, bogotanos, impone una serie de regulaciones sobre el programa que lo que hicieron fue matarlo. Competimos con la mafia. Claro, de eso se trata. En esa medida, creo que el programa tiene que rehacerse”, aseveró el primer mandatario esta semana. 

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Los resultados a nivel nacional: las cifras están lejos de las esperadas 

La iniciativa a nivel nacional se lanzó en 2024 con la premisa de que los jóvenes vinculados al programa reciben un millón de pesos mensuales por un periodo mínimo de seis meses y un máximo de un año. Para eso, deben cumplir con una asistencia mínima a los cursos que se ofrecen.

Entonces, en el concepto que emitió el Ministerio de Hacienda se establece que solo en la transferencia de recursos a los 100.000 jóvenes implica un gasto de 1,2 billones de pesos al año. Eso, sin tener en cuenta los recursos que se necesitan para las clases y demás actividades que se desarrollan en el desarrollo del programa. 

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Hasta ahora, el Gobierno registra que se han beneficiado 19.351 jóvenes entre los 14 y 24 años. Así, la iniciativa se ha implementado en 50 municipios de siete departamentos, que son:

• Valle del Cauca
• Cesar
• Chocó
• Cauca
• Nariño
• Cundinamarca
• Antioquia

Unas cifras que, en efecto, están bastante alejadas de lo que el Gobierno espera. Esto, porque según el medidor, ellos esperan llegar a 99 municipios de 17 departamentos y esperan vincular a 49.920 jóvenes en el corto plazo. Es decir, solo llevan un 38,7 por ciento de implementación. 

Sin embargo, si se mide frente a lo que pedía el presidente, que era llegar a 100.000 jóvenes –no se sabe en cuánto tiempo–, pues solo van en 19,3 por ciento. Es decir, muy lejos de lo esperado. 

¿Se mantendrá o se transformará? La advertencia del presidente 

Como aseguró el presidente en el consejo de ministros, es posible que el programa termine transformado. Es cierto que aún no se ha hablado directamente de los caminos, pero en esa misma reunión el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de un programa de gestores de convivencia. 

“Vamos a desarrollar un plan que aspira a que este año más de 12.000 jóvenes tengan una capacitación técnica o deportiva, que será obligatoria, para poder recibir un sueldo de más de un salario mínimo. Eso sería importante para desarrollar la paz. Algo parecido a lo que viene haciendo el DPS con Jóvenes en Paz”, dijo Benedetti. 

Así, no se conoce si, en efecto, el programa que inició con el Ministerio de la Igualdad, se transformará en esta iniciativa. 

En todo caso, es una realidad, según las mismas cifras, que con ese programa no han logrado impactar a los jóvenes que esperaban. Además, no se han revelado efectos sobre los índices de seguridad a nivel nacional y en las zonas de mayor conflicto.