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Clan del Golfo, Jorge 40, Macaco y parapolíticos: ¿todos cabrían en una Justicia y Paz 2.0?
En el Senado empezará el trámite de un controversial proyecto para reformar Justicia y Paz. Su objetivo es darles un marco jurídico a las bandas para su sometimiento. Sin embargo, también abriría la puerta para que narcos, parapolíticos presos y exjefes paramilitares tengan una segunda oportunidad. ¿De qué se trata?
En la noche del 6 de marzo, la tregua imperfecta entre las dos bandas delincuenciales que han dominado Buenaventura, Shottas y Espartanos, sufrió un revés. Los segundos anunciaron que se levantan de la mesa de diálogo por lo que consideran un trato injusto de la Fiscalía en su contra. Dos días después, a través de un comunicado, se conoció que la tregua sí continúa. Sin embargo, uno de los problemas denunciados por el grupo armado no se ha resuelto: la falta de un piso jurídico para el sometimiento de grupos armados en el marco de la paz total.
Para entrar en el ambicioso proyecto de la paz total hay dos caminos. Por un lado, la negociación, aplicable a grupos armados con estatus político, como el ELN y las disidencias. Por otro, el sometimiento, que involucra a estructuras armadas de alto impacto, como el Clan del Golfo. Este grupo, que tiene entre 6.000 y 9.000 integrantes, representa una de las principales amenazas en el país.
Aunque hay conversaciones secretas, esta estructura armada no ha querido avanzar en un diálogo oficial con el Gobierno. Una de las razones principales de esa decisión es el vacío legal que existe para un eventual sometimiento.
Esta incertidumbre jurídica del Clan del Golfo y de las bandas de Buenaventura es la misma que tienen otras estructuras armadas similares, como La Inmaculada de Tuluá, o los grupos en el Valle de Aburrá.
En 2023 hubo un primer intento del Gobierno por llenar ese vacío normativo. Lo hizo a través del proyecto de ley de sometimiento que se presentó al Congreso en marzo del año pasado. Esa iniciativa contemplaba penas sustitutivas de seis a ocho años de cárcel con un componente restaurativo. También les permitía a los grupos que decidieran someterse, conservar un porcentaje de sus bienes.
El proyecto se hundió por falta de discusión. No hubo ambiente político en el Congreso y el apoyo del Gobierno fue insuficiente. Desde entonces, el Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto nuevo para darle un respaldo jurídico al sometimiento de las bandas. Sin embargo, en diciembre de 2023 se radicó una polémica iniciativa que intenta suplir esa necesidad.
Justicia y Paz 2.0
El proyecto de “Reforma a la ley de Justicia y Paz, Segundas Oportunidades y Acogimiento de Nuevos Grupos” fue radicado por el senador Antonio José Correa del Partido de la U. Este congresista es el mismo que hace dos años trabajó con Juan Fernando Petro en un borrador de un proyecto de ley para modificar la JEP y abrirle la puerta a los narcos, como reveló en su momento La Silla Vacía.
Ese borrador fue engavetado y no volvieron a insistir en el asunto. El proyecto actual no pretende modificar la JEP, pero se asemeja a un borrador que Correa trabajó con Petro para abrir un camino a paramilitares de Justicia y Paz, y a otros criminales.
Al ser una reforma de Justicia y Paz y no una jurisdicción nueva, conserva características de ese marco legal que permitió la desmovilización de las AUC desde 2005. Por ejemplo, mantiene las penas de cárcel de cinco a ocho años. Los objetivos del proyecto son los siguientes:
- Concluir los procesos de Justicia y Paz, acelerando la resolución de los que llevan casi dos décadas abiertos.
- Permitir que personas expulsadas de Justicia y Paz puedan reingresar tras ser postuladas por el Gobierno por ser integrantes de una estructura criminal.
- Ampliar la competencia de Justicia y Paz para facilitar los procesos de paz con estructuras armadas de alto impacto.
El senador Correa le dijo a CAMBIO que "al ritmo que vamos, tendremos que esperar 70 años para escuchar la última verdad. No serán las víctimas sino sus nietos los que la escucharán. El objetivo es no esperar más para la verdad y para la reparación".
En palabras de una fuente que participa en una de las mesas de diálogo con grupos armados: “Aquí cabe todo el mundo”. Es decir, de aprobarse esta ley habría espacio para grupos como el Clan del Golfo, La Inmaculada, Los Shottas y los Espartanos.
Pero también para otros grupos como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el ELN. Lo clave para estos tres últimos grupos es que tendrían que renunciar al reconocimiento de estatus político e ir a la cárcel, como lo contempla Justicia y Paz desde su comienzo.
Esto, en principio, no sería legalmente problemático. El constitucionalista Juan Manuel Charry señala que “el Estado puede generar procesos de sometimiento y colaboración con grupos criminales. Lo único es que sean proporcionales y razonables. No es que porque usted colaboró, entonces le doy un día de cárcel”.
La Corte Constitucional, en su sentencia C6525 de 2023, declaró exequible la Ley de Paz Total. El Alto Tribunal determinó que la siguiente expresión, contenida en dicha norma, es compatible con la Constitución: “Los términos de sometimiento a la justicia a los que se lleguen con estas estructuras serán los que sean necesarios para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia”.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que parapolíticos y otros terceros podrían acceder a esta nueva versión de Justicia y Paz y obtener beneficios. El proyecto establece la posibilidad de que los postulados que estén presos puedan seguir sus procesos por fuera de la cárcel. Lo anterior solo sería posible si cumplieran mínimo cinco años de prisión, entre otros requisitos enunciados a continuación:
Bajo estas condiciones podrían verse beneficiados parapolíticos como el exsenador Álvaro García Romero, preso en La Picota de Bogotá.
García Romero fue condenado en 2010 a 40 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los delitos imputados a García fueron concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, por su responsabilidad en la masacre de Macayepo, Bolívar, donde fueron asesinados 15 campesinos.
García Romero, detenido desde 2007, solicitó ser incluido en la JEP y fue aceptado en febrero de 2021. El exsenador se ofreció a aportar la verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre los nexos del paramilitarismo con la clase política del Caribe colombiano. Sin embargo, un año después, esa jurisdicción revocó la aceptación del sometimiento y lo expulsó. Sus aportes fueron insuficientes.
Otro potencial beneficiario podría ser Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, quien en 2014 fue expulsado de Justicia y Paz. Este exjefe paramilitar está pidiendo pista en la JEP, aunque su proceso no se ha definido. Por todo esto, sería un candidato potencial para tocar la puerta de una Justicia y Paz 2.0 de “segundas oportunidades”. Su caso se asemeja al de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, expulsado hace nueve años de Justicia y Paz y quien no logró entrar a la JEP. En contraste, Salvatore Mancuso no necesariamente se beneficiaría de este proyecto, porque no ha sido expulsado de Justicia y Paz.
Aunque el proyecto no se ha empezado a discutir en la Comisión Primera del Senado, ya cuenta con el apoyo de políticos de casi todas las bancadas del Congreso. En las firmas que lo respaldan aparecen nombres de congresistas del Partido Conservador como Ape Cuello; de Cambio Radical, como Antonio Zabaraín; del Partido Liberal, como Alejandro Vega, y del Partido de la U, como José Alfredo Gnecco.
También resaltan firmas del partido Comunes, como la senadora Sandra Ramírez y Julián Gallo. El senador Gallo le dijo a CAMBIO que “de una u otra manera todas las iniciativas que vayan dirigidas a encontrar caminos por las vía del derecho y de la política a los conflictos armados, vale la pena valorarlos. Nos llama la atención que este proyecto busca producir un cierre definitivo de los procesos que se iniciaron en Justicia y Paz. Uno de los problemas de esa jurisdicción es que no hay un cierre y sigue la inseguridad jurídica. A las víctimas no se les garantiza derecho a la verdad y la reparación”.
El respaldo de Comunes a este proyecto se da al mismo tiempo que sus integrantes han manifestado serias objeciones a la JEP. Al respecto, el senador aclaró que “no tiene nada que ver. Son dos caminos distintos. Aquí estamos hablando de estructuras armadas de alto impacto sin origen político”.
Aunque también hay firmas de congresistas del Pacto Histórico como Isabel Zuleta, el Gobierno no es autor del proyecto ni lo respalda formalmente. CAMBIO conoció que si bien el Ejecutivo no quiere entorpecer el trámite de esta iniciativa incluyéndola dentro de su agenda de reformas, sí contempla la opción de presentarla a grupos armados con los que está dialogando.
Por ejemplo, en la segunda semana de marzo hay una cita programada entre Gobierno y Shottas y Espartanos para conocer el proyecto. Voceros de estos grupos le confirmaron a varios medios de comunicación que el marco jurídico para su sometimiento sería a través de la modificación de Justicia y Paz.
A pesar del respaldo de varias bancadas, el proyecto ha sido criticado por algunos sectores debido a su contenido. Es el caso del senador Ariel Ávila. El congresista del Partido Verde fue el ponente de la fallida Ley de Sometimiento. En diálogo con CAMBIO, Ávila dijo: “No me gusta el tema de reciclar excluidos. Los que fueron excluidos porque no cumplieron, pues no cumplieron, como Jorge 40. Pero yo leyes para meter a bandidos como Jorge 40 no voy a hacer ni apoyar" .
Ariel Ávila explicó que este proyecto es una alternativa rápida pero que no subsana las falencias que tiene Justicia y Paz desde su creación. “Esa Ley de Justicia y Paz tuvo muchos problemas para conocer la verdad y la judicialización, problemas que no están resueltos en el proyecto de segundas oportunidades. Por ejemplo, el mecanismo de contrastación”. El senador, que hace parte de la Comisión de Paz del Congreso, dijo que el Gobierno quiere presentar un nuevo proyecto de Ley de Sometimiento, todavía en construcción. Por eso, Ávila no apoya la reforma de Justicia y Paz.
El debate sobre una nueva jurisdicción de cierre
Más allá de las virtudes y defectos del proyecto de reforma a Justicia y Paz, la iniciativa coincide con las discusiones actuales sobre la necesidad o no de una nueva jurisdicción de cierre. El debate surgió por las críticas que han hecho los desmovilizados de las extintas Farc a la JEP. Rodrigo Londoño, Julián Gallo y Rodrigo Granda le dijeron recientemente a Semana que dicha jurisdicción, nacida del acuerdo de paz, se ha “desnaturalizado”.
Los ex-Farc han abierto la posibilidad de promover un tribunal distinto a la JEP para cerrar el conflicto. Sin embargo, en principio este proyecto no los beneficiaría porque la JEP es su último juez, según el bloque de constitucionalidad.
No obstante, una fuente que conoce el proyecto de primera mano, le dijo a CAMBIO que no está descartada la posibilidad de que los antiguos integrantes de las Farc puedan entrar en esta Justicia y Paz 2.0, que incluye penas de cárcel, a diferencia de la JEP. El único camino para ello es que sean expulsados de esa jurisdicción.
Con la discusión de este proyecto de ley y su intención de cerrar por fin los procesos de Justicia y Paz, se hace manifiesto otro asunto no resuelto: el tiempo finito de la JEP para funcionar. Ese tribunal tiene un límite de diez años que se están agotando. No está claro si todos los grandes casos alcanzarán a cerrarse antes de ese límite de tiempo, mucho menos con los procesos que queden sin resolver.
