La historia secreta de las investigaciones archivadas del gobierno de Iván Duque en la SIC

Durante el gobierno de Duque hubo tres grandes escándalos relacionados con las tecnologías de la información: Centros Poblados, en el que se perdieron 70.000 millones de pesos en un contrato para conectar a las poblaciones vulnerables apartadas de los centros urbanos; y dos licitaciones: la del espectro electromagnético y la del dominio .CO.

Sin embargo, las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la violación a la libre competencia en los tres casos fueron archivadas en silencio. 

La entidad, que inicialmente negó la información al respecto, argumentando confidencialidad, se la envió a CAMBIO (aunque incompleta), por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ese mismo día, 25 de agosto, la superintendente María del Socorro Pimienta declaró insubsistente a John Marcos Torres, quien tuvo incidencia directa en dos de estos casos, como superintendente delegado para la protección de la competencia encargado.

CAMBIO le preguntó insistentemente a Pimiento el motivo de la insubsistencia de Torres, pero no obtuvo respuesta.

Torres llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio en julio de 2020, cuando el entonces superintendente, Andrés Barreto, amigo personal del expresidente Iván Duque, lo nombró jefe de asesores del despacho. Antes, Torres había trabajado en BLU Radio y fue un candidato fallido al Consejo por el Partido Liberal. En la Superintendencia fue el escudero de Barreto.

Centros Poblados: ni siquiera se abrió investigación

En el caso Centros Poblados no hubo siquiera resolución de cierre, sino estudio de admisibilidad. Es decir, nunca existió apertura de investigación. En la fase preliminar y luego de realizar requerimientos de información y una visita al Ministerio de las TIC, el equipo investigador no encontró mérito para avanzar en una apertura.  

Es decir, pese a que Emilio Tapia y sus socios han reconocido corrupción en este proceso y están imputados por la Fiscalía, la SIC pudo establecer por su propios medios que Tapia y sus secuaces se habían puesto de acuerdo con otros competidores para quedarse con el contrato. En el pasado, la misma Superintendencia investigó la conducta de Tapia con el carrusel de contratación en Bogotá. Ahora no encontró prueba alguna que demostrara la vulneración del régimen de competencia.

El que determinó que no había nada que investigar en términos de violación de libre competencia fue el entonces superintendente Juan Pablo Herrera. A mediados de julio de 2022, días antes de que se acabara la administración Duque, Herrera le notificó al denunciante que no era posible abrir una investigación (ver carta).

Por esos días, Herrera fue enviado como parte de una comitiva a Ginebra, Suiza, a un evento de la ONU. Cuando volvió a Colombia, fue enviado a vacaciones obligatorias, con el argumento de que tenía “muchos días acumulados”, algo que nunca le había pasado en los 14 años que llevaba en la entidad. Quien quedó como encargado en su puesto fue John Marcos Torres.

En esa semana, concretamente el 29 de julio de 2022 y el 5 de agosto de 2022, Torres ordenó el archivo de las investigaciones del dominio .Co y del espectro electromagnético a una velocidad sorprendente. A pesar de no tener el perfil ni la experiencia para el cargo –como lo comprueba su hoja de vida–, en un par de días revisó todas las pruebas, incluida la información forense y los procesos de selección, entre otras, para determinar que no había ninguna conducta ilegal.

El dominio .CO: el caso de la oferta inferior al límite establecido

El dominio .CO es una extensión que denota la presencia del país en internet. Actualmente hay más de 2 millones de sitios web en el mundo registrados bajo dicho dominio. Lo que denunció en su momento uno de los competidores, el consorcio DOTCO, fue que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones podría haber incurrido en un error en la formulación del Excel. En concepto de ese proponente, de haberse aplicado correctamente la fórmula, la oferta ganadora, .CO INTERNET, cuyo dueño es la empresa norteamericana Neustar, habría sido rechazada porque era menor que el límite inferior establecido en el pliego de condiciones.

En su momento también se denunció que la empresa que se ganó la licitación estaba en proceso de venta al tiempo que transcurría la licitación. Su comprador no era cualquier compañía sino una con posición dominante en el mercado. De hecho, la compra de Godaddy a Neustar se anunció un día después del proceso de adjudicación.

En las propuestas enviadas para la licitación, .CO INTERNET propuso quedarse solo con el 19 por ciento de las ganancias del dominio, mientras que DOTCO dijo que se quedaría con el 36 por ciento. El competidor perdedor consideraba que la compra por parte de Godaddy habría justificado que .CO INTERNET pusiera un valor por debajo del límite inferior, rompiendo todas las normas de competencia. 

El documento de archivo firmado por John Marcos Torres describe que “aunque se pudiera afirmar que la interpretación que se otorgó al numeral 9.9.2.1 puede llegar a ser cuestionada, la Delegatura no encontró material probatorio que demostrara que tal situación se originó en una posible conducta tendiente a favorecer a .CO INTERNET. Por lo tanto, y en línea con lo mencionado en este acto administrativo, no existe mérito para continuar con la presente actuación”.

El espectro: un error de digitación

En el caso del espectro, lo que se buscaba era ampliar la cobertura del servicio de telefonía móvil celular e internet en las zonas más apartadas del país. Por ello, a final de 2019 se realizó una subasta. Las empresas Claro, Tigo y Partners, dueño de WOM, fueron las ganadoras en las bandas de 700, 1900 y 2.500 megahercios (MHz).

Telefónica denunció que Partners se habría puesto de acuerdo con Mintic para favorecerse en la adjudicación. Por su parte, Claro denunció que Partners tenía control societario de otro operador (Avantel). A los pocos días de haberle asignado una de las bandas a Partners, se dio a conocer que la empresa, al parecer, habría cometido un “error” de digitación, ofreciendo 1,7 billones de pesos por las inversiones, algo que no solo desbordaba las ofertas de sus competidores sino que desequilibró el total de la oferta.

Pese a todos estos antecedentes, John Marcos Torres, recientemente declarado insubsistente, tuvo solo una semana en 2022 para archivar los procesos en silencio y prácticamente sin que nadie se diera cuenta.