Las inconsistencias del informe de la Contraloría sobre la plata de la salud, según las EPS

Ejerciendo su legítima defensa, Acemi en representación de las EPS, llegó este jueves hasta las oficinas de la Contraloría General de la República para entregarle al contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, un documento en el que desvirtúan el informe de actuación especial que divulgó esa entidad de control con relación al  manejo de los recursos de la salud. 

Y que según la Contraloría, 18 de las 25 empresas promotoras de salud que existen en Colombia, habrían desviado más de 9 billones de pesos de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, durante las vigencias 2020 y 2021, es decir, después de la pandemia. 

Ante esa información, que es preliminar, el gremio dice que es solo una presentación en Power Point de 36 diapositivas y no existe un documento escrito y completo con los datos. Además, aseguran que, en el momento de su divulgación, las EPS auditadas no habían dado respuesta a los presuntos hallazgos encontrados.

También advierte Acemi que se utilizó para el ejercicio de actuación especial, el Plan Único de Cuentas, PUC, contenido en un proyecto de resolución que publicó la Superintendencia Nacional de Salud en el año 2016, pero que nunca fue expedido, ni sigue la clasificación contable vigente que sirve de guía para que las EPS realicen el reporte de sus estados financieros.

Hablan también de serias inconsistencias precisamente en las cuentas que se analizaron ya que la Contraloría “omitió el uso del catálogo de cuentas vigentes y en ningún momento advirtió a las EPS sobre la versión del PUC que estaba siguiendo en su ejercicio de actuación especial.

"Las EPS ingresaron la información siguiendo el plan de cuentas vigente, por lo que la información recaudada adolece de consistencia debido a la falta de claridad en el requerimiento de información y al uso de un catálogo que nunca fue oficial”.

Diferencias en los valores 

Hay un punto que llama mucho la atención y es que según Acemi, los valores reportados en la presentación de Power Point que fue socializada con los otros órganos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, no coinciden con los valores contenidos en las comunicaciones que fueron enviadas a cada una de las EPS para ejercer el derecho a la contradicción y defensa. 

El gremio revisó, por ejemplo, las cifras de cinco EPS (Salud Total, SOS, Sura, Aliansalud y Coosalud) y dicen que se aprecian notables diferencias ya que en el documento de la Contraloría aparece con un consolidado de posibles hallazgos que llegan a los 691.000 millones de pesos, mientras que al hacer las cuentas del requerimiento y sumar las cifras a ellos les da un total de 305.000 millones de pesos.   

También dicen que los conceptos utilizados para definir los supuestos hallazgos tienen serias diferencias con el documento que les enviaron a las EPS. Por ejemplo, a las compañías les mostraron presuntas irregularidades en temas como cuentas por cobrar, giros directos, terrenos, edificaciones, otros deudores, etc.

Entre tanto, los conceptos que aparecen en la presentación que también conocieron los medios de comunicación hablan de amortización de marcas, arrendamientos, deudores varios, duplicados de carnet, gastos de publicidad, papelería, honorarios, entre otras cosas. 

 
Y eso no es lo único. Hay hasta errores en los números que se mostraron en el documento. En el  gráfico que se muestra a continuación, por ejemplo, hay un error muy grave del que se dio cuenta EPM y es que se evidencia una única cuenta denominada “otros gastos” por 0 pesos. 

Sin embargo, al revisar la sumatoria del reporte se señala un mal uso cercano a los 769.000 millones de pesos. Este error afectaría el valor final de los 9,3 billones de pesos que se comunicaron a la opinión pública.

Finalmente, dice Acemi en esta extensa carta que ya reposa en la Contraloría General de la República, que se envió notificación a las EPS el día 4 de abril para rendir sus respuestas de contradicción y su ejercicio de legítima defensa en un periodo de 3 días, pero antes de que eso pasara se hizo la divulgación de los resultados sin haber garantizado el derecho a la contradicción.