Las EPS habrían desviado 9 billones de pesos de los recursos de la salud: Contraloría

Para este lunes en la mañana está programada una reunión de alto nivel entre el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, la procuradora Margarita Cabello, la fiscal Luz Adriana Camargo y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que tiene como objetivo socializar el informe de auditoría que hizo la Contraloría General de la República a los estados financieros de las EPS en Colombia. 

Antes de entregar los resultados del documento a la opinión pública, el contralor Zuluaga decidió compartirlo con los entes de control debido a la gravedad de lo encontrado que evidencia la forma como las Empresas Promotoras de Salud (EPS), se gastaron parte de los recursos para la atención en salud de los colombianos. 

La principal conclusión de la fiscalización que corresponde a las vigencias 2020 y 2021, es decir durante la pandemia, es que 18 EPS de las 26 que hay en Colombia habrían desviado 9 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),  en otros gastos que no tenían nada que ver con las actividades que cubren los recursos que el Gobierno les asigna a esas compañías para que los administren y presten el servicio. 

La UPC es el valor que paga el Gobierno todos los años a las EPS por cada paciente que está afiliado al sistema a través del régimen contributivo. En promedio, anualmente, se les entrega a las EPS entre 80 y 90 billones de pesos de la UPC para que con esa plata atiendan a los colombianos, lo que quiere decir que durante la pandemia se habrían malgastado 10 por ciento de esos recursos. 

¿En qué se lo gastaron?

Según la auditoría que hizo la Contraloría General de la República, después de hacer el cruce de cuentas de los estados financieros de las EPS, hubo 18 de esas empresas en donde se encontraron gastos presuntamente irregulares. 

Por ejemplo, hubo anticipos girados por parte de las EPS a sus propias clínicas y hospitales que configuran la llamada integración vertical y se aprobaron millonarios pagos para esas IPS que no correspondían con los servicios que se habían prestado. 

Además, habría gastos en honorarios personales, pago de multas y sanciones, compra de inmuebles, infraestructura, uniformes, entre otras cosas. 

Estas cuantiosas y graves irregularidades en los estados financieros fueron contrastadas con los registros que tiene la Dian y la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que se advierte que si las EPS quieren negar la información o controvertirla tendrían que corregir la información que ellos mismos les entregaron a esas entidades. 

Esta fiscalización de la Contraloría, que normalmente dura entre dos y tres meses, se tardó seis meses y hoy será conocida por los otros organismos de control a los que se les dará traslado para que hagan sus actuaciones correspondientes. 

Lo cierto es que al haber tomado parte de los recursos de la UPC y gastarla en actividades que no debían ser, se pudo haber cometido el delito de peculado por apropiación de dineros públicos. Debido al monto del presunto desvío y a la cantidad de EPS involucradas, fuentes le aseguraron a CAMBIO que se podría estar hablando del caso más aberrante y el escándalo más grande de la salud que ha tenido Colombia.