Leonidas Bustos: ¿quién es y de qué lo acusan en el escándalo del cartel de la toga?

José Leonidas Bustos Martínez era todopoderoso. Abogado especialista en Filosofía del Derecho y con varias maestrías, fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidente de esa Sala en 2012 y 2013 y presidente del alto tribunal en 2015. Como magistrado se caracterizó por sus posiciones férreas y una personalidad apabullante y tenía  conexiones importantes: amigo de infancia del exmagistrado y en ese momento fiscal Eduardo Montealegre, mientras que su esposa (ahora excompañera) Martha Cristina Pineda hizo parte de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.

El jurista se imponía –y no solo por su altura– en los pasillos de la Corte, trataba con algún desdén a la prensa y tenía sus detractores en la Corte. Terminó su periodo con algunos fallos polémicos, pero también siendo víctima de las 'chuzadas' y de señalamientos por haber hecho parte de la Sala Penal que impartió condenas en contra de exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Salió de la Corte en 2016 y en 2017 estalló el peor escándalo de corrupción que ha tocado la justicia colombiana: el cartel de la toga.

El caso involucra a Luis Gustavo Moreno Rivera, un joven abogado que había ascendido rápidamente en su carrera, y quien pasó de defender a personajes de la talla de Luis Alfredo Ramos y de escribir un libro sobre los 'falsos testigos', a ser jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General. Un puesto al que llegó, con alguna sorpresa, bajo el mandato de Montealegre, y del cual salió de la peor manera: detenido por las autoridades de Estados Unidos luego de que, en una reunión en ese país, le pidiera una coima al entonces gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus.

Las pruebas de la justicia de Estados Unidos revelaron la existencia de un entramado corrupto que buscó direccionar procesos en la Corte Suprema a cambio de millonarias sumas de dinero, lo cual generó un revolcón judicial y la indignación de los ciudadanos. A la fecha, los integrantes de la Corte cuestionan el nombre del 'cartel de la toga' porque, en su criterio, desdice de todos cuando son solo algunos los responsables. No obstante, ese nombre evidenció desde el principio la gravedad de la situación: que la corrupción había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, la misma que había salido victoriosa de una dura disputa con el entonces presidente Uribe y que investigó y juzgó la parapolítica.

Los nombres empezaron a surgir: fueron mencionados los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, el exmagistrado Leonidas Bustos y el magistrado titular, en ese momento, Gustavo Malo Fernández. Todos dijeron ser inocentes y todos fueron condenados. Bustos hoy está en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la corporación que alguna vez lideró.

¿De qué acusan a Bustos?

Bustos fue investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y fue declarado indigno y acusado el 18 de junio de 2021 por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

Según la acusación, la responsabilidad de Bustos se deriva tanto de las grabaciones que hizo la justicia de Estados Unidos previo a la captura de Moreno en Estados Unidos, como del testimonio en general de Luis Gustavo Moreno, el abogado que decía que Bustos era su "papá", y del testimonio del abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez. Este último, para tentar a Alejandro Lyons de participar en el entramado, dijo que ya se estaban haciendo labores de direccionamiento en la Corte Suprema en los casos de Musa Besaile, Álvaro Ashton, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade, al parecer con la intervención de Bustos.

La investigación señaló que Moreno y Pinilla hacían parte de una oficina que buscaba los clientes entre los aforados investigados en la Corte y que había direccionamiento de Francisco Ricaurte y participación en las gestiones indebidas del magistrado Malo, al parecer también con la ayuda del magistrado auxiliar Camilo Ruiz, quien fue sancionado por la Procuraduría. Y, según la acusación, Bustos sí se concertó con estas personas para participar en este entramado, especialmente en los casos de Musa Besaile y Álvaro Ashton.

Besaile pagó 2.000 millones de pesos, según él mismo confesó, y a Ashton se le cobraron 1.200 millones de pesos. Sus casos estaban en el despacho de Gustavo Malo.

Luis Gustavo Moreno dijo que le entregó 200 millones de pesos a Bustos, como anticipo de los 600 millones que pagó Álvaro Ashton para que se hicieran las gestiones indebidas en su proceso. Esto se hizo –dijo Moreno– en el apartamento de Bustos en el sector del Salitre en Bogotá, en compañía de Vadith Orlando Gómez, un abogado quien era viejo conocido de Bustos. 

"Además de la entrega que hiciese Moreno Rivera de 200.000.000 de pesos en efectivo, se cuenta con el testimonio del señor Yeison Ricardo Pérez Pérez, empleado de la Joyería Cartier, ubicada en el Centro Comercial Andino, quien manifestó en diligencia adelantada en la Corte Suprema de Justicia y que fuera trasladada a esta línea procesal que Moreno Rivera era cliente asiduo de esa joyería y que se refería a su acompañante (un señor calvo y gordo) como el "profe" a quien identificó con posterioridad con la persona de José Leonidas Bustos en la medida en que empezó a salir recurrentemente en las noticias”, dice la acusación.

Se refiere a la compra de un reloj Cartier Ballon Bleu por 42.969.977 millones, que se compró en efectivo. Esa operación quedó registrada a nombre de Ricardo Beltrán Rivera, medio hermano de Moreno, en la factura CT-8091 del 19 de diciembre de 2012. Bustos dice que la factura fue fabricada por los investigadores de policía judicial, niega haber recibido el reloj o dinero alguno y cuestiona el testimonio de Pérez por estimar que la identificación que hizo de él está viciada. ¿Por qué? Según Bustos, porque solo vino a mencionarlo con nombre propio cuando salían noticias sobre este hecho y porque Reyes dijo que el hombre que fue con Moreno era calvo y que él todavía tiene "algunos pelos".

La acusación dice que, si bien los casos de Besaile y Ashton estaban en el despacho de Malo, sí hay evidencia para inferir razonablemente la participación de Bustos en la empresa criminal, citando tanto a Moreno, como al propio Musa Besaile, al exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, Vadith Gómez y Efrén Fonseca (escolta), entre otros. Incluso, la acusación toma como relevante el testimonio de la pareja de Bustos sobre la compra que hicieron de una camioneta Dodge Journey a Moreno, elemento que Bustos desestima por completo, porque indica que esto solo prueba que hubo un negocio con un carro y nada más. 

También se tiene como prueba al testigo Luis Raúl Acero Pinto sobre la forma en que se compró el automóvil BMW 523i por parte de Bustos Martínez que finalmente terminó vendiéndolo a Moreno Rivera. Ese carro, según Leonardo Pinilla, fue una sorpresa porque Moreno andaba en bus. Según Pinilla, Moreno dijo que ese carro: "Me lo regaló mi papá".

En la acusación aprobada por el Senado, luego de las pesquisas que lideró Edward Rodríguez como representante investigador, se citan además una serie de encuentros que Bustos habría tenido con Moreno en diferentes espacios: uno en Panamá, durante un evento organizado por la entonces embajadora Ángela Benedetti y que fue corroborado por ella y el abogado Héctor Gerardo Torres Roldán. Otro, en la noche de Navidad de 2014, en el Hotel Marriot de Miami. Bustos asegura que solo fueron encuentros fortuitos.

Según Bustos, él fue invitado como presidente de la Corte a un encuentro en Panamá, que fue sufragado por la Corte como visita oficial, y que allá se encontró a Moreno, quien habría sido invitado por Torres. Torres y Moreno trabajaron juntos como litigantes y, según Bustos, esto no fue más que una cordialidad. También indicó que en el desarrollo de esa visita fueron a la zona franca de la ciudad de Colón y que un periodista tomó y publicó una foto en la que aparecen él y Moreno. Mientras este elemento se considera importante, Bustos lo minimizó diciendo que la foto no prueba una amistad íntima y que él no buscó tomarse la foto, sino que fue un periodista quien la hizo. 

Otros elementos importantes de este caso pasan porque siempre se ha cuestionado el rápido ascenso de Moreno y su nombramiento en la Fiscalía y Bustos insiste en que él no tuvo nada que ver, aunque reconoció que Montealegre es amigo suyo desde la infancia.

Un prófugo de la justicia

El 19 de septiembre de 2022, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento y orden de captura en contra de Bustos ante la gravedad y la modalidad de los delitos que le fueron imputados. Aunque se sabía que Bustos estaba en Canadá, solo este 10 de febrero de 2025 se conocieron las razones. Según él, fue agredido tres veces: una por un señor que le dio un puño en la calle, otro que lo escupió en un centro médico y una situación en la que hombres armados lo interceptaron a la salida del apartamento de una de sus hijas en Bogotá.

Bustos, una persona que conoce a fondo la justicia colombiana y que ayudó a escribir la jurisprudencia del país, no dijo nada en la audiencia sobre el deber de cumplir con el mandato de la justicia. En cambio, se refirió a sí mismo como una persona que "ha perdido todo", que fue supuestamente afectada por los medios de comunicación. Dijo vivir con su pensión de 10 millones de pesos, tener deudas por impuesto predial y ante la Dian, dijo que sus hijas no han podido conseguir trabajo e insistió en que se ha mancillado su honor.

Lo que no dijo Bustos es que una orden de captura también se dicta cuando la justicia teme que la libertad del procesado puede afectar el buen curso del proceso, teniendo en cuenta precisamente el poder que ostentó Bustos en la Corte, ya que fue nominador de múltiples personas, todos con ascendencia en la Rama Judicial. El juicio en su contra puede durar todo este 2025.