Los delitos que podrían esconderse detrás de las declaraciones de Armando Benedetti

CAMBIO consultó con exfiscales generales, que llegaron a la misma conclusión: la Fiscalía debe abrir una investigación de oficio por la supuesta entrada de 15.000 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro, en 2022, que fue nombrada por Armando Benedetti en unos audios publicados por revista Semana.

El primero que debe ser llamado a dar las explicaciones del caso es quien fungió como gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol.

Según los audios publicados Semana, Benedetti asegura: “Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos. Si no es por mí, no ganan (…) ¿O qué quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”.

¿Qué hechos podrían configurar delito detrás de las declaraciones de Armando Benedetti?

Según los tres exfiscales consultados por CAMBIO, que prefieren no ser citados, en esas declaraciones el exembajador expone varios hechos que podrían ser delictivos, como la presunta financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas; la falsedad en documento público y fraude procesal, porque, entonces, habrían inducido a error a una autoridad administrativa como lo es el Consejo Nacional Electoral. 

Según el abogado Francisco Bernate, el primer punto por investigar es si este dinero ingresó a la campaña, cuál es su origen y si el entonces candidato tuvo conocimiento de estos aportes; porque, si es así, no solo respondería ante la justicia el gerente de la campaña, sino el candidato.

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“Porque si esto es así debe, más allá del aporte, demostrar de dónde venían los dineros; y, si se establece que tiene su origen ilícito, directo o indirecto, estamos como en el proceso 8.000: frente a un delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Se debe demostrar si existe el dinero, quién lo recibió y si el candidato tenía conocimiento del ingreso de esos dineros a su campaña”, explicó Bernate.

Además, añadió el abogado, si la justicia establece que el dinero viene de fuentes no permitidas, “estaríamos frente al delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que se sanciona con pena de prisión de 4 a 8 años; si esto no fue informado a la autoridad electoral, estaríamos frente a la violación de los topes o límites electorales, que también es un delito que enfrentaría el gerente de campaña; si no se informó sobre estos aportes, estaríamos frente al delito de omisión de información de aportante, que tiene 4 a 8 años de prisión.”

En todo caso, la Fiscalía tendría la posibilidad de investigar a todos los que participaron en la campaña, salvo al presidente Gustavo Petro, sobre quien tendría que limitarse a compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.