Los derechos humanos en la nueva política de drogas de Colombia

El pasado 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro lanzó la nueva política de drogas en El Tambo, Cauca, un municipio y una región donde el cultivo de coca es sustento para miles de familias. La nueva política da prioridad a los derechos humanos, en particular a la protección y promoción de la salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, las comunidades y los territorios más afectados por los enfoques punitivos del control de drogas. También pone en el centro la restauración, conservación y protección del medio ambiente en las zonas dañadas por políticas de drogas nocivas.

El evento tuvo un fuerte poder simbólico, por la locación y sus participantes: cientos de cultivadores de coca, personas que usan drogas, indígenas, afrodescendientes y campesinos, además del ministro de Justicia, el director del programa de sustitución de cultivos, representantes de los ministerios de Salud, Ambiente, Cultura y Agricultura, y funcionarios públicos de las instituciones del Acuerdo de Paz. 

Crear un espacio para ese alcance de participación demuestra el compromiso de Colombia con este derecho fundamental. Garantizar una acción diversa e intersectorial en su aplicación resulta esencial para la transformación basada en los derechos que la política propone. Se trata de un cambio necesario en un campo de política pública que ha estado caracterizado por una toma de decisiones que rara vez ha incluido a las poblaciones directamente afectadas.

La nueva política incluye explícitamente la aplicación de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas en su implementación. Las Directrices abordan un catálogo de derechos afectados desde el cultivo hasta el consumo, estableciendo medidas que los Estados deben o no deben adoptar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

Cada sección de las Directrices proporciona declaraciones concisas y procesables que precisan las obligaciones legales de los Estados, apoyadas por un extenso comentario que establece las fuentes legales utilizadas. Las Directrices también permiten suscitar preguntas desafiantes que ayuden a examinar críticamente la relación entre el individuo y el poder del Estado en el contexto de las drogas y sus mercados. Pocos gobiernos han hecho esto, así que Colombia se posiciona como líder en este ámbito.

En el país, históricamente las drogas han sido tratadas como un problema de seguridad pública. La lucha contrainsurgente y la lucha antinarcóticos para confrontar los flujos de dinero que financiaban el conflicto armado interno crearon una generalización peligrosa de un enemigo interno. Aquellas personas que consumen drogas, cultivadores de coca, microtraficantes, indígenas y afrodescendientes, fueron vistas como amenazas a la seguridad pública.

El Estado ignoró los factores estructurales de pobreza, inseguridad alimentaria, discriminación, exclusión social y marginación que influyeron en el involucramiento en economías ilegales para sobrevivir.  Esta demonización de las comunidades erosionó su relación y confianza con el Estado.

La nueva política, influida por estándares de derechos humanos, puede ser una herramienta para restablecer relaciones constructivas entre el Estado y los ciudadanos. La política reconoce que los campesinos cultivan coca y la gente en entornos urbanos se dedica al microtráfico por pobreza y falta de alternativas viables. Las personas que consumen drogas están ejerciendo su derecho a la libertad y a la autonomía personal. 

Asegurar que los derechos humanos sean el marco de referencia en la política de drogas reconoce la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de estas poblaciones para que puedan participar como ciudadanos de pleno derecho en una democracia. También exige que el Estado justifique las limitaciones a los derechos y libertades impuestas por la ley, y que rinda cuentas por estas decisiones.

La política además reconoce que la criminalización de las personas que consumen drogas, de los pequeños agricultores que cultivan drogas ilícitas y de quienes se encuentran en los niveles más bajos del tráfico de drogas, así como los esfuerzos desproporcionados de aplicación de la ley contra ellos, han contribuido al hacinamiento en las cárceles y han afectado a la salud, los medios de vida y la capacidad de llevar una vida digna de estas poblaciones. 

A su vez, la política destaca una serie de medidas concretas que el Estado debería adoptar para hacer frente a los perjuicios de la criminalización, entre ellas ofrecer alternativas al encarcelamiento a las mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores y no violentos, y establecer un enfoque integral para apoyar la transición de las economías cocaleras hacia economías legales y sostenibles, que vayan más allá de la erradicación forzada, poniendo en primer plano su derecho a un nivel de vida adecuado.

En términos más generales, el marco de derechos humanos integrado en la política crea un espacio para plantear las vías a corto, medio y largo plazo para una reforma política basada en los derechos humanos. Este último aspecto es clave. Si bien la política introduce cambios de enfoque y también algunas acciones estratégicas, hay vacíos sobre cómo se van a operativizar algunos cambios, de manera que los próximos meses serán cruciales para priorizar reformas normativas y políticas de alto impacto que puedan desencadenar mejoras en las poblaciones que hoy son afectadas por la prohibición y sus mercados. Acciones como reformar el Código de Policía, cambios estratégicos en la política criminal, y claridad sobre el rumbo de los programas de sustitución a futuro, deben ser prioridades a introducir desde ya.

En últimas, al poner en primer plano los derechos humanos en la política de drogas se reconoce que las personas que consumen, cultivan o están implicadas de algún modo en los mercados de drogas son, ante todo, ciudadanos, no enemigos públicos ni delincuentes.