El contralor general advirtió al comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, sobre inconsistencias en el inventario del material de guerra con el que cuentan las unidades militares del país.
Crédito: Fotoilustración Yamith Mariño - CAMBIO
Un ejército con balas vencidas: los graves hallazgos de la Contraloría en las bases militares del país
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió al comandante del Ejército sobre inconsistencias en el inventario del material de guerra en las unidades militares. La actuación responde a la denuncia del presidente Petro sobre la presunta pérdida de municiones, granadas y misiles, que apuntarían a una red de tráfico de las armas legales del Estado.
Por: Ana María Cuesta
El 30 de abril de 2024, con la gorra azul tejida con laureles que distingue al comandante supremo de las Fuerzas Militares y el lápiz amarillo en la mano derecha, el presidente Gustavo Petro le informó al país de la pérdida de 1,9 millones de municiones y más de 24.000 granadas en la base militar más grande del país, Tolemaida, y en la Décima Brigada del Ejército con sede en La Guajira y Cesar. Según el mandatario, este faltante apuntaría a la existencia de una red de tráfico de las armas legales del Estado con grupos armados nacionales y contrabandistas internacionales como potenciales clientes: instrumentos que matan en Colombia y que estarían atizando conflictos extranjeros. “Lo más triste de esto es que con estas municiones termine matándose a los mismos miembros de las fuerzas militares”, dijo el presidente en su intervención.
Un año despúes, CAMBIO conoció una actuación del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, que responde a la grave denuncia presidencial y dictamina de un inminente “riesgo de afectación negativa a los intereses públicos” por un presunto desorden en el inventario del material de guerra de los militares, debido al “déficit en la administración, almacenamiento y conservación de municiones, granadas y explosivos en las unidades militares del Ejército Nacional de Colombia”.
La advertencia fue enviada al comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, en un caso que describen como de “trascendencia social y de alta connotación económica”, pues la situación irregular podría expandirse, según lo explicó el contralor (e) para el sector Defensa, Luis Enrique Abadía: “Lo observado puede extenderse a todas las unidades del Ejército Nacional, por lo que se consideró necesario advertir sobre la situación, teniendo en cuenta la información que se recopiló en la actuación especial”.
¿Se perdieron municiones y granadas?
El presidente Petro, basado en informes de la Inspección del Ejército, reveló el año pasado que en el inventario de Tolemaida faltaron 9.725 granadas y 781.139 municiones de diferentes tipos. Y en la Décima Brigada con sede en la Guajira faltaron 2 misiles Spike, 37 misiles Nimrod, 550 cohetes RPG, 14.334 granadas, 39.749 cargas antitanque y 1.160.994 municiones.
En ese momento, el mandatario afirmó que “la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano”. Petro incluso dijo que con explosivos extraídos de Tolemaida se volaron retenes entre Bogotá y Medellín.
CAMBIO conoció que, específicamente en el caso de las granadas, el Ejército radicó una denuncia ante una Fiscalía Penal Militar que se encuentra en etapa de indagación. Además, presentó 27 investigaciones disciplinarias, 11 investigaciones de responsabilidad administrativa y 6 diligencias de verificación.
“Con fundamento en la declaración pública del presidente de la República –afirmó el contralor delegado Luis Enrique Abadía–, se inició una actuación especial en la que se tuvo acceso a informes de la Inspección del Ejército, en los cuales se determinaron presuntos faltantes de municiones y granadas y dieron origen a varias investigaciones administrativas y disciplinarias adelantadas por el Ejército Nacional, con el fin de determinar si el denominado faltante se configuraría como pérdida”.
Sobre ese material de guerra faltante, la Contraloría advierte de que “todavía no se tiene la certeza de si constituyen una pérdida de material, toda vez que aún se están desarrollando las investigaciones administrativas involucradas”.
Sin embargo, la entidad reconoce haber hallado desorden en los inventarios de las unidades militares que inspeccionaron con ocasión de la denuncia presidencial, así como una presunta alteración de los lotes en un sistema. “Se ha identificado un riesgo en la gestión de inventarios, específicamente en el registro de las cantidades de material de guerra en el sistema SAP, que no siempre coinciden con las cantidades físicas almacenadas o las que han sido puestas en servicio. Además, en muchos casos no se cuenta con trazabilidad sobre su uso o disposición final”, dice la advertencia del contralor.
El riesgo por el material de guerra vencido
Según alerta el contralor, otro de los riesgos que podría extenderse a todo el país es el almacenamiento de municiones y explosivos vencidos, así como su eventual uso por parte de las unidades en las zonas de operaciones. En las inspecciones se halló material que caducó en el año 2017. Según Indumil, la empresa industrial y comercial del Estado autorizada para la fabricación de armas, el material vencido no puede utilizarse.
“Se evidenció la existencia de material con fecha de vencimiento ya superada, lo cual fue confirmado en una visita fiscal a las unidades del Fuerte Militar de Tolemaida y la Décima Brigada. Este riesgo también podría materializarse en otras unidades del Ejército”, agregó la advertencia.
Esto no solo ocasionaría un daño patrimonial para el Estado por la imposibilidad de uso. También implicaría un riesgo para la vida quienes usan las municiones, así como de la población civil aledaña a los operativos. “Se añade un riesgo de alta trascendencia social, relacionado con la integridad física tanto del personal del Ejército Nacional como de la población civil que pueda entrar en contacto con material de guerra cuyo periodo de vida útil ha expirado”, explica el ente de control.
Sobre este punto también se advierte que el uso de explosivos vencidos y que estos no se detonen en el terreno también podría acarrear riesgos jurídicos para el Ministerio de Defensa, que podría afrontar litigios por responsabilidad civil extracontractual.
Las armas de la embajada norteamericana
En los informes de la Inspección del Ejército, que el año pasado motivaron la denuncia pública del presidente Petro, se abordan otros aspectos llamativos. En 25 unidades militares revisadas entre Tolemaida, La Guajira y Cesar la inspección reveló que hubo alteración en la serie de varios fusiles y que “no se ha realizado alta de pistolas, rifles y escopetas transferidas por la embajada de los Estados Unidos”. En el argot militar, el alta implica la circulación de dichas armas o que estén en servicio.
Los informes de la Inspección también alertan sobre modificaciones en fechas de vencimiento de granadas sin un concepto técnico; municiones defectuosas cargadas en los sistemas y aparición de granadas de 60 mm sin seguro, cargas y lotes que no coinciden.
operaciones, la dinámica operacional y las capacidades de la Fuerza". Foto: Colprensa.
'Son hechos infortunados y aislados': Ejército sobre la pérdida de material de guerra
En respuesta a CAMBIO, el Comando del Ejército admitió que en todas las unidades militares que almacenan material de guerra se han presentado "novedades" en los trámites de almacenamiento y conservación de las municiones que ya cumplieron su vida útil, "específicamente por situaciones relacionadas con faltantes y sobrantes en el sistema de inventarios del sector defensa (SAP-SILOG)".
Al respecto, asegura que ya adelantan acciones correctivas, "lo que ha permitido minimizar y mitigar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en su manipulación y uso", sin aclarar qué porcentaje de las municiones se encuentran inútiles.
Aunque la Contraloría advierte riesgos de trascendencia social asociados a la vida de los militares y de la población civil, el Comando insiste en que la advertencia "no afecta el normal desarrollo de las operaciones, la dinámica operacional y las capacidades de la Fuerza, razones por las cuales el pueblo colombiano debe sentirse tranquilo".
Con relación a las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la pérdida de más de un millón de municiones que, para él, habrían terminado al servicio de redes de tráfico de armas, el Ejército responde que "obedecen a hechos infortunados y aislados, que tienen su origen en funcionarios que han desviado su actuar como militares, faltando a su compromiso de honor, de un proceder ético y profesional del servidor del Estado, dejándose permear por los grupos armados al margen de la ley que delinquen en Colombia, situación ante la cual la misma institución ha tomado acciones".
"La Contrainteligencia Militar ha logrado evidenciar e identificar la persistencia de los grupos armados al margen de ley de recurrir al empleo de recursos económicos ilegales para obtener el material de guerra, vulnerando controles institucionales, lo que puede dar lugar a la pérdida, tráfico, hurto o comercialización ilegal del mismo", añade el Comando que lidera el general Cardozo, insistiendo en que las investigaciones serán las que determinen responsabilidades.
Al margen de si esta denuncia del presidente fue imprecisa o apresurada, lo cierto es que este episodio demuestra el alto grado de penetración de los ilegales en el Ejército. Ahora, a la Contraloría le corresponde ahora verificar si el riesgo del que alertó Petro se mitigó o se consumó para proceder con la apertura de las respectivas investigaciones.
