Piden a la Cancillería acelerar nueva licitación de pasaportes, para no repetir el fracaso de la anterior

Luego de la tormenta que generó la fallida licitación de los pasaportes que adelantó la Cancillería en 2023 y que terminó con una demanda contra el país de la empresa Thomas Greg and Sons, las empresas que siguen interesadas en quedarse con ese contrato le hicieron un llamado a la entidad para que agilice el nuevo proceso y evite que este año se cometan los mismos errores. 

CAMBIO conoció un documento en el que se advierte que, aunque la Cancillería había manifestado que ese sería uno de los temas más importantes de 2024, a la fecha no se ha alcanzado ni siquiera la etapa de publicación de pliegos del proceso contractual que se debe abrir para, por fin, escoger al nuevo proveedor de los pasaportes.

Cabe recordar que en la pasada licitación se presentaron varias observaciones por el presunto direccionamiento del proceso a favor de la empresa Thomas Greg and Sons, que terminó siendo el único proponente y se quedó con el contrato que valía más de 600.000 millones de pesos. 

Posteriormente –tras la orden del propio presidente Gustavo Petro de garantizar la pluralidad de oferentes–, se declaró desierta la licitación, aun cuando ya Thomas Greg se la había ganado con el mayor puntaje posible. La Cancillería promulgó la urgencia manifiesta. Mientras se llevaba a cabo el nuevo proceso, le dio el contrato hasta el 2 de octubre de 2024 al operador que lo tenía anteriormente, es decir, la misma Thomas Greg. 

Ahora, a nueve meses de la finalización de ese contrato, las empresas que quieren participar en el nuevo proceso dicen que este ya debería estar andando, ya que una licitación adecuada y ajustada al derecho requiere más de tres meses de plazo y la preparación del contrato tarda cerca de siete.

Esas fechas que se requieren para que haya un proceso normal y no se presenten los problemas del año pasado, coinciden con las recomendaciones que en su momento entregó la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) en una consultoría que realizó para la Cancillería en 2022, pero que, al parecer, no fueron tenidas en cuenta, lo cual provocó el fracaso de la licitación anterior. 

Teniendo en cuenta que el estudio de mercado para la nueva licitación se realizó en noviembre y que aún no se han publicado los resultados, a las empresas ahora les preocupa los plazos, ya que el nuevo adjudicatario debe tener suficiente tiempo de implementación. Para eso, según el documento conocido por CAMBIO, el contrato debería estar firmado a más tardar en marzo de 2024. 

Expertos consultados aseguran que se necesita establecer plazos suficientes para que las empresas estructuren sus propuestas y la entidad las evalúe. Esa será la única forma en la que se garantizará una amplia concurrencia y se blindará el país frente a posibles acciones legales. 

Y es que, por los errores cometidos en 2023, la empresa Thomas Greg and Sons interpuso una demanda por más de 117.000 millones de pesos contra Colombia, con altas posibilidades de ganar. Por ese caso, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaría contra el canciller, Álvaro Leyva. También hay investigaciones en la Fiscalía contra otros funcionarios de la entidad.