Plata y plomo, tres casos de empresarios metidos en robo de tierras

Hace una semana el presidente Gustavo Petro señaló a Cementos Argos. Dijo que la compañía sacó provecho del conflicto armado al comprar tierras baratas que habían sido despojadas a los campesinos de los Montes de María. La respuesta de Argos, y de algunos sectores políticos, fue que el jefe de Estado atacaba al empresariado y que su política de reforma agraria pone en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios. A raíz del episodio, la Unidad de Restitución de Tierras le entregó al presidente un informe con 617 casos de robo de tierras por parte de empresarios que le sacaron provecho a la guerra. CAMBIO reconstruyó los tres casos emblemáticos que contiene el informe reservado que solicitó Gustavo Petro.

Los campesinos de Montes de María vivieron uno de los capítulos más dolorosos e ilustrativos del despojo de tierras, pero este fenómeno se sigue consolidando a lo largo y ancho de Colombia y no solo asociado a grupos armados sino al interés de grandes y pequeños grupos empresariales, de políticos y de servidores públicos, llamados en la ley de víctimas y restitución de tierras como terceros, sobre quienes existe un manto de impunidad que no se ha logrado esclarecer ni con los testimonios de las víctimas ni con las confesiones de victimarios. Sus acciones han quedado en archivos judiciales empolvados y en informes que hoy llegan por cientos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). 

Tulapas, el despojo paramilitar cubierto con teca

El caso de Tulapas, una región constituida por 36 veredas entre Turbo y San Pedro de Urabá, fue el laboratorio de acumulación de tierras del paramilitarismo. Allí nació el proyecto de la Casa Castaño, allí se dejan ver los engranajes militares  y empresariales de este proyecto criminal, donde fueron claves personajes como Doble Cero, Sor Teresa Gómez, Monoleche y el Fondo Ganadero de Córdoba. El despojo dejó más de 4.000 víctimas e incluyó proyectos de desarrollo vial, ganadero y portuario y concentró una enorme porción de tierra a nombre de Salvatore Mancuso, su esposa, Marta Elena Dereix Martínez y José Benjamín Alvarado Bracamonte.

En esta zona la URT tiene 403 solicitudes de restitución de tierras en distintas etapas. Entre los predios solicitados por campesinos la entidad ha identificado 12 proyectos agroindustriales de propiedad de empresarios y políticos de Antioquia, diez de ellos cubiertos con plantaciones de teca y otras maderas finas y dos más con técnicas de silvopastoriles de ganado. La principal empresa opositora a la Restitución de Tierras en Tulapas es el Fondo Ganadero de Córdoba, que se ha presentado como contraparte de los campesinos en 64 procesos ante los jueces de Apartadó. 

Uno de los casos más complejos es el de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) que, luego de configurado el despojo, y justo antes de la liquidación del Fondo Ganadero de Córdoba firmó contratos de usufructo por más de diez años que aún están vigentes.  Esto ocurrió justo cuando los directivos del fondo ganadero empezaban a comparecer ante los Tribunales de Justicia y Paz, y la consecuencia de estos contratos fue que con esta maniobra se quedaron no solo con los cultivos maderables, sino también con la potestad exclusiva sobre la tierra. 

Así pues, los fallos de restitución no pudieron vincular a la reforestadora como opositora, ya que en estricto sentido no importa quien fuera el dueño de la tierra sino la propiedad sobre el proyecto de reforestación. En este momento ha sido imposible garantizar la restitución material –a pesar de la sentencia– porque el territorio tiene una absoluta transformación, hay afectaciones ambientales y la gente no ha podido retornar. Este mecanismo es considerado una maniobra de perfeccionamiento del despojo, porque la empresa –que tiene capital mixto– no ensucia su nombre, pero sí se beneficia de la consolidación del acaparamiento de tierras. A juicio de la URT existe evidencia de mala fe por parte de la reforestadora que solo hasta finales de 2022 ha intentado vincularse como tercero interviniente siendo que los contratos son viejos y los procesos de restitución también.

Resistencia del resguardo Buenavista y los conflictos por el petróleo en Putumayo

El resguardo indígena Buenavista, del pueblo siona, tiene 4.500 hectáreas formalizadas y más de 52.000 hectáreas de territorio ancestral solicitado en ampliación y restitución, ubicadas entre Colombia y Ecuador, puntualmente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Allí viven 718 personas del pueblo siona, una comunidad que se encuentra en grave riesgo de exterminio cultural y físico por cuenta del conflicto armado y la explotación petrolera. En un reciente informe entregado por la comunidad a la JEP, se deja la advertencia de que a pesar de que el resguardo cuenta con medidas cautelares tanto de restitución de tierras (otorgadas por el Juzgado  de Restitución de Tierras de Mocoa como de la CIDH, persisten las amenazas, las presiones y el conflicto que ha causado la Empresa Petrolera Amerisur Colombia –adquirida por la multinacional Geopark–.

Este caso se trata de un despojo de los recursos naturales y de  un conflicto por el uso del suelo entre el resguardo indígena y los intereses extractivos de la petrolera, que han sido reconocidos por la Corte Constitucional desde el año 2004 como factores derivados de la guerra. 
En 2014, Corpoamazonia otorgó concesión de aguas y un permiso de vertimiento a Vector Geophysical SA. Ese mismo año, petrolera Amerisur realizó consulta previa con el resguardo Buenavista para la explotación del Bloque Put-12, la cual no tuvo acuerdo a pesar de las presiones que los indígenas recibieron por parte de los actores armados que, según la comunidad, intentaron influir en la decisión.

Las autoridades políticas del resguardo denunciaron que a lo largo de 2015  y hasta la fecha, han recibido fuertes presiones de la empresa para que reviertan la determinación de impedir actividad sísmica en el territorio. “La presión incluyó ofrecimiento de dádivas económicas al cabildo y entrega de información engañosa y de mala fe a la comunidad sobre supuestos permisos y licenciamientos irrevocables que habría otorgado el Ministerio del Interior para viabilizar la actividad petrolera”, sostiene el informe. No obstante, las medidas cautelares han respaldado la decisión de los indígenas. Desde el año 2018 los contratos de exploración de hidrocarburos se encuentran suspendidos por orden judicial de restitución de tierras, evitando que se configure de manera irremediable los daños al territorio ancestral.

Llama la atención de este caso que la empresa Petrolera Amerisur a pesar de que se encuentra vinculada y contestó la demanda de restitución, insiste públicamente en que no es opositora, siempre y cuando pueda desarrollar su inversión en el territorio indígena. A la fecha las afectaciones ambientales siguen consumándose, pues la comunidad vive junto al Bloque Petrolero Platanillo, concesionado a esta misma empresa, el cual se encuentra en explotación: en el territorio indígena hay contaminación del río Putumayo, caños y esteros que a él tributan, desecación de humedales, quema y tumba de canangucha (palma endémica de la Amazonia que actúa como especie 'sombrilla' protegida y de alto valor nutricional y alimentario para las comunidades locales), presencia militar e incremento del conflicto armado interno. 

Puerto Girón, una pelea que es más por mar que por tierra

Los procesos de restitución de tierras donde empresas y empresarios están involucrados no suelen ser los clásicos casos donde un actor armado le quita una finca a un campesino y ahora la tierra está en manos de un particular. Más bien, son procesos complejos donde hay grandes intereses económicos, ya sea en inversiones agroforestales, ya en zonas de explotación mineroenergética o, en grandes obras de infraestructura. Este es caso que enfrenta al Consejo Comunitario Puerto Girón y a los inversionistas del proyecto portuario de Puerto Antioquia, a través del cual se busca construir un puerto multipropósito con el cual beneficiar la exportación bananera, permitiendo el ingreso al Golfo de Urabá a buques de gran calado. 

Aquí un consejo comunitario que pide la restitución de un territorio colectivo de 11.200 hectáreas en los municipios de Apartadó, Carepa y Turbo (Antioquia) se enfrenta a una serie de solicitudes individuales y un proyecto portuario que se traslapan territorialmente. Los escenarios de violencia y despojo en esta región vinculan a grandes bananeros de Urabá con grupos paramilitares, pero en este momento el conflicto territorial no es tanto por tierra, como por mar. Allí un grupo de empresas, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, tienen proyectada la construcción de un megaproyecto portuario de Puerto Antioquia, el cual cuenta con inversión de varias empresas, el apoyo de la Gobernación de Antioquia y hasta financiación de la banca multilateral.  

El territorio ancestral del consejo comunitario se encuentra puntualmente en los humedales del río León y la ciénaga de Tumaradó. Cuerpos de agua que históricamente han sido el sustento de las comunidades de pescadores y agricultores que llevaban 22 años solicitando la titulación colectiva del territorio. Según la demanda de restitución presentada por la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras, las comunidades negras de Puerto Girón han vivido tres oleadas de violencia; la de las Farc y el ELN, entre 1980 y 1991; la del EPL, entre 1991 y 1995; y la del paramilitarismo en 1995 y 2004. 

En esta última etapa  los repertorios de violencia produjeron un vaciamiento del territorio, al tiempo que se expandieron las plantaciones de banano y la ganadería. Así lo ilustra la caracterización de afectaciones territoriales que hizo la URT al territorio de la comunidad de Puerto Girón, elaborado en 2016 por la URT: “El Bloque Bananero buscó controlar las zonas aledañas al mar Caribe con el fin de usar la conexión de los ríos León y Suriquí con el Golfo de Urabá para el tráfico de drogas y armas. Así mismo el control estratégico del territorio fue clave para llevar a cabo el despojo de la tierra que posibilitaría su concentración y la expansión de la ganadería y la agroindustria del banano”.

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“El Bloque Bananero buscó controlar las zonas aledañas al mar Caribe con el fin de usar la conexión de los ríos León y Suriquí con el Golfo de Urabá para el tráfico de drogas y armas. Así mismo el control estratégico del territorio fue clave para llevar a cabo el despojo de la tierra que posibilitaría su concentración y la expansión de la ganadería y la agroindustria del banano

En el área de solicitud del territorio colectivo existen 125 propiedades de particulares, las cuales en su mayoría fueron tituladas para facilitar la implementación del proyecto paramilitar, mientras que la exigencia de titulación colectiva a favor del Consejo Comunitario se mantuvo suspendida. “Con la dinamización de la venta de tierras recién transferidas al dominio privado, buena parte de las cuales se dieron en un contexto de control paramilitar, se configuró el despojo material: paulatinamente, valiéndose de negocios con apariencia de legalidad, las tierras fueron acumuladas por personas y sociedades relacionadas estrechamente con reconocidos empresarios de la región”, sostiene el informe, el cual se refiere al caso de Clímaco Chamorro Mendoza, un funcionario del antiguo Incoder que tuvo una estrecha relación con el Bloque Bananero de las AUC. Además, en este proceso de adjudicaciones y ventas masivas de tierras aparecen los nombres, como supuestos despojadores,  de destacados bananeros antioqueños, como los hermanos Jaime y Guillermo Henríquez Gallo, Juan Camilo Ardila Guzmán, Rodrigo de Jesús Posada Echeverri, Héctor de Jesús Duque Echeverri, Carlos Trujillo, Juan José González Serna, Guillermo Navarro, Wuit Bradley Osorno, Adriana Torrecilla, Eladio Torres, Santiago Salas, Benedicto Palacio, entre otros.

De otro lado se encuentra el Parque Natural Regional de los Humedales entre los ríos León y Suriquí. Esta área protegida ha sido el principal obstáculo para la titulación de tierras colectiva pero no ha sido un impedimento para la proyección del megapuerto. El acto administrativo de Corpourabá se produjo en 2011 y se ha convertido en el gran obstáculo para la titulación colectiva. El bloqueo al consejo comunitario, paradójicamente ha significado el avance del megaproyecto del puerto, el cual también tiene serios cuestionamientos, pero aún así sigue proyectado sobre la bahía. El proyecto recibió el apoyo de las autoridades ambientales y administrativas y hoy por hoy amenaza con  materializar el despojo territorial impulsado con la guerra, y echarle tierra a los sueños del consejo comunitario de obtener un título colectivo que garantice la supervivencia de su gente y su cultura.