¿Por qué Bolívar debe dar explicaciones sobre las campañas de influenciadores?

En las últimas horas, se puso sobre la mesa una nueva confrontación entre el Gobierno nacional y la prensa. Es un asunto extremadamente delicado porque está en juego la libertad de expresión en una administración que, en otras ocasiones, ha mostrado reservas para garantizarla plenamente.

En este escenario confluyen varios elementos. El video en el que el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, menciona una campaña de desprestigio contra varios medios de comunicación, entre ellos Caracol, RCN y Semana, es auténtico.

Bolívar lo reconoció en su cuenta de X. Él enfatiza que se trata de una conversación privada, mientras que elude su responsabilidad por el contenido. En ella afirma: “Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana han dado resultado”.

Sin embargo, este 8 de noviembre Bolívar publicó un nuevo comunicado de prensa en el que afirma que video fue "alterado" y que acudirá a la justicia por "vulneración a su intimidad y posible uso de herramientas de espionaje".

Al respecto, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó la situación como “sumamente grave y preocupante” en referencia a la posible financiación de influenciadores para deteriorar la imagen de la prensa.

Para Bock, es inquietante que estas campañas podrían estar siendo alentadas “desde el Gobierno nacional y algunos de sus funcionarios, en busca de deslegitimar las denuncias y los informes periodísticos que han sido publicados”.

Bolívar, uno de los funcionarios más poderosos

En el video, que fue publicado por la revista Semana, Bolívar, uno de los hombres más poderosos por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, expresa satisfacción al considerar que las comunicaciones del Gobierno han cambiado, pues los influenciadores “tienen más credibilidad” y “la gente está empezando a mirar las noticias a través de ellos”.

Según Semana, se trata de una conversación virtual desde Cali, realizada hace pocos días. Al analizar una reciente encuesta pagada por el propio Gobierno, en la que el presidente Gustavo Petro registró una imagen favorable del 51 %, Bolívar comentó:

“Sí, tiene que ver con un cambio en las comunicaciones. Ahora creo que el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes. Todos los influenciadores han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar noticias a través de ellos".

“Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están atacando al presidente. Bueno, ese es el panorama, yo creo que es positivo”, añadió Bolívar.

Ante esto, Bolívar escribió en su cuenta de X: “Sobre un video que publica Semana en el que digo que las campañas de desprestigio contra el gobierno han sido terribles:

1.    Es una conversación absolutamente privada.

2.    No debo rendir cuentas por lo que digo en privado.

3.    ¿Cómo llega a manos de un medio una conversación 100 % privada, que ni publiqué nunca ni he autorizado a publicar?

4.    He sido absolutamente respetuoso con los medios y lo seguiré siendo”.

El presidente Gustavo Petro respaldó esta postura, cuestionando cómo una conversación privada llegó a Semana y fue publicada por la revista.

La respuesta del alto gobierno elude el problema de fondo: ¿Se está pagando con dineros públicos a influenciadores para atacar a los medios de comunicación? ¿Quién está financiando estos contenidos? ¿Cómo justifican los gastos en estrategias que claramente van en contra de la prensa, uno de los pilares de la democracia?

El peligro de las campañas de desprestigio

En entrevista con Caracol TV, Bock señaló que este reconocimiento por parte de Bolívar sobre una campaña de desprestigio contra algunos medios de comunicación, tal como él lo expresa, ratifica de alguna manera las denuncias que la Flip, otras organizaciones y medios han realizado sobre campañas de desprestigio, especialmente en redes sociales y entornos digitales.

“Esto es sumamente grave y preocupante, ya que si estas campañas están siendo alentadas desde el Gobierno Nacional o desde algunos de sus funcionarios, estaríamos ante un intento de deslegitimar las denuncias y los informes periodísticos que han sido publicados", dijo.

“Esto, por supuesto, va en contravía de los principios de libertad de prensa y termina afectando el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas”, afirmó Bock.

Bock también resaltó que la libertad de prensa se ve afectada si un miembro del gobierno nacional admite la existencia de una campaña de desprestigio dirigida a los medios de comunicación mediante influenciadores, pues esto desincentiva el trabajo periodístico y promueve que la gente se informe solo a través de canales alineados con el Gobierno.

Para Bock, la respuesta de Bolívar no debería limitarse a decir que sus palabras fueron expresadas en un ámbito privado.

“Los funcionarios públicos deben ser tolerantes a la crítica. La manera en la que deben promover esta tolerancia implica no interferir ni intentar censurar o presionar el trabajo de los medios de comunicación”, indicó.

En un comunicado la FLIP dice: Frente al argumento de que el video se capturó en una conversación privada, vale la pena recordar la decisión tomada por la Corte Constitucional en la sentencia T-203 de 2022.

En esta decisión, la Corte encontró que había sido legítima la difusión no autorizada de un audio en el que se escuchaba al por entonces gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, Juan Pablo Bieri, involucrado en un acto de censura.

En la sentencia, este tribunal sostuvo que: “si bien desde el punto de vista del lugar en que se realizó el encuentro existía alguna expectativa de privacidad, lo cierto es que la reunión se desenvolvió en el plano de asuntos que no están amparados por una reserva especial y que, prima facie, son de importancia social”. En consecuencia, concluyó que la actuación de la persona que reveló el audio se encontraba “protegida por la Constitución Política, debido a que es un acto destinado a encender las alarmas a favor de la democracia, antes la evidencia de los mencionados actos de censura”.

"Desde la FLIP, instamos al gobierno del presidente Gustavo Petro a aclarar públicamente su relación con estas campañas de desprestigio y a tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con la libertad de prensa en el país. Cualquier intento de limitar o coartar el ejercicio informativo es contrario a las normas internacionales de derechos humanos y afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y diversa", asegura la Fundación.

Precisamente, hace un tiempo, Bolívar anunció públicamente: “Busco influenciadores”. Según explicó en su momento, el director de Prosperidad Social buscaba contratar personas con influencia en redes para promover la agenda del Gobierno.

El diario El Colombiano presentó un informe reciente en el que asegura que el Gobierno ha gastado 400 millones de pesos en contratos a influenciadores que “matonean” a los críticos.

La llegada, por ejemplo, de activistas como Don Izquierdo, quienes recurren al acoso y a la cultura de la cancelación en redes —un tema cada vez más debatido en la opinión pública debido a sus efectos en la salud mental— coincide con el momento de mayor tensión entre el presidente y los medios, tras los ataques directos del jefe de Estado a la prensa, dice el diario.

Los ataques a los medios abundan. Es evidente, por ejemplo, que, cuando el periodista Ricardo Calderón, director de la Unidad Investigativa de Caracol TV, divulga alguna investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios cercanos al Gobierno, como en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), de inmediato se crean tendencias en redes sociales para desacreditar al comunicador y alegar que miente.

Así, logran posicionar estas tendencias en las redes sociales. Lo cual afecta la credibilidad de los medios y se impone un relato oficial.