La investigación secreta de Gloria Arizabaleta sobre la financiación de la campaña Petro

Hace apenas unos días la representante del Pacto Histórico —hoy suspendida— Gloria Arizabaleta era reconocida públicamente más por la relación que tuvo en el pasado con Roy Barreras que por protagonizar grandes controversias nacionales. Hoy está cerca del desprestigio: cuestionada por algunos de los juristas más importantes del país, suspendida por la Procuraduría, denunciada penalmente por el presidente Gustavo Petro e investigada por la Corte Suprema de Justicia. Todo por un auto con el que, la semana pasada, intentó suspender provisionalmente al jefe de Estado por presunta participación en política. Nunca algo semejante había ocurrido en la historia reciente. La escena de una representante mostrándole los dientes al presidente de esa manera casi que ni puede ser explicada por los mejores periodistas del país. Pero lo que hay detrás de esa pelea es mucho más jugoso que la discusión que ha encabezado los titulares de prensa. Arizabaleta se había distanciado de varios pesos pesados de su partido porque en los pasillos de la Casa de Nariño corrían versiones de que venía sosteniendo conversaciones con autoridades de Estados Unidos para avanzar silenciosamente en uno de los expedientes más sensibles para el petrismo: la financiación de la campaña presidencial de 2022 con presuntas fuentes prohibidas. CAMBIO revela la historia.

La mañana en que Gloria Arizabaleta firmó el auto para suspender provisionalmente al presidente, buena parte del país creyó estar presenciando un episodio de improvisación jurídica y, sobre todo, una jugada política. Los constitucionalistas discutían si una representante investigadora podía tomar semejante decisión. Los dirigentes del Pacto Histórico hablaban de un despropósito jurídico. La oposición sostenía que se trataba de una estrategia para permitirle a Petro hacer política a favor de su candidato, Iván Cepeda, y convertirlo en un mártir a pocos días de volver a las urnas. Mientras todos discutían sobre la suspensión, casi nadie reparó en un detalle mucho más importante: para ese momento Arizabaleta llevaba varios meses concentrada en una investigación completamente distinta.

Una semana antes de firmar el auto, la representante había dado una señal de lo que estaba ocurriendo. El 3 de junio salvó voto dentro de la investigación que la Comisión de Acusaciones adelanta contra Gustavo Petro por la presunta violación de topes en su campaña presidencial. Mientras Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico y coordinador del grupo investigador, proponía cerrar el expediente mediante una decisión inhibitoria, Arizabaleta pidió exactamente lo contrario. En un documento que pasó relativamente desapercibido fuera de los círculos políticos sostuvo que la etapa preliminar había reunido suficientes elementos para vincular formalmente al presidente al proceso y llamarlo a indagatoria.

Aquella decisión fue interpretada como una diferencia jurídica y política dentro de la Comisión. Pero no era solo eso. Detrás de ese salvamento de voto estaba una exfiscal que no compartía la idea de cerrarle al presidente el capítulo de la financiación de campaña porque, en al menos dos expedientes que adelantaba sobre el tema, había encontrado información que, a su juicio, debía ser investigada a profundidad.

Las pesquisas de Arizabaleta avanzaban por otro carril y tenían un objetivo mucho más ambicioso: reconstruir el capítulo de la financiación de la campaña presidencial de 2022 a partir de información que hoy permanece fuera del alcance de las autoridades colombianas.

Según fuentes enteradas de esas actuaciones, desde finales del año pasado Arizabaleta venía adelantando gestiones relacionadas con información que reposa en Estados Unidos y que podría tener relevancia para los procesos que se siguen en Colombia. Su interés estaba concentrado en testimonios, declaraciones y evidencias que podrían ayudar a establecer si recursos provenientes de fuentes prohibidas —específicamente dineros del narcotráfico y del régimen venezolano— terminaron llegando a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. Ese trabajo avanzaba lejos de los reflectores. Y es precisamente ahí donde comienza esta historia.

Por eso, cuando las intenciones de Arizabaleta contra el presidente se volvieron públicas y, apenas una semana después de su salvamento de voto, pasó a intentar suspenderlo provisionalmente del cargo, la opinión pública empezó a hacerse una pregunta casi automática: ¿por qué una congresista del propio Pacto Histórico estaba dispuesta a enfrentarse al presidente de la República por la financiación de su campaña? La respuesta que empezó a circular desde el Gobierno fue muy distinta a la que ella daba en privado.

La investigación contra el presidente que se le volteó en su contra

El primero en fijar posición fue el propio Gustavo Petro. Apenas se conoció el auto de suspensión aseguró que detrás de la decisión no había una discusión jurídica sino una retaliación política. Según el presidente, Arizabaleta habría realizado solicitudes a varios de sus ministros que nunca fueron atendidas. Lo que vino después fue una acusación todavía más grave: que la actuación de la representante podía interpretarse como una forma de presión contra el Gobierno por no haber obtenido lo que buscaba. La controversia escaló rápidamente. Días después, esa misma tesis terminó convertida en una denuncia penal radicada ante la Corte Suprema de Justicia.

La palabra escogida por la defensa presidencial no fue menor: concusión. Un delito que, en términos sencillos, consiste en utilizar el poder de un cargo público para exigir o presionar a otros en busca de un beneficio indebido. La denuncia no afirma que el delito esté probado. Lo que solicita es que la Corte investigue si existe alguna relación entre las actuaciones de Arizabaleta y las supuestas solicitudes que, según Petro, habría realizado a miembros de su Gobierno. También pide escuchar a varios ministros y funcionarios que, de acuerdo con el documento, habrían recibido esas peticiones.

La respuesta produjo un efecto inmediato en Bogotá. Durante varios días la discusión dejó de girar alrededor de la financiación de campañas y pasó a concentrarse en una pregunta mucho más terrenal: qué era exactamente lo que estaba reclamando Gloria Arizabaleta y por qué el presidente estaba dispuesto a denunciarla públicamente.

Fue entonces cuando apareció una frase que, para muchos, pasó desapercibida. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que a la representante "le había faltado ser más previsora". Dentro de los círculos políticos fue leído rápidamente como un mensaje dirigido a quienes conocían la historia de las cuotas burocráticas de Arizabaleta.

Según fuentes políticas enteradas de los hechos, el meollo de la disputa estaría en la Fiduprevisora. Allí se habría acumulado buena parte de las tensiones entre Arizabaleta y sectores del Gobierno durante los últimos meses. Las fuentes consultadas sostienen que la inconformidad de la representante no estaba relacionada únicamente con puestos o recomendaciones burocráticas, como rápidamente se instaló en el debate público. Detrás existía una disputa más profunda sobre espacios de poder, capacidad de decisión e influencia dentro de una entidad estratégica para el Ejecutivo.

Esa versión terminó imponiéndose. Para algunos dirigentes del Pacto Histórico, Arizabaleta era una congresista molesta porque el Gobierno no le había cumplido. Para otros, una representante que había cometido un error jurídico monumental y que intentaba justificarlo políticamente. Incluso hubo quienes sostuvieron que todo el episodio terminaba favoreciendo al propio Petro, que podía presentarse como una víctima institucional en plena campaña electoral. Pero mientras la conversación pública se concentraba en la Fiduprevisora, las cuotas burocráticas y las supuestas presiones a ministros, casi nadie estaba mirando el asunto que realmente ocupaba a Arizabaleta desde meses atrás y que, quizás, un tanto cegada por la información que tenía en sus manos, terminó llevándola a actuar como kamikaze.

Las pesquisas de Arizabaleta sobre la financiación de la campaña Petro

Mientras el país discutía si Gloria Arizabaleta era una congresista resentida porque no le habían dado suficiente poder en la Fiduprevisora, una ignorante de la Constitución o una dirigente que terminó haciéndole un favor político a Gustavo Petro, nadie estaba mirando el expediente que realmente podía haberla llevado a enfrentarse, judicialmente, con el presidente. Porque mientras la opinión pública se concentraba en la suspensión, Arizabaleta llevaba meses siguiendo una pista mucho más delicada: la posible financiación de la campaña presidencial de 2022 con recursos provenientes de fuentes prohibidas.

La obsesión no surgió de la nada. A comienzos de este año, The New York Times reveló que fiscales federales de Estados Unidos adelantaban investigaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo en las que aparecía mencionado el nombre de Gustavo Petro. Días después, Reuters confirmó la información citando fuentes conocedoras de esos procesos. Según esas publicaciones, dos fiscalías federales, una en Manhattan y otra en Brooklyn, avanzaban en pesquisas más amplias sobre organizaciones criminales y rutas internacionales de dinero. Petro no aparecía como objetivo principal de las investigaciones, pero su nombre sí figuraba dentro de los expedientes. Los fiscales norteamericanos estarían analizando la posible entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022. La noticia provocó un terremoto político en Colombia. Para Arizabaleta significó otra cosa: la posibilidad de que parte de la información que buscaban las autoridades colombianas estuviera guardada en Estados Unidos. Pero, aunque esas investigaciones de la justicia norteamericana solo se conocieron públicamente este año, ella sabía de su existencia desde meses atrás.

Según fuentes enteradas, desde finales del año pasado la representante empezó a sostener conversaciones con fiscales, abogados y personas vinculadas a esos procesos. Su objetivo era establecer qué información existía realmente y si alguna podía servir para las investigaciones que avanzaban en la Comisión de Acusaciones. La hipótesis era sencilla: si las autoridades estadounidenses estaban investigando estructuras criminales que, según distintas versiones judiciales, tuvieron interés en influir en la política colombiana, allí podían existir testimonios capaces de arrojar luz sobre la financiación de la campaña presidencial.

En esas conversaciones aparecían nombres que durante años han rondado los expedientes más sensibles del continente: Hugo “El Pollo” Carvajal, antiguo jefe de inteligencia del chavismo; Alex Saab, considerado uno de los principales operadores financieros del régimen venezolano; Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel; Diego Marín, conocido como Papá Pitufo; Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba, y Felipe Tuluá, alias Pipe Tuluá. No todos pertenecen a los mismos procesos ni todos hablan de los mismos hechos. Pero, según las fuentes consultadas por CAMBIO, varios de esos nombres convergían en una misma preocupación: las versiones sobre posibles aportes o apoyos ilegales a la campaña presidencial de 2022.

Arizabaleta no tenía esas declaraciones en su poder. Lo que buscaba, por distintas vías, era que llegaran a Colombia mediante mecanismos de cooperación judicial. Por eso, cuando el 3 de junio salvó voto y pidió vincular formalmente al presidente al proceso por financiación de campaña, no estaba pensando únicamente en los elementos que ya reposaban en el expediente. También estaba pensando en la información que todavía no había llegado.

Esa certeza ayuda a explicar lo que ocurrió después. Según personas que hablaron con ella durante esos días, la representante estaba convencida de que se encontraba frente al expediente más delicado del actual Gobierno. Uno capaz de perseguir políticamente a Petro incluso después de abandonar la Casa de Nariño. Uno que podía terminar conectando investigaciones colombianas con testimonios obtenidos por autoridades estadounidenses. Quizás por eso sintió que tenía al presidente contra las cuerdas. Y quizás por eso calculó mal y decidió mostrarle los dientes por lo que, al lado de las pesquisas que adelantaba, podía ser la menor de las preocupaciones del mandatario: una presunta participación indebida en política.

Arizabaleta estudió normas disciplinarias y consultó juristas, exmagistrados y antiguos funcionarios judiciales. Su interpretación era que podía adoptar la medida cautelar, pero cometió un error: creyó que se trataba de una decisión ejecutable por el presidente del Senado, Lidio García, y olvidó lo esencial: cualquier medida de esa naturaleza debía ser revisada y aprobada por su superior, la sala plena de la Comisión de Acusaciones. Lo que vino después ya es historia conocida. En cuestión de horas, la investigadora pasó a ser la investigada. La mujer que creía estar acercándose al expediente más sensible para el presidente terminó suspendida por la Procuraduría, denunciada por Petro e investigada por la Corte Suprema. Y la investigación que llevaba meses siguiendo quedó sepultada, por ahora, bajo una tormenta política que ella misma ayudó a desatar.

El error que cambió la historia

Quizás Gloria Arizabaleta se encegueció. No sería la primera investigadora que confunde la fuerza de un expediente con la fuerza de su cargo. Durante meses había seguido una ruta que pocos estaban mirando. Mientras el país discutía discursos presidenciales, peleas entre ministros y controversias de coyuntura, ella intentaba entender qué sabían en Estados Unidos sobre la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Había llegado a la conclusión de que la historia no terminaba en los topes electorales ni en las multas del Consejo Nacional Electoral. Creía que todavía faltaba escribir el capítulo más importante.

El 3 de junio dejó una señal de lo que venía. Cuando salvó voto y pidió vincular formalmente al presidente al proceso por financiación de campaña, estaba diciendo algo mucho más profundo que una simple diferencia jurídica con Alirio Uribe. Estaba advirtiendo que, a su juicio, la investigación apenas comenzaba. Que todavía quedaban preguntas sin responder. Que todavía había testigos por escuchar. Que todavía había dinero por rastrear. Pero una semana después cambió el terreno de juego.

La mujer que parecía decidida a perseguir durante años el expediente más sensible del petrismo terminó apostándolo todo a una decisión que duró menos de lo que tarda un escándalo en envejecer en Colombia.

La verdadera tragedia política de Gloria Arizabaleta no es haber terminado suspendida, denunciada e investigada. Es haber desperdiciado una oportunidad que muy pocos representantes han tenido en la historia reciente. Durante meses tuvo en sus manos un expediente que, de avanzar, podía poner en jaque a un presidente en ejercicio por el capítulo más sensible de cualquier campaña: el origen de su financiación. En una Comisión de Acusaciones que durante décadas ha cargado el estigma de ser la "Comisión de Absoluciones", Arizabaleta pudo convertirse en la investigadora que rompiera esa tradición. Pero cuando estaba más cerca de que la discusión girara alrededor de las pesquisas sobre la campaña, cometió un error elemental: confundió la fuerza de la investigación con la fuerza de sus facultades. Y terminó entregándole a sus adversarios políticos la oportunidad de convertirla a ella en el escándalo y desacreditarla, mientras el expediente que pretendía impulsar volvió a quedar, una vez más, en segundo plano.