Los argumentos con los que la Comisión de Acusaciones pretende suspender del cargo al presidente Gustavo Petro
CAMBIO conoció el proyecto de la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta en el que propone suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro al considerar que habría cometido una falta gravísima por su presunta participación en política en la campaña electoral de 2026. Para efectuarse, todos los integrantes de la Comisión deberán votar.
Por: Sylvia Charry
La representante Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, firmó un proyecto de decisión que propone suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro de su cargo hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial.
La medida está contenida en un auto de siete páginas fechado el 10 de junio de 2026, dentro del expediente 7525, en el que Petro aparece investigado por una presunta intervención en política. El documento sostiene que existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar mientras avanza la investigación disciplinaria.
La propuesta se fundamenta en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que permite suspender provisionalmente a un funcionario cuando existan indicios de una falta grave o gravísima y cuando su permanencia en el cargo pueda facilitar la continuación de la conducta investigada, su reiteración o interferir con el proceso.
Aunque la decisión todavía deberá surtir los trámites correspondientes, el documento constituye uno de los movimientos más audaces que se han producido dentro de la Comisión de Acusaciones contra un presidente en ejercicio. Más aún porque proviene de una congresista perteneciente al mismo movimiento político del mandatario.
La tesis central: Petro estaría participando en política
El núcleo de la argumentación de Arizabaleta es que la conducta investigada podría encajar en la prohibición de participación en política prevista en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019.
Según el documento, la eventual falta tendría carácter gravísimo debido a la posición institucional del presidente y a la obligación constitucional de neutralidad que recae sobre los servidores públicos durante una contienda electoral.
La representante señala que, aunque la determinación definitiva deberá producirse dentro de la investigación, la gravedad de los hechos investigados permite concluir preliminarmente que no se trataría de una conducta menor.
Para sustentar esa afirmación, el proyecto insiste en que la intervención política atribuida al jefe de Estado habría ocurrido en plena campaña presidencial, a pocos días de la segunda vuelta, circunstancia que incrementaría su relevancia disciplinaria. Por eso, para la representante, Petro debe ser suspendido del cargo hasta la segunda vuelta presidencial.
El proyecto argumenta que la conducta investigada solo puede producirse dentro del contexto electoral actual y que, por tanto, la medida debe limitarse estrictamente al período durante el cual existiría el riesgo de reiteración. El documento también dispone que la decisión sea comunicada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para su cumplimiento inmediato y que se notifique tanto al presidente Petro como al Ministerio Público.
Los mensajes en redes sociales
Uno de los apartados centrales del documento se refiere a la actividad del presidente en la red social X.
Arizabaleta sostiene que entre el 6 y el 9 de junio de 2026 la cuenta oficial @petrogustavo publicó mensajes relacionados con candidatos y con la campaña presidencial en curso.
Según la representante investigadora, la reiteración de esas publicaciones constituye un elemento de juicio que permite inferir que la conducta podría continuar mientras permanezca abierta la contienda electoral. Ese punto es fundamental dentro de la lógica jurídica del proyecto.
La suspensión provisional no se plantea como una sanción anticipada por hechos pasados, sino como una medida destinada a impedir que la conducta investigada continúe produciéndose durante los días que faltan para la elección.
En otras palabras, la representante argumenta que el riesgo no está únicamente en lo que Petro ya hizo, sino en lo que podría seguir haciendo desde la Presidencia mientras se desarrolla la campaña.
Los cuatro requisitos que, según Arizabaleta, se cumplen
El documento dedica varias páginas a demostrar que se cumplen los requisitos exigidos por la ley para imponer una suspensión provisional. El primero es que el investigado se encuentre ejerciendo el cargo.
La representante señala que Gustavo Petro es el actual presidente de la República para el período 2022-2026 y que, por tanto, se encuentra en ejercicio de las funciones que dieron origen a la actuación disciplinaria.
El segundo requisito es la naturaleza de la falta. En criterio de Arizabaleta, la conducta investigada podría constituir una falta gravísima debido al desconocimiento del deber de neutralidad que deben observar los servidores públicos durante los procesos electorales.
El tercer requisito consiste en demostrar que existe la posibilidad de que la conducta continúe o se repita.
Es allí donde el proyecto concentra buena parte de su argumentación. La representante sostiene que la segunda vuelta presidencial está programada para el 21 de junio y que Colombia se encuentra inmersa en una campaña electoral activa. Por esa razón considera que la permanencia de Petro en el cargo permitiría que la presunta intervención en política continúe desarrollándose.
Finalmente, el documento analiza el requisito de proporcionalidad. Arizabaleta concluye que la suspensión sería una medida idónea porque evitaría la eventual continuación de la conducta; necesaria porque no existiría una alternativa menos restrictiva que produzca el mismo efecto; y proporcional porque la afectación temporal al ejercicio del cargo sería menor que el interés constitucional de garantizar la neutralidad de los servidores públicos durante la campaña electoral.
El problema constitucional
Uno de los apartados más delicados del proyecto aborda una cuestión que inevitablemente genera controversia: el fuero presidencial. La representante reconoce expresamente que la Constitución establece reglas especiales para los procesos contra el presidente de la República.
El documento recuerda que el artículo 175 de la Constitución señala que, en los juicios adelantados ante el Senado, el acusado queda suspendido de su empleo cuando una acusación sea públicamente admitida. También cita el artículo 199, según el cual el presidente no puede ser perseguido ni juzgado durante su período sino mediante los procedimientos constitucionales especiales.
Sin embargo, Arizabaleta sostiene que la suspensión propuesta tiene una naturaleza distinta. Según su interpretación, no se trata de una sanción ni de una declaración de responsabilidad, sino de una medida cautelar y transitoria destinada exclusivamente a impedir que continúe la presunta conducta investigada durante la campaña electoral.
Por esa razón concluye que la medida sería compatible con las facultades previstas en la Ley 1952 de 2019 y estaría sometida posteriormente a los controles disciplinarios y judiciales correspondientes.
Una decisión sin precedentes recientes
Más allá de su viabilidad jurídica, el proyecto de Gloria Arizabaleta representa uno de los episodios más llamativos dentro de la Comisión de Acusaciones durante el gobierno Petro. No solo porque plantea la suspensión temporal de un presidente en ejercicio en plena campaña electoral, sino porque la iniciativa proviene de una representante elegida por el mismo movimiento político que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Eso, sin mencionar que sería la primera decisión trascendental que ese organismo toma.
La discusión de fondo ahora gira alrededor de una pregunta: si las facultades cautelares previstas en el Código General Disciplinario pueden aplicarse a un presidente de la República protegido por un régimen constitucional especial de juzgamiento.
Esa será, probablemente, la controversia jurídica que determinará el destino del proyecto.
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