Primicia: contrato de camionetas blindadas para la UNP volvió a quedar en manos de empresa relacionada con un escándalo de corrupción

Tortuoso: sin duda ese es el mejor adjetivo para calificar el proceso para comprar las 170 camionetas blindadas que necesita la Unidad Nacional de Protección (UNP). En el primer trimestre de este año, de nuevo se intentó obtenerlas por medio de un contrato interadministrativo con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Esto con el fin de que esa entidad las adquiriera, ya que antes lo hacía directamente la UNP, que no pudo lograrlo. 

La selección, efectuada con la modalidad de subasta, avanzó hasta la entrega de propuestas. Fue entonces cuando, en junio de este año, CAMBIO reveló los presuntos vínculos de un contratista con Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia. Posteriormente, solo un proponente fue habilitado. En consecuencia, se decidió declarar desierta la adjudicación.  

Tres meses después se hizo un nuevo esfuerzo cuando la Agencia Logística de las Fuerzas Militares abrió otra vez la convocatoria, que tampoco se salvó de los cuestionamientos. Para ese entonces, CAMBIO volvió a rastrear a las empresas que tenían interés de participar en el proceso y encontró nombres vinculados con el cartel de los carros blindados, denunciado hace un par de años por los medios de comunicación e investigado por la Fiscalía. 

Aunque el ente acusador no había condenado a los proponentes relacionados en el pasado con ese escándalo y, por ende, la Agencia tampoco podía inhabilitarlos, llamó la atención que las mismas personas investigadas por corrupción se asociaran de nuevo para quedarse con un nuevo contrato cuyo objeto es el mismo con el que habrían cometido conductas presuntamente irregulares. 

A esa situación se sumó una dura advertencia que la Procuraduría General de la Nación hizo a mediados de octubre de este año. El ente de control revisó los pliegos de la licitación y halló varios problemas que podrían afectar la competencia. Uno de ellos, por ejemplo, se relacionaba con la experiencia que la Agencia Logística exigía a los proponentes y que dejaba por fuera a empresas relativamente nuevas. 

Que la Procuraduría hiciera esas observaciones, más al temor de repetir la historia de los pasaportes en la Cancillería, donde los pliegos supuestamente fueron diseñados para un único proponente, hizo que a fines de octubre la agencia revocara el proceso de selección. Así, una vez más la compra de las camionetas se aplazó aunque ya se habían presentado dos ofertas. 

En todos los medios de comunicación se registró dicha revocatoria y, desde entonces, no se volvió a hablar del tema. Sin embargo, CAMBIO pudo establecer que la agencia siguió adelante con el proceso y hace una semana contrató una parte de las camionetas blindadas, de las que tanto se habló este año pero cuya subasta se había detenido.

El contrato que ya se entregó 

El pasado 4 de diciembre, cerca de la fecha en que las entidades hacen el balance de su gestión anual, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares firmó el contrato para la adquisición de 64 de los 170 carros que se le entregarán a la UNP. 

El documento conocido por CAMBIO muestra que el contrato tiene un valor de 28.774 millones de pesos y corresponde solo a dos lotes de los 5 que la agencia logística entregará. Es llamativo que se haya firmado ese proceso, aun cuando la propia entidad lo revocó solo un mes y medio antes. 

 
Ese no es el único problema. El proponente que participó sin competencia en la subasta y, por ende su adjudicatario, es la Unión Temporal Albo -Blink, conformada por las empresas Alborautos, que tiene una participación de 70 por ciento en el consorcio, y One Mobility, con el 30 por ciento restante. 

CAMBIO encontró que One Mobility es una empresa relacionada con la compañía 7M Group (antes M&M Group), cuyo representante legal, según la Fiscalía General de la Nación, era Martín Manjarrés, vinculado al escándalo denominado “el cartel de los carros blindados”. 

El caso, revelado por el periodista Daniel Coronell hace dos años, mostró un presunto concierto para delinquir entre altos funcionarios del Estado y particulares, que cuadraban licitaciones de miles de millones de pesos entre proveedores privados y entidades oficiales para la adquisición de los vehículos. Por esa razón, Martín Manjarrés fue llamado a imputación de cargos.

La relación de ahora entre One Mobility y 7M Group se demuestra con el Registro Único de Proponentes que se presentó al nuevo proceso de subasta que adelantó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En el documento que obtuvo CAMBIO se acredita como experiencia para One Mobility los contratos que en el pasado tuvo 7M Group, como si se tratara de la misma empresa. 

CAMBIO contactó al señor Manjarrés para preguntarle por la relación de su empresa con este nuevo contrato. El empresario respondió que hace años One Mobility fue socia de su empresa 7M Group, pero que hoy no tienen una relación "directa". Al insistirle por el tipo de vinculo que mantiene con la compañía que ganó el nuevo contrato en la ALFM, Manjarrés explicó que algunos socios de One Mobility son parte de su familia: específicamente sus hijos. 

La respuesta es llamativa ya que, al indagar más sobre cuántos hijos de Manjarrés participan en la empresa de la que él fue socio, el empresario respondió que, al ser menores de edad, por seguridad de ellos se reserva entregar información adicional.    

Entre tanto en la Fiscalía, donde Manjarrés buscó un principio de oportunidad asegurando que tenía información sobre 17 personas más vinculadas al cartel de los carros blindados, el caso continúa. Aún no hay avances ni condenas, pero quienes fueron mencionados siguen vinculados al proceso penal. 

Sobre dicho proceso, Manjarrés le dijo a CAMBIO que está para audiencia de acusación. Recordó, además, que el caso se dio como consecuencia de una supuesta retaliación de la exfiscal Angélica Monsalve por no haberle dado dinero para que archivara la investigación. Estos determinó que Monsalve fuese imputada por concusión en contumacia. 

No cambiaron los pliegos y el plazo es casi imposible de cumplir 

Otro tema que ha alertado a quienes conocen este proceso es que, a pesar de la revocatoria del mismo, por causa de las advertencias de la Procuraduría los pliegos no cambiaron; por ejemplo, la exigencia de la experiencia que tanto preocupó al ente de control se mantuvo.   

Además, el plazo para entregar las camionetas es el 20 de diciembre de este año lo que resultaría imposible de cumplir teniendo en cuenta que hace menos de diez días se firmó el contrato. 

Una fuente cercana a la licitación le contó a CAMBIO que a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares llegaron varias observaciones de posibles proponentes que pidieron otras fechas de entrega para presentar porque “es muy difícil blindar 64 camionetas en menos de 15 días y si una empresa no tiene la certeza de que se va a ganar el proceso, no puede adecuar los vehículos antes”. 

La respuesta que les dio la entidad es que no podía correrse el plazo porque así lo requería la UNP. En consecuencia, se lanza una nueva alerta: es muy seguro que el consorcio que ganó, que tampoco tiene los carros listos, tendrá que pedir una prórroga al contrato, lo cual podría motivar un denuncia de los otros empresarios que querían participar pero a quienes no se les permitió tener más tiempo para el cumplimiento del contrato.

“Ni siquiera la empresa que ganó tiene los vehículos ya blindados. Por eso, lo más seguro es que el 20 de diciembre conozcamos que el contrato fue aplazado. Lo grave es que ya les debieron pagar el anticipo que se estableció en los pliegos de este proceso”, manifestó la fuente que, por seguridad, pidio no revelar su nombre. 

Justamente sobre el anticipo, CAMBIO conoció que se pactó un primer pago correspondiente al 50 por ciento del valor del contrato previa constitución de la garantía. No obstante, se les pagaría casi todo antes de que entreguen los carros, ya que como  puede verse en el documento del contrato, el 50 por ciento del valor total se cancela en el momento de la firma, el 20 por ciento cuando se matriculen los vehículos y otro 20 por ciento cuando los carros entren al blindaje. 

CAMBIO consultó a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por este proceso. Al cierre de esta edición, no han respondido.