¿Qué le espera al sistema de salud tras la intervención a EPS Sanitas?

Ya había comenzado a llover en Bogotá cuando, a las 6.38 p.m., en un mensaje en redes sociales, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó la noticia que, hasta el momento, era un creciente rumor: “La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por tiempo de un año”. Desde entonces, los más de 5,7 millones de usuarios de la Eps Sanitas se preguntan qué pasará con sus servicios médicos, y todos los colombianos, si este es el comienzo del fin del sistema de salud del país. 

Fuentes consultadas por CAMBIO, que son cercanas al proceso y pidieron no ser citadas, aseguran que la decisión de la Superintendencia es una acto de gran torpeza estratégica del gobierno. El costo político, aseguran, será enorme, y las consecuencias para la salud de los colombianos, devastadoras. Si bien el ministro de Salud llamó a la calma y aseguró que “los cinco millones de afiliados pueden estar tranquilos” y que se evitó un “colapso financiero”, lo cierto es que la puerta que abrió el Gobierno con la intervención a Sanitas, cuya deuda a noviembre de 2023 ascendía a 2,1 billones de pesos, no se sabe a dónde nos llevará.

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El exministro de salud Alejandro Gaviria, un abierto contradictor de la reforma a la Salud del Gobierno Petro, calificó la intervención de la Eps Sanitas como un acto revanchista. Es, le dijo a CAMBIO, “poner la ideología por encima de la vida de la gente. Esto es un rompimiento institucional. Muy grave”.  Gaviria opina que con esta decisión el Gobierno comienza a configurar el fin del sistema: “queda –dice– muy averiado después de esto. No la están liquidando, no están repartiendo los afiliados todavía, pero mi experiencia, incluso con SaludCoop, es que comenzará una deriva de destrucción”. 

Hoy muchos se preguntan: ¿por qué el Gobierno intervino, selectivamente, a la Eps Sanitas, cuando hay varias que tienen peores cifras en variantes como deudas por afiliado o el número de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) por afiliado? Fuentes consultadas por CAMBIO sostienen que la intervención a Sanitas podría estar directamente relacionada con una pelea personal del presidente Petro con la empresa española Keralty, dueña de la Eps Sanitas, que fue fundada en Colombia en 1994. Al parecer, más allá de indicadores, la postura abiertamente crítica a la reforma a salud que sostuvo Sanitas, en cabeza de su presidente Juan Pablo Rueda  -que se convirtió en el vocero que más alzó la voz en defensa de las Eps- le costó caro a la empresa.

A partir de mañana, el puesto de Rueda, nefrólogo y especialista en medicina interna con una larga experiencia en administración de salud, será ocupado por el interventor Duver Dicson Vargas Rojas, quien pasará de haber sido subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y San José del Guaviare a manejar la salud de casi 6 millones de colombianos. 

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Esta figura del interventor, según Gaviria, se presta para la corrupción, pues no hay juntas directivas y la concentración del poder es muy grande. Aunque en el pasado se han hecho interventorías de otras EPS, estas se realizaron por periodos cortos. Una interventoría de un año, a juicio de Gaviria, “no la aguanta ninguna empresa”. 

Por el momento, en el corto plazo, se prevé que la incertidumbre generada por la intervención haga que miles de usuarios intenten salirse de Sanitas para ingresar a otras Eps. Esto originará un trastorno en el sistema. Los más enfermos intentarán salir y, al hacerlo, las demás Eps les cerrarán las puertas, pues recibir esa gran cantidad de pacientes supondría un costo muy riesgoso que no estarían en condiciones de cubrir. En Colombia, es importante anotarlo, el 4 por ciento de los pacientes explica el 50 por ciento del costo.  “Es casi criminal -dice Gaviria- que los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, tengan que preocuparse ahora por la atención que les van a prestar. Someterlos a esa incertidumbre en medio de una enfermedad tan grave”. 

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Un Superintendente de filiación verde

Hasta el día de ayer, pocos sabían quién era el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal. A partir de ahora, y por un largo rato, su nombre seguirá ocupando los titulares de los medios de comunicación, luego del anunció de la intervención a Sanitas. 

Leal, médico especialista en cirugía general, fue concejal por el Partido Verde en el periodo 2020-2023. Su nombramiento se gestó, según fuentes de CAMBIO, como un puente entre el Pacto Histórico y los verdes de la mano del poderoso político Carlos Ramón González, director del DAPRE. La llegada de Leal a la Superintendencia se dio al tiempo de un desmantelamiento de la entidad, ordenado por su antecesor, Ulhaly Beltrán. A unas 40 personas se les pidió la renuncia, entre ellas a  jefes de oficina, superintendentes delegados y directores regionales.

Este martes, luego del baldado de agua que supuso el aviso de la intervención, Leal dio un anuncio con el que buscó dar un mensaje de calma, al afirmar que: "Esta intervención y esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población. Este es un mensaje de tranquilidad, no se está entrando en un proceso de liquidación a la EPS".

Lo cierto es que, lejos de crear calma, la decisión de intervenir a la EPS Sanitas ha llenado de zozobra a la ciudadanía, en especial a quienes están afiliados a esa prestadora de salud. 

Ahora se espera que venga una demanda contra la resolución que justificó la inspección y vigilancia a la Eps Sanitas. La resolución puede ser demandada ante el Consejo de Estado, que al conocer de esa demanda podría optar, en primer lugar, por dictar una providencia ordenando la suspensión provisional inmediata de ese acto por ser violatorio de la ley. Un trámite que demora de veinte días a un mes. Esa es la opción de fondo. La opción de los afectados, por su parte, es la tutela, en caso de que se afecten sus derechos; en concreto, el derecho a la salud

En su cuenta de X, el presidente Petro justificó la intervención a la Eps Sanitas con el siguiente mensaje: “El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.

Hoy, en vista de que la reforma a la salud parece estar cerca del naufragio en el Congreso, muchos se preguntan si la intervención de la segunda Eps más grande del país, con la que el Gobierno controla ya 5 prestadoras de salud, es una suerte de reforma por las malas. Lo cierto es que vienen días de mucha confusión y de zozobra para los usuarios de Sanitas y para el resto de colombianos, que siguen sin vislumbrar un horizonte claro para el sistema de salud.