Ciro Ramírez
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Congreso declara silla vacía a curul de Ciro Ramírez
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La mesa directiva del Senado de la República emitió la resolución para declarar silla vacía en el caso del senador Ciro Alejandro Ramírez, miembro del Centro Democrático, detenido por corrupción.
Por: Redacción Cambio
En la tarde del 20 de febrero, el Senado declaró la figura de silla vacía en el caso del senador Ciro Alejandro Ramírez, del Centro Democrático, capturado en diciembre del año pasado por orden de la Corte Suprema de Justicia debido a su relación con el escándalo de corrupción denominado Las Marionetas 2.0.
Esto significa que la curul ocupada por Ramírez no podrá ser reemplazada por otro miembro de su partido, como dicta el artículo 134 de la Constitución Política: "En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática ni por delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos".
De esta manera, el uribismo queda sin una curul en el Senado y el principal partido de oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro queda con 12 curules en el legislativo.
La investigación contra Ciro Ramírez
En cuanto al caso de Ciro Ramírez, el 14 de diciembre fue capturado por presunta participación en delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación se relaciona con su presunta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima, por los cuales habría recibido pagos ilícitos en dinero. La red de corrupción, según la Fiscalía, comenzó a operar en 2021.
En octubre del año pasado, la Fiscalía imputó a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la UTL del senador, por hacer parte de esa red de corrupción de direccionamiento de contratos.
Según mencionó el ente investigador, esa red comenzó a operar en 2021, cuando el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío suscribieron un contrato por 48.660 millones de pesos.
