Transporte de tropa: la justificación de la Policía para comprarse un lujoso jet de 12 millones de dólares

El Legacy 600 es el avión de lujo preferido por millonarios como la leyenda de la televisión Oprah Winfrey, el actor Jackie Chan, y el quinto hombre más rico del mundo, Warren Buffet. Les encanta por la comodidad de su distribución, su capacidad para transportar con toda amplitud a trece pasajeros y su autonomía de vuelo que le permite cruzar el Atlántico sin escalas. Es un avión perfecto para magnates y celebridades pero el general de la Policía Hoover Penilla le descubrió dos nuevas aplicaciones: patrullaje de seguridad y transporte de tropas. 

Esta historia empezó el sábado primero de enero de 2022. Mientras la mayoría de los colombianos descansaba de la celebración de año nuevo, el general Penilla, según acta conocida por CAMBIO,  llegó a las cuatro de la tarde a su despacho en la subdirección de la Policía Nacional en la calle 26 para tomar una decisión multimillonaria. La institución tenía 210.000 millones destinados a la compra de seis aviones para ampliar la flota de transporte de unidades policiales y patrullaje aéreo. El plan establecía comprar tres Embraer Legacy ERJ 140-145,  dos ATR 42 y un Cessna 208.

Cada una de las aeronaves tenía una justificación de servicio. El ATR 42 es un especie de pequeño Hércules de carga con capacidad para transportar más de cinco toneladas, ideal para abastecer pertrechos y material de intendencia. El Cessna 208 Caravan es un avión muy versátil que permite el transporte de carga, la evacuación de heridos y el patrullaje a baja altura. Puede aterrizar en pistas muy cortas, incluso no pavimentadas,  y tiene tantos usos que es llamado “la navaja suiza con alas”. Los Embraer Legacy ERJ 140-145 son jets regionales con capacidad para transportar entre 40 y 45 policiales en cada viaje. El plan sonaba razonable hasta que ese 1 de enero de 2022 fue modificado por el poderoso dedo del general Hoover Alfredo Penilla, entonces segundo al mando de la Policía.

Esa tarde el general Penilla cambió el número de referencia de los Embraer y se apuntó al Legacy 600, el primo millonario de los eficientes ERJ. Un jet de lujo, con motores Rolls Royce, tapicería de mórbido cuero de cabritilla, acabados en palo de rosa, enormes sillones reclinables y abullonados para transportar, cómodamente, a 13 pasajeros VIP. Una movida similar a la de cambiar un bus por una limusina. El precio de la decisión de Penilla fue de 12,1 millones de dólares, equivalentes a 58.103 millones de pesos que, sumados a los costos de mantenimiento, consumieron más del 40 por ciento del total del presupuesto asignado para la flota de patrullaje y transporte. 

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Un jet de lujo, con motores Rolls Royce, tapicería de mórbido cuero de cabritilla, acabados en palo de rosa, enormes sillones reclinables y abullonados para transportar, cómodamente, a 13 pasajeros VIP.

La excéntrica compra tiene en la mira de la Contraloría General de la República no solamente al general Penilla, que hasta hace unos días gozó de un corto y dorado retiro diplomático en Madrid, España, sino también al único oficial que tenía mayor jerarquía que él en el momento de la decisión: el general Jorge Luis Vargas, director de la institución.

El informe de auditoría señala: “La compra del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600, con capacidad para trece pasajeros, representa un detrimento del patrimonio público en cuantía de $12.1 millones de dólares”. El hallazgo abrió un incidente de responsabilidad fiscal contra la anterior cúpula de la Policía. Además de los generales Vargas y Penilla, hay otros oficiales vinculados, entre los que están: el general Iván Hidalgo, gerente de la CIAC, una empresa mixta que operó la compra; el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos; el general Luis Ernesto García, jefe de la Oficina de Planeación de la institución, además de dos coroneles y varios civiles que participaron en la transacción.

La investigación arrancó con un anónimo que terminó en manos del delegado de Defensa de la Contraloría, Luis Eduardo Parra. El escrito solicitaba investigar un convenio marco suscrito el 13 de enero de 2022 entre la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A). El convenio interadministrativo tenía por objeto “aunar esfuerzos para la adquisición y entrega de seis aeronaves”, por un valor de 200.000 millones de pesos. 

Para ese momento, al Gobierno de Iván Duque le quedaban menos de siete meses, sin embargo, el proceso de compra de los aviones avanzó tan rápida como silenciosamente. Cuando trascendió la información, el propio general Hoover Penilla dijo en la W Radio que la Contraloría General de la República estaba acompañando la adquisición y que no eran aviones de lujo destinados a personajes VIP. Las fotografías del avión hablan por sí solas.  

La historia de la compra también pasa por varias turbulencias. La Contraloría cuestiona que la Policía hubiera llamado a la CIAC cuando tenía la capacidad técnica para hacer la compra por sí sola. El convenio interadministrativo establecía una especie de comisión del 3 por ciento que partió de un razonamiento perverso: cuanto más gastara la Policía más recibía la CIAC. Al final fueron 7.140 millones de pesos por concepto de “recuperación de costos y gastos”. Cuando la Contraloría preguntó por los soportes de estos costos solo apareció una factura por 28 millones de pesos. Todo lo demás fue definido como “intangible”.

Los jugosos honorarios de la CIAC no alcanzaron siquiera para que buscaran el avión por ellos mismos. Abrieron una licitación para identificar las aeronaves ofrecidas en el mercado. Resultó ganadora una unión temporal integrada por tres empresas. La primera, que tiene amplia experiencia en el mundo aeronáutico, es Río Sur SAS, la cuál se quedó solo con el 5 por ciento de la propuesta. Las otras dos empresas son de Arauca, una constructora llamada Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo que se quedó con otro 5 por ciento y la dueña del 90 por ciento, que se llama Ingeambicol una compañía de venta de maquinaria, insumos agrícolas y proveedora de servicios de catering. 

Esta singular asociación fue la que encontró en Letonia el lujoso Legacy 600 de tercera mano. Ya había tenido dueños anteriores en Indonesia y Turquía. Según el informe de la Contraloría “Las aeronaves no fueron suministradas por vendedores que se especializan en la compra-venta de aviones, ya que las actividades económicas de los miembros de los consorcios seleccionados están relacionadas con el transporte aéreo nacional de pasajeros, la construcción de otras obras de ingeniería civil y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios”.

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Pero además el que le vendieron a la Policía no era el mejor avión, ni el más barato.  En palabras llanas, se hizo el peor negocio posible. El estudio de mercado que hizo tanto la Policía como la CIAC dejó rastro de dos ofertas que, siendo más económicas y teniendo mejores especificaciones, fueron descartadas sin una explicación. 

Se trata de dos aviones del mismo modelo (Embraer Legacy 600) con mejores especificaciones y más baratos. Uno fue ubicado por la FAC en Estados Unidos. Era modelo 2008, dos años más nuevo que el que compraron. Tenía 3.545 horas de vuelo, cuatro veces menos que el jet adquirido, y costaba 8,9 millones de dólares, tres millones menos que el que compraron. El otro avión que estaban ofreciendo le pertenecía a la Presidencia del Ecuador. Era el mismo modelo pero de 2008, también dos años más joven,  solo había tenido un  dueño y había volado 6.145 horas. El presidente Lenín Moreno lo ofreció en 8 millones de dólares, pero el consorcio decidió comprar el más caro: 12,1 millones de dólares. El más viejo: 2006. Y el que tenía más horas de vuelo: 16.445.

El avión no cumplía con lo que pedía la Policía inicialmente. La solución consistió en modificar las condiciones hasta adaptarlas al aparato descubierto en Letonia. La metamorfósis  de la propuesta quedó registrado. Inicialmente se buscaba un avión con máximo 6.000 horas de vuelo y 4.000 ciclos de aterrizaje, pero se ampliaron a 16.000 y 9.000 respectivamente. Al principio se estableció que el avión debía garantizar 18 meses de uso sin reparaciones o 1.000 horas de vuelo; y al final se eliminó ese requisito y se dispuso que sería “el oferente quien definiera el programa de mantenimiento efectuado a la aeronave desde sus inicios de operación hasta la fecha”.

El trabajo de revisión por parte de la Contraloría General de este negocio fue una tarea de seis meses en la que participaron abogados, economistas, técnicos aeronáuticos y hasta pilotos, como el coronel Juan Álvaro Guerrero, quien falleció el pasado 24 de diciembre y aportó los principales indicios técnicos de una compra con visos de irregularidad. 

CAMBIO consultó a los generales retirados que figuran en la auditoria para que dieran respuesta a las observaciones de la Contraloría. El general  Vargas aseguró que aunque ha escuchado que hay un proceso en la Contraloría por la compra del avión hasta el momento no ha sido notificado de su vinculación al mismo. "No tengo información de los pormenores de esa compra porque mi trabajo no era ese", aseguró de entrada el exdirector de la Policía, quien a su vez pidió que se consultara al coronel Romer Bernate, para ese momento jefe del servicio aéreo de la Policía.

"Lo que sí puedo decir es que todo se hizo con apego a la ley y a la normatividad, con los comités técnicos, en donde participó el actual director de la Policía, anteriormente jefe administrativo y financiero, así como también la subdirectora. Allá se tomaron las decisiones de acuerdo a la Ley 80. Siempre fui informado de que se hicieron todos los pasos requeridos. Si es de lujo o no, para patrullar o no, no se lo puedo decir yo. Para eso estuvo de por medio la CIAC y eso es lo que conozco. Yo era el director general de la Policía y no manejo los detalles de la compra, pero fui informado del cumplimiento de todos los requerimientos de ley. No afectamos el patrimonio de la Policía Nacional, se hizo por ley de la república, y con un plan de necesidades. Los puntos de vista nuestros no fueron tenidos en cuenta en la auditoria y esperamos que se respete el debido proceso. Me preocupa la forma como la Contraloría hace las cosas, espero que haya legitimidad, legalidad y que tengan muy claro técnicamente esto", expresó el general Vargas.    

Por su parte, el general Hoover Penilla, explicó que se necesitaba hacer un cambio de líneas según requerimientos de los técnicos del servicio aéreo y que el proceso de compra estuvo enmarcado en el área de la aviación de la Policía.  "Yo no tuve ninguna injerencia dentro de ese proyecto de cambio de línea. Simplemente me preguntaron sobre el tema unos periodistas un día en que el señor director de la Policía no se encontraba y tuve que explicar lo que los técnicos me dijeron", sostuvo. Penilla insistió en que la Policía solicitó el acompañamiento de la Contraloría y aseguró no recordar los detalles de la reunión del 1 de enero. "Lo del acta no lo tengo presente. Toca que me expliquen las personas que tienen el conocimiento técnico sobre el tema", afirmó. Posteriormente, Penilla dijo que él no cambió ninguna referencia de los aviones a comprar y que firmó el acta tal cual le fue enviada del comité técnico que le hizo seguimiento a la compra: "Yo solo aprobé la ejecución del presupuesto que venía destinado para la adquisición de los equipos. Eso me lo pasan así y yo solo hago el acta de seguimiento que venía de la dirección de planeación", sostuvo el general. 

Y finalmente, el coronel Bernate, quien se desempeñaba como jefe del servicio aéreo, detalló cada aspecto de los requeridos por la Contraloría, defendió la legalidad y pulcritud del proceso de compra. También aseguró que respondía a las necesidad de la fuerza y dejó entrever que desconfía del conocimiento técnico que puedan tener en esta área quienes realizaron la auditoría. Bernate afirmó que nunca se cambiaron las condiciones y referencias de las aeronaves que se solicitaban, que se compró el mejor avión ofertado, que se cumplieron todos los requisitos de la ley y que la Contraloría General de la República sí acompañó el proceso de compra. Por lo que espera que al final del proceso se reconozca que se trató de una compra legítima, adecuada y transparente. Igualmente, señaló que la entrega del avión aún no ha terminado y confirmó que en este momento ya está pintado y en proceso de ser recibido.   

En junio de 2022, cuando el rumor sobre estas compras de aviones de la Policía se desató, el entonces presidente electo Gustavo Petro aseguró: “Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender”. Aún no se sabe si la orden presidencial sigue vigente. Mientras tanto el jet de lujo espera su destino en un hangar de Cartagena, luego de haber sido pintado con las insignias y colores de la Policía, proceso que, según una fuente de la Contraloría, costó otras decenas de miles de dólares.