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Procuraduría destituyó e inhabilitó a Olmedo López y Sneyder Pinilla por caso de la UNGRD
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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad a Olmedo López y Sneyder Pinilla por incumplir los principios fundamentales de la administración pública desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al permitir sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Por: Carolina Calero
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a tres exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por el escándalo de corrupción que implicó sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira.
Por un lado, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, fue sancionado con destitución e inhabilidad por 18 años por "suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista, con lo que se afectó el patrimonio público".
Mientras que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, recibió una inhabilidad de 20 años porque “omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas superaban ampliamente el precio real del mercado y avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos”.
El tercer sancionado fue Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, quien quedó inhabilitado por 10 años. Según la Procuraduría, Meza Galván “rubricó la ratificación de orden de proveeduría para facilitar que la fiduciaria la Previsora efectuara el pago al contratista participando así en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público”.
De acuerdo con la investigación, los tres exfuncionarios permitieron un sobrecosto superior al 54 por ciento en el valor de los carrotanques, que fueron adquiridos por más de 412 millones de pesos cada uno, lo que generó un detrimento al patrimonio traducido en un valor superior a 16.000 millones de pesos.
La Procuraduría calificó estas conductas como faltas gravísimas cometidas con dolo, al vulnerar principios clave de la administración pública como la moralidad, la eficacia y la economía.