Chigüiros en peligro: ¿Gobierno de Gustavo Petro abre las puertas a su caza comercial?

Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño tras firmar en campaña —el 12 de mayo de 2022— un “pacto por la protección de los animales” con al menos cinco compromisos concretos: poner fin a los vehículos de tracción animal, crear un programa nacional de esterilización, reforzar la Policía y la Fiscalía ambiental, prohibir espectáculos crueles y blindar la biodiversidad. Tres años después, esas promesas siguen sin convertirse en políticas públicas vigentes: algunas leyes sin reglamento y resoluciones que no han entrado en vigor. 

Tres años después, y con el sol a las espaldas, el Gobierno de Gustavo Petro tiene muy pocos resultados para mostrar con uno de sus compromisos de campaña: la protección y bienestar animal.

La Ley 2138 de 2021 –sancionada el 4 de agosto de 2021– ordenó acabar gradualmente con los vehículos de tracción animal (VTA) en todo el país. La norma asignó a alcaldías y gobernaciones la tarea de levantar un censo completo en los primeros diez meses, remitirlo al DANE y diseñar planes de sustitución financiados con recursos propios, multas de tránsito o cooperación, garantizando además reconversión laboral para los carreteros.

Tres años después, ese mandato sigue a medias: el Registro de Vehículos de Tracción Animal del DANE muestra que 192 municipios todavía usan VTA y que quedan al menos 6.235 animales –en su mayoría caballos y yeguas– enganchados a carretas. Aunque ciudades como Barranquilla (enero de 2025) y Cartagena (diciembre de 2024) han prohibido o reemplazado sus carretas con motocarros, el programa nacional de cofinanciación nunca se materializó y gran parte de los entes territoriales carece de recursos propios para cumplir la ley. Resultado: la sustitución avanza a ritmo desigual y los animales siguen expuestos a jornadas extenuantes, accidentes viales y falta de atención veterinaria, mientras el Gobierno central no aporta el apoyo técnico ni presupuestal que la ley suponía.

Otro problema enorme en Colombia es la muerte de fauna por atropellamiento en vía. La Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Atropellada (RECOSFA), que recopila los reportes enviados por ciudadanos y universidades, muestra que más del 95 por ciento de los animales registrados como víctimas en carretera son silvestres (mamíferos 50,3 por ciento, reptiles 22,7 por ciento, aves 19,1 por ciento y anfibios 3,9 por ciento) recosfa.com. Un estudio de 2019 en solo 142 kilómetros de vías del Oriente antioqueño proyectó 575.284 vertebrados muertos al año en ese tramo, una muestra que ilustra la magnitud de la mortandad cuando se extrapola a la red vial nacional. Pese a esa evidencia, Colombia carece de un registro oficial unificado y de protocolos de respuesta: la Resolución 20243040018375 del 30 de abril de 2024, que adoptó los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial y ordena a los proyectos viales incorporar pasos de fauna y monitoreo permanente, sigue sin traducirse en un sistema nacional de información ni en un decreto técnico que armonice los criterios de atención en campo. El resultado es que miles de animales siguen muriendo a las orillas del asfalto sin que ninguna autoridad contabilice las pérdidas ni evalúe su impacto sobre los ecosistemas, y lo peor, sin que se adopten las medidas necesarias y urgentes.

la Ley 2374 del 12 de julio de 2024 creó el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros y ordenó al Ministerio de Ambiente expedir su reglamentación en un plazo máximo de seis meses —es decir, antes del 12 de enero de 2025— junto con la apertura de un fondo-cuenta para financiar las jornadas masivas en todo el país. El plazo venció sin que el decreto apareciera, razón por la cual defensores de animales interpusieron una acción de cumplimiento contra la cartera ambiental. Mientras la norma sigue 'en proceso', el proyecto de Presupuesto 2025 incluyó 41.000 millones de pesos para poner en marcha el programa, pero la propia ponencia advierte “bajos niveles de ejecución” y propone reasignar la partida. En la calle, la urgencia es palpable: Colombia arrastra un censo estimado de más de tres millones de perros y gatos sin hogar, cifra que crece cada año por falta de intervenciones sistemáticas. Sin reglamentación efectiva, ni los recursos ni los bisturís han comenzado a fluir, y las alcaldías siguen actuando con sus propios, y a menudo exiguos, presupuestos.

En cuanto al programa para contener a los llamados hipopótamos de Pablo Escobar, el Ministerio de Ambiente adoptó el plan de prevención, control y manejo mediante la Resolución 774 del 21 de junio de 2024. Doce meses después, el propio portal oficial apenas informa que “el Ministerio trabaja, de la mano de expertos, en dos protocolos: eutanasia y translocación”, sin reportar aún capturas, esterilizaciones ni traslados efectivos. El mismo sitio mantiene el censo en 169 individuos y advierte que, si no se actúa, la población superará los 1.000 hipopótamos en 2035.

Para la senadora animalista Andrea Padilla, los resultados del Gobierno de Gustavo Petro en materia de protección animal son poco menos que un incumplimiento a las promesas de campaña. Partió de “expectativas muy altas”, sustentadas en el pacto que ella misma firmó con el entonces candidato, pero asegura que tres años después solo ve un Ministerio de Ambiente aferrado a una visión “clásica” que relega a los animales y bloquea cada iniciativa: no se reglamentó la sustitución de carretas, y el programa nacional de esterilización está sin un peso.“Lo único que ha hecho el presidente hasta ahora ha sido sancionar unas leyes; no ha habido un peso para ejecutar nada”, concluye Padilla, resumiendo su balance de “profunda decepción” sobre la agenda animalista oficial.

Y por si fuera poco, esta columna conoció un memorando interno de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE), fechado en junio de 2025, donde el Ministerio de Ambiente tramita un borrador de resolución para fijar un cupo de aprovechamiento del chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) en las sabanas de la Orinoquía. El documento convoca a un grupo de expertos a una reunión híbrida el 12 de junio, a las 2 de la tarde, y plantea ocho preguntas sobre métodos de captura, tiempos máximos de agonía, certificación de cazadores y riesgos zoonóticos, con la advertencia de que las respuestas “no tendrán carácter vinculante”. Amparado en las leyes 84 / 1989, 1774 / 2016, 2387 / 2024 y 2455 / 2025, y en el reciente MoU CITES-OMSA (2024), el Ministerio plantea un “uso sostenible” que, en la práctica, autorizaría la caza regulada del roedor más grande del mundo, mientras programas clave como la esterilización masiva o la sustitución de carretas siguen sin presupuesto ni decreto.

Con respecto al tema de los chigüiros, podríamos estar pasando de 'la vida es sagrada' a 'la fauna es un negocio', y, entre tanto, la agenda animalista ya ni siquiera hace parte de los erráticos discursos del presidente.