La idea de profundizar la descentralización está abriendo camino con el argumento de que va a cerrar la brecha de ingresos entre las regiones más prósperas y más desarrolladas y las que vienen rezagadas. Hasta ahora la discusión se ha concentrado en los aspectos financieros y en la evidente desigualdad que existe en Colombia entre regiones, que es sin duda enorme.
Las recomendaciones de la misión de descentralización parecen haberse concentrado en incrementar los recursos y la estabilidad de ingresos de las regiones con menor desarrollo, disminuyendo lo que reciben las más ricas, pero con un aumento del gasto que no se prevé posible alcanzar en algunos años. Por otra parte, hay una iniciativa promovida por la Gobernación de Antioquia encaminada a concederles a los departamentos “autonomía fiscal”, permitiéndoles cobrar los impuestos más boyantes, pero sin afectar los ingresos que provienen del Sistema General de Participaciones (SPG). Sin saber cómo se pretende financiar esta iniciativa, no parece posible que progrese.
La idea de que los municipios, las regiones y los departamentos recibieran una elevada tajada del recaudo tributario del gobierno central surgió en la discusión de la Constitución de 1991 y en la primera estructuración del SPG, que no se llamaba así. Entonces se hablaba de transferencias. Los miembros del equipo económico de Gaviria, particularmente Hacienda y el DNP, participamos muy activamente en su diseño y en la discusión. Se tuvo en cuenta que los impuestos más efectivos, el de renta y el IVA, los recaudaba el Gobierno nacional y que si los alcaldes y gobernadores iban a ser elegidos popularmente, lo correcto era que recibieran una porción importante de los ingresos corrientes del Gobierno nacional para cumplir con las obligaciones que les impondría la ley.
La Constitución estableció que el 46,5 por ciento de estos ingresos los recibieran los municipios, los distritos y los departamentos. El criterio de distribución de las transferencias que se previó era otorgarles prioridad y preferencia a los municipios con mayor insatisfacción de necesidades básicas de sus poblaciones. Otros gobiernos posteriores reformaron estas decisiones y hoy reciben los gobiernos locales alrededor del 25 por ciento de los ingresos corrientes de la nación (Jaime Bonet, “Recursos Para la Descentralización”, Contexto, Agosto 1, 2024)
La hipótesis que nos animaba entonces era que las fuerzas vivas de los territorios, la sociedad civil, fueran guardianes locales de la correcta aplicación de estos recursos. Aunque percibíamos que la medida debilitaría al Gobierno central y a los partidos políticos tradicionales, confiábamos en que tendrían que transformarse para ser más democráticos y menos clientelistas, ejerciendo presión sobre los políticos para mejorar a nivel local la calidad del gobierno y controlar la corrupción. Evidentemente esto no sucedió sino en las grandes ciudades, no en todas ellas. El clientelismo, que ya era un problema ético de asignación de recursos a través de los congresistas, se envileció porque pasó a ser un conducto para enriquecer a las élites políticas regionales, o en el mejor de los casos para financiar su sostenibilidad.
En la discusión sobre descentralización que se adelanta actualmente no se tiene en cuenta que el clientelismo se ha degradado aún más. Ya no es para que los congresistas canalicen recursos hacia la población más necesitada, como lo describía Miguel Urrutia. Hoy permite que el Gobierno compre con recursos públicos la lealtad o el comportamiento de personas que están en el Congreso o en posiciones en las que actúan a favor de la administración. Si esto no se corrige, aumentar los recursos que se ceden a los “territorios” va a desangrar financieramente a la nación y a enriquecer a malandros ocasionalmente poderosos.
