Los edificios anuncian que se van a derrumbar. El problema es que la gente no hace caso sino hasta cuando se les vienen encima. La cosa empieza con unas modestas grietas en la pared. Luego los costados se inclinan. Los tremores que nacen de las entrañas de la estructura empiezan a ser cada vez más frecuentes. Y cuando menos se espera, toneladas de escombros aplastan a sus habitantes. Todo el mundo lo veía venir y nadie hizo nada.
Desafortunadamente, al régimen legal en Colombia le está ocurriendo algo similar. En estos seis meses el presidente Petro se ha dedicado a socavar la integridad de la legalidad no solo en el frente constitucional sino en el conjunto del Estado de derecho. A punta de decisiones unilaterales, decretos, órdenes presidenciales y proyectos de ley, se ha ido erosionado el sistema legal y se ha exacerbado la cultura de la permisividad con el delito.
¿Qué explica ese desdén por la ley y el orden? Es posible que el presidente Petro haya preferido tomar atajos en su afán de demostrar que el “cambio” está siendo realidad. Tampoco se puede descartar su terca megalomanía. Tiene la firme convicción de que la sociedad no se puede perder sus trascendentales ideas, como por ejemplo el metro subterráneo, aunque eso implique imponerlas sin respetar los procesos institucionales y las pautas legales. Esos atajos sumados y combinados resultan en la desvalorización de la supremacía de la ley como el regulador de la vida colectiva. No es posible dejar de percibir en las actitudes y decisiones del Ejecutivo un desdén protuberante hacia la fuerza de la ley.
El origen de esa actitud se puede encontrar en que a pesar de que Petro el guerrillero se acogió a la legalidad, gracias al proceso de paz con el M-19, en el fondo de su corazoncito nunca ha dejado de ser un agitador. Para el hoy primer mandatario, la ley no es más que una expresión de la dominación de clase y la fuente de los privilegios de ese “establecimiento” al que aborrece.
Inspirado en una versión amañada de la teoría del “perdón social”, pretende un borrón y cuenta nueva que cobije a todos los actores de la violencia sin una gradualidad por la severidad de sus crímenes. Parte de su indiferencia hacia la legalidad se refleja en que no le preocupa el desmonte de las economías ilegales del narcotráfico, de la minería ilegal, de las bandas del microtráfico y del hurto urbano, siempre y cuando reduzcan las acciones violentas. En su visión dichos actores criminales, en el fondo, desean la paz y están prestos a abandonar una violencia a la que el “sistema” los ha obligado.
El esfuerzo por liberar a los condenados e investigados por actos criminales durante las protestas convirtiéndolos en “gestores de paz”; el levantamiento de órdenes de captura para extraditables y grandes capos; una reforma a la justicia penal que busca reducir los tipos delictivos y facilitar al extremo la excarcelación; la tolerancia absoluta a los cultivos ilícitos con la suspensión de la erradicación y la no persecución de cultivadores; el cese al fuego acompañado por la orden perentoria a la fuerza pública de parar operativos, a pesar de que las organizaciones criminales siguen actuando de manera descarada…
¿Qué consecuencias ha traído esta laxitud y tolerancia? El último programa y podcast de Roberto Pombo, Mis Preguntas sobre “¿Cómo va la paz total?” resume de manera muy precisa y amplia las cifras más recientes sobre la disparada de la extorsión, el secuestro, el hurto, el tráfico de drogas, el asesinato de líderes sociales y las actividades asociadas a las organizaciones criminales. La conclusión es contundente. En el transcurso de los seis últimos meses se han disparado todos los indicadores, a pesar de que efectivamente hayan disminuido los homicidios y las muertes en combate. Obvio, hay menos fallecidos en la fuerza pública y entre los delincuentes porque la fuerza pública ha sido recluida en los cuarteles.
La indiferencia por la legalidad y la constitucionalidad no se limita a los temas penales. Por ejemplo, no es difícil caracterizar su convocatoria a una marcha para defender unas reformas que nadie conoce como intervención en política. De igual manera se pueden tipificar acciones proselitistas a favor del Pacto Histórico y otras actuaciones para garantizar su victoria en las elecciones regionales.
En el frente económico es igualmente severa. El señor presidente va decretando a discreción subsidios y reducciones de tarifas sin tener la autoridad, la base presupuestal para ello y sin estar integrados a lo aprobado por el Congreso. Actúa por encima de la ley en los entes reguladores de los servicios públicos. Ilegalmente interviene contratos públicos, lo que causará severos detrimentos patrimoniales a la nación. Y en el plan de desarrollo, en la ley de orden público y en la reforma a la justicia penal se asigna a sí mismo facultades especiales y poderes extraordinarios que claramente representan una extralimitación de funciones y posiblemente un abuso de autoridad.
Este recorrido deja ver que Colombia avanza a pasos agigantados hacia el colapso de la legalidad. Cuando la Constitución y la ley son desdeñadas, ha comenzado el camino hacia el autoritarismo. Y lo peor es que el Congreso -que debería servir de contrapeso- está entregado a sus designios por razones clientelistas y burocráticas. Las autoridades de control administrativo como la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado están mudas ante los atropellos. Solo quedan los ciudadanos.
