El ministro del Interior, Armando Benedetti, aparece en audios donde ofrece pagos en efectivo, evade impuestos y negocia el silencio de una testigo clave en su juicio por corrupción en su contra. No se trata de rumores, es su propia voz.
Esta columna revela en exclusiva los fragmentos de esas conversaciones, en las que el poderoso funcionario admite estar “en modo fuga”, pacta sumas millonarias para evitar problemas judiciales, y se ríe, literalmente, de la posibilidad de que la Corte Suprema lo investigue.
No se trata de sábanas sucias ni mudanzas sin pagar, como denunciamos la semana pasada en esta columna. Consiste en algo mucho más escandaloso, que es un ministro del Interior en ejercicio que opera desde el centro del poder, como si la ley fuera negociable. Convencido de que la justicia nunca lo tocará.
Benedetti camina con confianza entre lo legal y lo ilegal, invoca la ley solo cuando cree que le conviene, como ahora, exigiendo que lo ampare para salvarlo de su estruendosa derrota en la consulta popular. Como dicen mis enemigos uribistas, el deterioro de la seguridad en Colombia es tan profundo que hasta Benedetti anda diciendo que lo robaron.
Pero volvamos a la denuncia. El pasado 27 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al ministro del Interior por el delito de tráfico de influencias, por su presunta participación en el entramado corrupto ligado a la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Con la decisión de la Sala, es la primera vez que el actual jefe de Despacho de la Presidencia de la República enfrentará juicio en la Alta Corte por uno de los siete casos que tiene. En cuatro de ellos ya se ha avanzado a la apertura formal, mientras que otros tres siguen en indagación.
Para hablar del prontuario de Benedetti, basta con revisar lo que han documentado durante años los medios. Sus expedientes han sido ampliamente difundidos. En este caso se le señala de direccionar un contrato en Fonade, por más de 1.000 millones de pesos, a favor de la empresa Certicámara S.A. La investigación habla de una red criminal en la que aparece junto a los exsenadores Musa Besaile y Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, ambos condenados. Dime con quién andas investigado, y te diré qué tan cerca estás de la responsabilidad penal.
Aunque la Corte Suprema había enviado el caso a la Fiscalía cuando Benedetti fue nombrado embajador de Venezuela, en la primera etapa del gobierno de Gustavo Petro, el 20 de marzo de 2024 la Sala de Instrucción consideró que los hechos investigados tuvieron relación con su actividad parlamentaria, por lo que decidió prevalecer su fuero como congresista.
Junto con esta decisión, la Sala determinó no imponer medida de aseguramiento, por lo que Benedetti continúa, por ahora, en libertad, mientras su proceso sigue su curso en la Corte Suprema. Ministerio por cárcel.
Pero vamos más atrás. Como ya dijimos los hechos se remontan a 2016, cuando Benedetti era senador del partido de La U. Según testigos, Fonade habría sido utilizado como plataforma de negociación política por parte de congresistas de esa colectividad. El centro del caso es el contrato 2017865, adjudicado el 1° de agosto de 2017 con supuesta intervención directa de Benedetti.
El testimonio clave es de un exasesor de Fonade, Jorge Iván Henao, quien aseguró que Benedetti pidió darle ese contrato, relacionado con la digitalización e indexación de documentos, a la empresa Certicámara, a través de su entonces secretaria privada, Elsy Mireya Pinzón.
Las maniobras incluyeron anular una licitación y abrir otra diseñada a la medida. La primera, identificada como CSI-004 de 2016, buscaba contratar los servicios de digitalización de más de 5,4 millones de documentos. Pero, por arte de magia, al mejor estilo de Benedetti, fue declarada fallida. Esto permitió “ir Armando” una segunda convocatoria, la 032 de 2017, que finalmente, y no de manera sorpresiva, fue adjudicada a Certicámara.
El testigo Henao aseguró que se manipularon las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para favorecer a esta empresa, siguiendo instrucciones de Benedetti y su asesora Elsy Mireya Pinzón.
Por esto, tanto Benedetti como Pinzón están llamados a juicio. Pero hay más. Mucho más. Porque Elsy Pinzón, además de ser el enlace con la empresa beneficiada, es una de las testigos centrales del caso. Su palabra podría hundir o salvar a Benedetti. Tal vez por eso, el ministro decidió pagar. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen los audios.
Los audios en poder de esta columna corresponden a una conversación en los primeros días del año 2022, y cuentan cómo Benedetti negoció con el abogado de su exasesora, para bloquear el supuesto principio de oportunidad que estaba buscando su cliente, la señorita Elsy Mireya Pinzón, y que hubiera hundido al actual ministro.
—¿Dónde está la incomodidad mía? —pregunta Benedetti—. Eh, que no es gran cosa. La incomodidad mía fue que un día llegó [Elsy Mireya Pinzón] a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían en un principio de oportunidad. Entonces cuando…
—Jamás dije eso. Yo jamás diría una cosa de esas, hombre. Jamás lo haría, jamás lo haría. —responde su interlocutor nervioso.
—Pero no te pongas bravo… yo te estoy diciendo, lo que yo sé… Entonces ella me dice un día “No es que él es amigo de la fiscal y tal, que si me hacen un derecho de oportunidad y tal”. Entonces yo le dije, perdona…
El fragmento del audio demuestra que la incomodidad de Benedetti no es con la justicia, sino con que alguien hable de colaborar con esta en su contra. Por eso, sigue a ver cómo puede solucionar en efectivo el problemita que le puede surgir si alguien dice la verdad.
—Ayúdame, ¿cómo hago para solucionar el tema contigo?, ¿tú qué me propones? O sea, te estoy pidiendo una rebaja —aclara Benedetti.
—Doctor, mire, para serle sincero, son dos años de trabajo, yo cobré 25, pero pues yo no sé doctor usted qué rebaja me hará sobre eso. ¿Hasta dónde puede pagar? —pregunta su interlocutor.
—Sin que me mientes la madre, ¿te puedo hacer una contrapropuesta? —dice Benedetti.
—Bueno, hágale, no hay problema —responde el interlocutor en risas.
—Bueno, déjame en 22. Pero déjame pagarte 11 en un mes y 11 en el otro.
—Listo, no hay problema, no hay problema.
El asunto se va aclarando. Benedetti está negociando el pago para “solucionar el tema”. No habla con un proveedor sino con el abogado de la funcionaria que él creyó que iba a declarar en su contra. Negocia con alguien que, según se deduce, puede incidir en el curso de su caso judicial, con el pretexto de cancelar sus honorarios. Pacta el monto, el descuento, establece el cronograma de pagos, pero, lastimosamente, todo queda grabado. De un principio de oportunidad a un oportunismo sin principios. Y se empeora.
—Benedetti dice: Yo soy el que estoy en modo fuga, por así decirlo… correteado. Y es un gusto conocerte. Y en lo que tú veas por ahí que me puedas ayudar, me avisas.
Cómo no. El actual ministro se reconoce en ese momento “en modo fuga”, un personaje perseguido por la justicia que se fugó al interior del Gobierno para ser protegido de los procesos que lo persiguen. Pero no solo agradece la conversación con su interlocutor que está conociendo, sino que deja abierta la puerta para futuras ayudas. Como si la justicia fuera una cadena de favores, como si los casos se manejaran a punta de contactos.
—Entonces hagamos una cosa —propone su contraparte—, como usted está en la campaña de Petro y todo, entonces deme los 11, todos en efectivo para no pagar IVA.
—Qué bueno, claro que sí —responde Benedetti, sin dudar.
La evasión fiscal queda explícita. Su interlocutor le propone recibir todo el dinero en efectivo para evitar el respectivo impuesto, y Benedetti no duda. No pregunta. No objeta. Solo responde: “claro que sí”. Así actúa un ministro del Interior que acepta, sin escrúpulos, una transacción ilegal mientras hacía campaña por quien hoy es presidente.
Por eso, hagamos paréntesis para preguntar de qué forma un funcionario como Benedetti, en nombre del gobierno del cambio, podría ir al Congreso a pedir que se impongan más impuestos, o que se paguen los actuales, sabiendo que el IVA no es un impuesto para los estratos altos, sino uno que nos toca a todos, si él está haciéndole el quite. Difícil respuesta, pero corren tiempos surreales. Por eso, cerremos ese paréntesis con una cosa que va quedando clara y es que el jefe de la cartera sabía lo que hacía. Si no, que lo diga su propia voz en otro audio.
—No seas marica, no hay otra forma —aclara Benedetti—. No había de otra forma, sino… O si quieres te hago una consignación al banco y pasas un año contestando en la Corte cómo salió esa plata. [Risas].
Gracioso. Especialmente porque sí van a tener que explicarle a la Corte, muy pronto, de dónde salió ese efectivo. A ver si para entonces les sigue la risita cínica. Benedetti sabe que el dinero en sobres no deja rastro. Y que eso, la opacidad, lo protege. Una consignación bancaria lo habría obligado a dar explicaciones, como ahora tiene que darlas por estos audios.
Porque la realidad es clara, y es que la suerte judicial de Benedetti depende, en buena parte, de la declaración de Elsy Mireya Pinzón. Y esos 22 millones que pagó para garantizar su silencio no fueron un gasto, sino una gran inversión. Tal vez de la más rentables de su carrera. Y eso ya es decir mucho.
Por ahora nos quedan las risas, la complicidad, y los billetes sin registro. Todo mientras se adelanta un juicio por corrupción ante la Corte Suprema y Benedetti, lejos de hacerse a un lado, sigue al frente del Ministerio del Interior. Firma decretos. Participa en consejos de seguridad. Y con la complicidad del Dapre, se autoproclama fallidamente presidente encargado cuando Petro viaja.
Su defensa, la de siempre, repite el libreto de que es un perseguido político por una magistrada. Pero los hechos son diferentes, ya que hay otros cinco magistrados que firmaron la acusación. Y ante ellos tendrá que responder preguntas que no admiten rodeos, y que el Ministerio del Interior evadió hasta el cierre de esta columna contestar, como: ¿por qué pagó 22 millones de pesos al abogado de su presunta cómplice? ¿Para comprar su silencio? ¿Cuántas veces más ha hecho lo mismo? ¿A cuántos más ha pagado? ¿Por qué en efectivo?
Y mientras tanto, otra pregunta que debería responder el presidente Petro: ¿por qué mantiene en el cargo a alguien procesado por tráfico de influencias? Tal vez para que siga traficando influencias desde adentro. Su silencio, en este punto, es complicidad. Es la venia de quien aprueba, con cada día que lo sostiene, que su ministro pague en efectivo, evada impuestos y se burle de la justicia mientras negocia con testigos. De pronto, por esto también terminó sacando a la ministra de Justicia, que denunció presiones de tráfico de influencias de Benedetti y compañía. La tragicomedia se cuenta sola.
Permitir que un funcionario así siga al mando de la política interna del país, no es solo un insulto a la ley. Es la confirmación de que este gobierno ya no pretende siquiera simular decencia. Lo institucional se volvió un ruido; lo legal, un obstáculo molesto; y la ética, un estorbo menor frente a la lealtad entre cómplices.
Si el presidente no actúa, que lo hagan las Cortes. Que Benedetti rinda cuentas por sus risas grabadas, sus pagos en sobres y su desprecio por la justicia. Porque no hay discurso que tape esta podredumbre. Ni cortina de humo que oculte una fuga cuando viene con audio, cronograma de pagos y sello ministerial.
@yohirakerman; [email protected]
