Varias demandas importantes ante el Consejo de Estado están siendo dilatadas con creativas leguleyadas, que incluyen hacer llegar memoriales en lenguas nativas, documentos en braille y videos en lenguaje de señas. Esto cuando no hay ningún magistrado o sujeto procesal que sea ciego, sordo, o mudo. Esta es la historia.
Hasta ahora doce gobernadores enfrentan procesos de nulidad electoral por doble militancia, cuyas demandas están en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Las acusaciones incluyen temas como que, durante la campaña electoral, por ignorancia o por el afán de obtener la mayor cantidad de votos, los ahora gobernadores decidieron apoyar a candidatos de otros partidos, cosa que la ley prohíbe.
La mitad de esos procesos cuentan con un común denominador. Una importante abogada defensora que es exmagistrada perteneciente a esa misma Sección Quinta. Porque, como dice mi profesor de derecho penal, en Colombia uno es lo que ex.
La doctora Lucy Jeannette Bermúdez, también expresidenta de esa institución y aspirante a la Procuraduría, es la persona que representa a esos gobernadores. Pero en esta investigación nos vamos a centrar en tres de sus defendidos: el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya;el del Putumayo, Carlos Andrés Marroquín y el de San Andrés, Nicolás Gallardo Vásquez.
¿La razón? Porque pese a que en esos procesos existe abundante evidencia documental, como videos y fotos que demuestran la presunta infracción de los tres gobernadores al apoyar a candidatos de otros partidos, su abogada, que conoce muy bien la institución de la que fue presidenta, y ante la falta de otra posible estrategia de defensa, ha optado por hacer llegar memoriales en dialectos indígenas, braille y videos en lenguaje de señas. Todo para dilatar.
Esto para solicitar que tengan que ser traducidos y, como se dice coloquialmente, patear la lata para que el problema tenga que ser resuelto más adelante por la dificultad de encontrar un intérprete de esos idiomas. Mientras tanto, manteniendo a los gobernadores acusados en sus cargos y en control de los presupuestos departamentales.
Vamos a los casos específicos. En el proceso en contra del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presentado por su antes amigo cercano, Miguel Alberto Vergara Sandoval, se sostiene que el funcionario habría violado las normativas electorales, al respaldar activamente a un candidato de un partido diferente al suyo durante las elecciones territoriales de 2023.
La demanda se centra en un incidente específico durante la campaña electoral ya que Amaya expresó públicamente su respaldo al candidato Óscar Julián Correa Hernández, postulado por el Partido de la U y no perteneciente a la Alianza Verde.
Varias cosas llaman la atención. La primera es que, en 2016, la entonces magistrada Lucy Bermúdez falló a favor del entonces gobernador de Boyacá, en torno a las demandas presentadas por control de nulidad electoral. Ahora, de un pincelazo, pasó de ser su juez a su apoderada. Y bien empoderada.
Lo segundo que llama la atención es que, dentro de ese proceso, el pasado 3 de mayo, la defensa del gobernador Amaya envió un video en lenguaje de señas elaborado por el señor William Arley Cepeda Rodríguez, el cual, tres días después, el Consejo de Estado solicitó colaboración de la Federación Nacional de Sordos de Colombia para poder interpretar. Hasta ahí, normal.
Pero después llegó otro memorial, esta vez en braille, sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas, radicado por el señor José del Carmen Chaparro Cely en favor del gobernador Amaya.
Pocos días más tarde, el 28 de mayo, se adjuntó al expediente un memorial, en favor de Amaya, en lenguaje indígena. La carta la firmó una persona de nombre Sewasu Cobaria Cobaria, quien se identificó como vicepresidente de un cabildo mayor que no mencionó. El señor Cobaría pertenece al resguardo indígena u’wa, un pueblo asentado en la Sierra Nevada del Cocuy, que tiene la mitad de su población en el departamento de Boyacá.
Tres días después, el 31 de mayo, el Consejo de Estado solicitó apoyo al Consejo Superior de la Judicatura para definir qué hacer con la necesidad de traducción de estos memoriales en lenguas diferentes al español. Solicitud que fue respondida por escrito el 14 de junio.
En esa respuesta el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dijo que para los procesos del Consejo de Estado que requieran el apoyo de esa Corporación para la traducción, transcripción o interpretación de memoriales que se han presentado en la Sección Quinta del Consejo de Estado en lenguas diferentes al español, “tales como el sistema braille, de señas y nativas se debe acudir a la lista de auxiliares de la justicia autorizados para esto”.
En caso de no existir un auxiliar judicial que realice la actividad requerida, el numeral 5 del artículo 48 del Código General del Proceso, faculta al juez para consultar la existencia de traductores en listas de auxiliares de la justicia de distritos cercanos a la sede judicial o designar un particular que funja ese carácter. Es decir, se enreda el proceso.
En especial porque en esos casos, hasta la fecha, el Consejo de Estado ha tenido serios problemas encontrando quien pueda traducir dichos documentos, en especial los de lenguas nativas, ya que ni el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Cultura, o el Instituto Caro y Cuervo cuentan con personas que lo puedan hacer.
Con una sorpresa. Resulta que el señor Sewasu Cobaria, el mismo que sometió el memorial en lengua nativa de u’wa, habla perfectamente español. Y no solo eso, sino que ha sido contratista de la gobernación de Amaya. Así como se oye.
El señor Sewasu Cobaria Cobaria fue designado mediante decreto 749 del 5 de junio de 2023 como integrante del Consejo Departamental de Planeación de Boyacá. En 2021, además, tuvo contratos con el Departamento en el Hospital Especial Cubará, para apoyar en el desarrollo de actividades para la conformación y fortalecimiento de una red comunitaria intercultural en el resguardo unido u’wa de las seis comunidades indígenas del municipio de Cubará.
Pero no solo él. Su hermana, la señora Caridad Cobaria Cobaria, ha sido mucho más beneficiada en la contratación con la gobernación de Amaya. Ha tenido cerca de diez contratos que superan los 100 millones de pesos. Nada mal, nada mal.
Por eso volvamos a la línea de tiempo. Por ese memorial en u´wa del señor Cobaria, el pasado 22 de julio, el Consejo de Estado hizo una solicitud al Ministerio de Cultura, para la traducción, transcripción, o interpelación del memorial.
El 26 de julio esa institución informó que no contaba con las personas idóneas para que pudieran ayudar en la traducción de los memoriales presentados a la Sección Quinta. De pronto la hermana contratista de la gobernación, o el mismo señor Cobaria podrían hacer la traducción, ya que queda demostrado que para contratar sí entendían el castellano, pero para dilatar el proceso del gobernador Amaya solo escriben en la lengua ancestral. Si Cobaría les rima con dilataría, no es por accidente.
Como si fuera un chiste cósmico, el nombre u´wa significa en su propia lengua, “gente inteligente que sabe hablar”. No nos queda duda alguna. Por eso la abogada de estos señores parece estar aprendiendo kichwa, korebaju, murui muina, creole, braille y lenguaje de señas. Sigamos para que me entiendan.
En el caso en contra del gobernador de Putumayo, Carlos Andrés Marroquín Luna, que cuenta con la misma abogada defensora, la doctora Lucy Jeannette Bermúdez está ocurriendo lo mismo. El 14 de junio de 2024, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Kichwa de la Amazonia colombiana, radicó en el Consejo de Estado una carta en el proceso de nulidad electoral en apoyo al directivo departamental.
De la misiva no se puede decir mucho porque no se entiende su idioma. Ahora bien, pocos días después, llegó otra carta, sin fecha, que fue radicada por el señor Jose Neiber Márquez Orozco, líder del pueblo Korebaju, del Caquetá, también en lengua nativa.
El 19 de junio de 2024, se recibió otro memorial por correo electrónico con solicitud de intervención presentada por Rodrigo Yaci Guzmán en lengua ancestral. La carta fue escrita en su calidad de líder indígena del pueblo Murui Muina de Puerto Leguízamo.
Vuelve y juega que el señor Yaci Guzmán es una persona que ha tenido contratos con la Alcaldía de Puerto Leguízamo, Putumayo. Un total de cuatro contratos por más de 45 millones de pesos que demuestran que sí puede manejar y entiende el lenguaje de la contratación. Para contratar sí hablamos español, pero para las cartas que necesita la abogada Lucy Jeannette Bermúdez, Ya ci no.
Y cómo no, el caso de otro de sus defendidos, el del gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez. En ese la abogada Lucy Jeannette Bermúdez siguió su propio libreto y el 30 de mayo de 2024, radicó un video en lenguaje de señas presentado por la señora Doralba Newball para apoyar la defensa. El 10 de julio pasado, se radicó escrito presentado por Dagoberto Bowie Mcnish, en lengua creole.
Ese mismo día, una persona identificada con el nombre de Vashnie Martínez Quinn, les pidió a los magistrados que se aceptara la intervención de quienes se han manifestado en otras lenguas diferentes al español en el proceso contra el gobernador Nicolás Iván Gallardo Vásquez, por la historia de San Andrés y su coexistencia de dos idiomas.
Pocos días después, el 16 de julio, llegó una carta firmada por 18 personas locales respaldando los memoriales de las personas anteriormente mencionadas, Doralba Matilda Newball, con su video en lenguaje de señas y la carta de Dagoberto Bowie Mcnish, en creole.
Para finalizar, está la petición de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez en el proceso que establece: “se solicita a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o a la Sala que resuelva, que se reconozca validez y legitimidad a los memoriales presentados en lenguas diferentes al castellano, garantizando así un acceso inclusivo y equitativo a la administración de justicia”. Esto para que la justicia no quede, como dice la canción, loca, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda.
Pero la verdad es que, la doctora Bermúdez, muy hábilmente ha presentado esos recursos jurídicos, solicitando que se debe garantizar la traducción de esos documentos con el propósito de que la comunidad conozca el expediente de manera integral, pero sabiendo que, ante la imposibilidad de traducir dichos documentos, la que gana tiempo es la defensa.
No solo eso, fuentes de la institución le dijeron a esta columna, que otro objetivo indirecto de esta estrategia es solicitar que este proceso sea resuelto por la Sala Plena del Consejo de Estado, donde la expresidenta Bermúdez, y ahora aspirante a ser la próxima procuradora general de la nación, cuenta con mayor número de magistrados conocidos que coincidieron con ella durante su paso por el máximo órgano de lo contencioso administrativo. No hay mejores coincidencias, que las muy bien planificadas. Sino que lo diga la aspirante a la Procuraduría.
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