¿Quién pagará?
18 Enero 2023

Paola Herrera

¿Quién pagará?

El lío por las tarifas de los peajes en Colombia no ha terminado. A pesar de que el Gobierno emitió el decreto con el que se estableció que no deben subir los precios este año, para así controlar los efectos de la inflación, 75 de las 111 concesiones en el país los subieron y ahora tendrán que echarse para atrás.

Y es que a comienzos de este 2023, el aumento en los cobros por usar las principales vías del país se convirtió en una de las más grandes preocupaciones de los colombianos, de los que constantemente viajan vía terrestre y, especialmente, de los transportadores de carga, cuya actividad laboral hace que diariamente asuman los altos costos de los peajes. 

Tras conocerse el dato de la inflación en nuestro país, que en 2022 se ubicó en 13,12 por ciento, muchos alegaron que los peajes no podían subir en esa misma proporción porque se dispararían los costos del transporte y, por ende, de los alimentos, de los insumos y de todo. Eso sería un grave problema porque el bolsillo de los colombianos ya no aguanta más. 

A raíz de esa situación, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció de inmediato que el Gobierno ordenaría no incrementar dichas tarifas. Sin embargo, para que se materializara la decisión se tenía que emitir un decreto con el que quedara muy claro cómo se debía aplicar la medida y si cobijaba a los peajes que maneja el Invías y los que maneja la ANI, que son los que están en las vías concesionadas.

Todo eso sonó como una buena noticia, si no fuera porque el país se despertó este lunes, 16 de enero, con la sorpresa de que 75 casetas de las 141 que están en las principales vías del territorio nacional, estaban más caras. Incluso, en el corredor que de Bogotá conduce a Villavicencio –en donde está uno de los peajes más caros de Colombia– el concesionario Coviandina las subió en 16,12 por ciento por un acuerdo que se había firmado hace tres años.

La razón es que la mayoría de los contratos de concesión tenían esa fecha estipulada para hacer los ajustes y como el Gobierno se demoró en expedir la norma, no tuvieron más salida que cumplir con lo que el documento les exige. 

El revuelo que causó esa decisión en el país fue de mayores proporciones y evidenció un despelote en el interior del Gobierno. ¿Nadie le avisó al presidente Gustavo Petro que existía una fecha límite para firmar el decreto, porque las empresas que manejan las concesiones tienen unos compromisos contractuales que deben asumir?, ¿sí negociaron con esos contratistas las nuevas condiciones?, si había un acuerdo previamente establecido, ¿por qué 75 empresas subieron las tarifas?

Aunque solucionaron parcialmente el problema y publicaron la norma congelando las tarifas para este año, a miles de colombianos que se desplazaron por las vías, en donde se hicieron los incrementos, les tocó pagar de más por culpa de una medida que se demoró. Para ellos, esa platica se perdió. 

Pero eso no es todo. Esta columna conoció que la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el gremio que representa a las empresas que manejan las vías, envió la semana pasada una carta al Ministerio de Transporte en la que le aclara la razón legal y técnica por la que no se podían congelar los valores de los peajes y por eso muchas lo hicieron. A pesar de eso, la orden del Gobierno se dio y las empresas quedaron en un limbo sin saber a quién hacer caso. 

Además, el presidente Petro advirtió después que, si los concesionarios no vuelven a bajar sus tarifas, si no se devuelven a las que tenían en 2022, serán sujetos a una investigación de la Superintendencia de Transporte, que incluso puede conllevar a una sanción. Prácticamente, se les impuso por decreto que incumplan con los contratos que ya tienen firmados.

La mayor preocupación es de dónde va a salir la plata que las carreteras dejarán de recibir por tener que congelar obligatoriamente sus tarifas. Se supone que lo que acordaron ambas partes antes de decidir congelar el cobro de los peajes es que el Gobierno asuma el excedente, que equivale a cerca de 500.000 o 600.000 millones de pesos anuales. 

Aunque todavía no es claro si esa solución les gusta o satisface a las concesiones y si para ellas no se estaría afectando la seguridad jurídica, en el decreto sí quedó expresamente dicho que el Ministerio de Hacienda deberá asignar recursos del Presupuesto General de la Nación para cumplirles a los contratistas y para que puedan garantizar la continuidad en la prestación del servicio en las diferentes carreteras colombianas.

El balón pasa entonces, nuevamente, a la cancha del ministro José Antonio Ocampo, quien llegará de Davos, Suiza, a enfrentarse con la noticia de que tendrá que destinar otros miles de millones de pesos de la reforma tributaria a las vías del país. ¿Será que sí le va a alcanzar la plata al ministro para todo lo que le están colgando a esa ley de adición presupuestal que se tramitará próximamente?

Es que ya vamos en que la plata de los nuevos impuestos se irá para compra de tierras, ollas comunitarias, seguridad alimentaria, matricula cero para miles de estudiantes, algo para pagar las deudas de las EPS, el costo de la formalización laboral en el Estado y ahora también subsidio al Soat y, como si fuera poco, a las carreteras. 

Ante este panorama de tener poca plata para tanta cosa, el ministro Guillermo Reyes recordó que hay una alternativa o solución a la vista. Resulta que este año entrará en vigencia el cobro por valorización y plusvalía por grandes proyectos de infraestructura, que se recaudará a nivel nacional y no territorial. Con ese impuesto se espera conseguir cerca de 25 billones de pesos. 

Ese dinero se iría a pagarles a los contratistas lo que están dejando de percibir por no subir las tarifas de los peajes, pero también permitirán financiar obras terminadas y que así no se instalen tan rápidamente nuevos peajes

Bueno, el Gobierno lo ve como una solución, pero puede convertirse en otro dolor de cabeza, ya que se trata de un nuevo y muy alto impuesto que tendrán que pagar quienes viven en zonas aledañas a las grandes vías que se están construyendo o que se van a construir. 

En plata blanca, esto significa que si usted hoy tiene un predio cerca de donde construyeron o están construyendo una carretera concesionada, su impuesto predial se incrementará de manera significativa, porque su inmueble tendrá un mayor valor. 

El experimento parece interesante, ya que este nuevo impuesto permitirá aliviar las cargas para los usuarios de las vías, pero habrá que ver hasta dónde puede llegar para no asfixiar a los dueños de los inmuebles, que en muchos casos no son terratenientes ni grandes millonarios.

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