¿Quién es el enemigo?

La reciente elección presidencial debería llevarnos a pensar en la función de los militares en el Estado actual. Se impuso la idea de que los grupos insurgentes, las disidencias, los narcotraficantes y las mafias han crecido y aumentado su poder porque los gobiernos previos —en especial los de Santos y Petro— fueron partidarios de negociaciones, procesos de paz y otras concesiones que, según los grupos de derecha, solo sirvieron para darles más poder. Esa lectura tiene una base real, pero pensar que la solución es incrementar el poder militar no solo es ingenuo sino contraproducente. Un modelo de gobierno basado en la seguridad puede terminar en un sistema represivo que no resuelva el problema de las mafias y los negocios ilegales y que, en cambio, margine y culpe a los movimientos sociales de los males del país.

Especial Imaginar la Democracia

Colombia se ha movido siempre entre dos tendencias: la que confía en el cumplimiento estricto de la ley, y la que confía en el cambio social. Ambas son cojas. La que confía solo en el cambio social olvida que ese cambio puede apoyarse en la violencia. La que confía solo en la ley —y en eso ganó De la Espriella, con sus promesas de orden por encima de todo— puede derivar en un régimen represivo que elimine los controles necesarios para que los militares la respeten en vez de perseguir a quienes piden el cambio, y en renovadas violaciones de los derechos humanos. Pero a las dos las atraviesa el mismo problema: el narcotráfico y las mafias mueven tanto dinero que terminan infiltrando lo mismo a los movimientos sociales que a los aparatos de seguridad, y acaban definiendo, desde adentro, los reclamos de unos y las prioridades de otros.

Colombia se ha movido siempre entre dos tendencias: la que confía en el cumplimiento estricto de la ley, y la que confía en el cambio social. Ambas son cojas

Para entender ese riesgo conviene recordar cómo se fue construyendo históricamente la relación entre militares y poder civil en Colombia. Desde la conquista española, las armas las llevaba quien podía conseguirlas: los propietarios y los dirigentes de las pequeñas poblaciones, que reclutaban sus soldados entre los trabajadores rurales indígenas y los esclavos. Cuando Colombia logró la independencia, ese problema no desapareció sino que se reconfiguró. Los soldados seguían viniendo de las grandes haciendas, donde los propietarios tenían como aparceros a posibles hombres en armas, y una de las preocupaciones centrales de quienes escribieron las primeras constituciones —la de 1821, la de 1830 y las que siguieron— fue precisamente evitar que los dueños de las armas decidieran cómo organizar el país o definieran los derechos de los ciudadanos, tarea reservada a los jueces y al orden legal.

Entre 1822 y 1892 hubo 14 guerras civiles, organizadas por terratenientes que sacaban a sus propios aparceros armados a enfrentarse a hombres organizados en partidos diferentes. Desde 1876 muchos políticos pensaban que la forma ideal de gobierno era el centralismo, de modo que el presidente tuviera autoridad sobre todas las regiones, incluyendo los ejércitos locales, y la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, terminó por consolidar ese orden centralista republicano que rigió casi hasta 1991. En los años que siguieron a esa guerra civil, entre 1902 y 1910, las leyes trataron de organizar la sociedad de manera que los soldados estuvieran bajo el control de funcionarios civiles: se estableció el servicio militar obligatorio y se crearon escuelas militares con apoyo de misiones extranjeras. A la vez se garantizó que en toda elección los candidatos de las minorías pudieran elegir al menos algunos miembros del Congreso y algunos gobernantes, una fórmula pensada más para frenar a un caudillo que para controlar al Ejército. El Estado se organizó, además, para dar a los agricultores respaldo legal a la exportación y para que las autoridades locales garantizaran la propiedad y el orden en las haciendas.

Ese equilibrio precario funcionó mientras los sectores rurales y obreros se mantuvieron al margen de la disputa por el poder. Cuando, entre 1910 y 1930, los pobres empezaron a reclamar su derecho a definir las líneas del gobierno, el Estado, encabezado por los empresarios agrarios, los exportadores y los nuevos industriales, recurrió a la represión militar para frenar las movilizaciones populares —con especial violencia en 1928 y 1929—y después de 1948 se organizaron ejércitos rurales populares, guerrillas que trataban de imponer sus proyectos de reforma social y de luchar contra las injusticias del orden rural. En 1953, por primera vez en más de cien años, un gobierno militar se tomó el poder mediante un golpe, sin haber ganado las elecciones. Los dos partidos tradicionales se unieron y lo derribaron, y asumieron el poder desde 1958, buscando un modus vivendi que combinara la represión y las concesiones a los nuevos grupos guerrilleros que seguían el ejemplo de Cuba y Rusia.

Cuando, entre 1910 y 1930, los pobres empezaron a reclamar su derecho a definir las líneas del gobierno, el Estado, encabezado por los empresarios agrarios, los exportadores y los nuevos industriales, recurrió a la represión militar para frenar las movilizaciones populares

Desde los años setenta, las negociaciones con esos grupos llevaron a configurar dos grandes bloques: uno formado por los empresarios tradicionales y sus aliados ilegales, y otro por los campesinos y los grupos guerrilleros —encabezados por las FARC y el M-19— que contaban con la simpatía de sectores universitarios y organizaciones populares. El peso de los grupos ilegales fue haciéndose más y más fuerte en ambos lados, sobre todo después de la Constitución de 1991 y del acuerdo de paz con las FARC en 2016, lo que dejó al país en la situación que hoy enfrenta el nuevo gobierno. El modelo represivo lo aplicaban ante todo los militares, pero la historia mostró que una victoria puramente militar era imposible, y eso llevó a negociar con las guerrillas, cuya debilidad relativa condujo finalmente al acuerdo de paz de 2016 con el gobierno Santos.

El gobierno populista anterior trató de ganar las elecciones aumentando los aportes estatales a los particulares, ofreciendo salarios más altos y mejorando los subsidios. En 2026 fue elegido un candidato que expresaba la fatiga de los votantes frente al poder difuso de los grupos armados y a la fuerza que los negocios ilegales ganaron en los años de Duque y Petro. Esa fatiga era particularmente fuerte entre los grupos políticos tradicionales y los sectores dominantes: el Congreso y los gremios. El nuevo mandatario tendrá grandes dificultades para gobernar, pues fue escogido en unas votaciones muy parejas, pero es difícil saber si la elección de la seguridad es más que un acto de retórica ritual, una declaración más de algo en lo que casi todos los colombianos están de acuerdo: que el enfrentamiento de los grupos armados debe cesar. En todo caso, para ello tiene que eliminarse del todo el cultivo de coca. Con la definición de este objetivo —eliminar, erradicar los cultivos de coca— se precisa con claridad a quién hay que perseguir, pero el Estado no avanza mucho en el sometimiento de los grupos armados.

El nuevo mandatario tendrá grandes dificultades para gobernar, pues fue escogido en unas votaciones muy parejas, pero es difícil saber si la elección de la seguridad es más que un acto de retórica ritual, una declaración más de algo en lo que casi todos los colombianos están de acuerdo: que el enfrentamiento de los grupos armados debe cesar

El contexto es muy imprevisible, por el déficit presupuestal que deja el gobierno de Gustavo Petro, y por la incertidumbre económica y política de los países de occidente. Ese fue un gobierno con grandes desórdenes administrativos, ineficaz, y muchos de sus proyectos debilitaron instituciones y procedimientos estatales. Un gobierno obligado a financiar los programas sociales heredados del gobierno anterior —salud, subsidios, pensiones, salario mínimo, educación— puede estar tentado a apelar, como lo ha mostrado la experiencia reciente, a la corrupción, el uso arbitrario de los recursos públicos, a la violación de derechos humanos, etc. En cierto modo, los dos modelos del siglo XX —uno basado en el respeto ritual y religioso de la ley, y otro que buscaba ampliar la participación popular en los beneficios del desarrollo— han vuelto a enfrentarse, y los electores dieron su apoyo otra vez a las bases del clientelismo que la Constitución de 1991, sin proponérselo, terminó por afianzar: prioridad a los sectores productivos, elecciones con altos niveles de corrupción en el presupuesto (auxilios parlamentarios) y en proyectos locales que financian la compra de votos, si los entes de control, sometidos al Congreso y al ejecutivo, dejan de cumplir sus funciones. Lo previsible es que la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los demás organismos de control, incluyendo algunas ramas de la justicia, queden sujetos en este gobierno al dominio del ejecutivo, por la capacidad de éste para gestionar recursos y aprobar contratos públicos.

Un gobierno obligado a financiar los programas sociales heredados del gobierno anterior —salud, subsidios, pensiones, salario mínimo, educación— puede estar tentado a apelar, como lo ha mostrado la experiencia reciente, a la corrupción, el uso arbitrario de los recursos públicos, a la violación de derechos humanos

Por supuesto, los riesgos de una visión muy represiva del nuevo modelo dependerán del contexto político del país y de la coyuntura internacional. El afán de frenar por completo el tráfico de drogas, como elemento que financia los grupos armados que se enfrentan al Estado, puede llevar, y ya se han hecho anuncios en esta dirección, a la eliminación total del cultivo de coca, incluyendo la adopción de mecanismos de erradicación forzada. En esto la alianza entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos puede resultar decisiva, dada la existencia de un gobierno muy represivo en estos asuntos en el país del norte.

Este gobierno, envalentonado en su oposición a Petro y a todo lo que cree que él representó, ha ido señalando tantos frentes distintos —desde los delincuentes y narcotraficantes hasta quienes no comparten cierta visión moral o religiosa del orden— que no siempre resulta claro cuál es su verdadero objetivo. La reciente marcha atrás en el nombramiento de un funcionario, al parecer por su orientación sexual, es síntoma de esa indefinición: un gobierno que aún no ha distinguido con claridad entre combatir el delito y perseguir a quien simplemente no encaja en su idea de orden.

Este gobierno, envalentonado en su oposición a Petro y a todo lo que cree que él representó, ha ido señalando tantos frentes distintos —desde los delincuentes y narcotraficantes hasta quienes no comparten cierta visión moral o religiosa del orden— que no siempre resulta claro cuál es su verdadero objetivo

La historia nos ha mostrado que un ejército puede ayudar a conformar dictaduras de derecha o de izquierda, y a escoger quién es el enemigo, quiénes serán las víctimas de la represión y las formas de represión aceptables. Por eso, los militares no pueden gobernarse a sí mismos, ni les corresponde decidir quién es el enemigo: esa es tarea del orden político, y entregarla a las FF.AA. puede eliminar todos los controles de protección a los civiles. Igualmente puede llevar a niveles muy altos de corrupción, en la medida en que los perseguidos por el Ejército, las organizaciones ligadas al negocio de la coca, a su procesamiento y exportación, pueden intentar sobornarlo y corromperlo, y los organismos militares y políticos legales pueden acabar involucrados con la mafia.

El gobierno va a tener que someter, mediante la fuerza militar, a los herederos de los grupos guerrilleros que no se sometieron en 2016. El Clan del Golfo, las disidencias que no aceptaron el proyecto de paz de las FARC, deberán someterse al control estatal, o porque el Estado les hace concesiones amplias o porque las apabulla con su poder militar. Todo esto supone un cambio en las relaciones con el Ejército. Hasta ahora, en el último medio siglo, el gobierno ha señalado a las FF.AA. los límites a su capacidad de acción: las ha utilizado para enfrentarse a la fuerza armada guerrillera, o cuando las ha considerado insuficientes, y ha promovido la formación de grupos civiles que, por su conocimiento local, pueden actuar ilegalmente contra la violencia guerrillera. Estos grupos, conocidos como paramilitares, han sido de mucho peso desde más o menos 1980. Además, el gobierno ha hecho pensar a los militares que cuentan con su apoyo cuando, en desarrollo de una estrategia eficiente, logran resultados notables contra los guerrilleros, aun violando abiertamente el Derecho Internacional Humanitario, como ocurrió con los llamados ‘falsos positivos’: el sistema de recompensas por bajas en combate del gobierno de Uribe, sin controles apropiados, que llevó a asesinar civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

El gobierno va a tener que someter, mediante la fuerza militar, a los herederos de los grupos guerrilleros que no se sometieron en 2016

Si se deja a los soldados la decisión sobre a quién hay que combatir, las dificultades para controlar al Ejército serán inmensas y es previsible que esto pase en el gobierno actual, en el que se restablecerá la dualidad de reforma y control que ha caracterizado la historia del país. En todo caso, el gobierno ha anunciado que eliminará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues considera que sirve para inculpar con más facilidad a los militares, que deben reconocer alguna violación de las normas para someterse a ella y lograr las ventajas que ofrece.

Si se deja a los soldados la decisión sobre a quién hay que combatir, las dificultades para controlar al Ejército serán inmensas y es previsible que esto pase en el gobierno actual

Fuera de los grupos empresariales de las grandes ciudades, que esperan el apoyo de alcaldes electos con promesa de gestión dura, en todas las ciudades hay grupos amplios de sectores bajos que esperan seguridad: que los alcaldes vigilen el transporte público y frenen el robo de celulares o motos. Y otros que esperan que vías importantes del país, como las que unen a Cali con Popayán y Tumaco, o las que salen de Cúcuta, se tranquilicen. El interés en la seguridad y en la tranquilidad ya no solo afecta a los empresarios prósperos, a los emprendedores urbanos y rurales importantes, sino que toca también a los pequeños comerciantes, al sector informal y a la ciudadanía en general.

Y en el campo lo que esperan los grupos principales de apoyo a De la Espriella es que, siguiendo la orientación de Estados Unidos, se logre frenar el cultivo y procesamiento de la coca y se eliminen las bandas armadas. El gobierno ha dicho que procederá a dar de baja a los jefes armados vinculados con la coca que no se sometan. Para esto, fuera de mejorar más allá de lo previsible la eficacia militar de las FF.AA., deberá mejorar la eficacia de la justicia para evitar la frecuente liberación por parte de los jueces, de presos razonablemente detenidos. Y todas esas mejoras requerirán recursos.

En el campo lo que esperan los grupos principales de apoyo a De la Espriella es que, siguiendo la orientación de Estados Unidos, se logre frenar el cultivo y procesamiento de la coca y se eliminen las bandas armadas

Todo esto ha llevado al nuevo presidente a anunciar la construcción de ‘megacárceles’, lo que exigirá una reforma total, muy difícil, del sistema penitenciario (INPEC) y aumentos notables del presupuesto estatal. Además, el gobierno ha anunciado que suspenderá las negociaciones de paz (‘Paz Total’), pues fueron usadas, en su opinión —que casi todos comparten— para lograr el fortalecimiento de los grupos armados. Sin negociaciones de paz y con problemas presupuestales para financiar favores a los grupos armados no se ve cómo va el nuevo gobierno a reducir la violencia. Una línea es por supuesto, como se mencionó, destruir del todo los cultivos de coca, como ya ha anunciado, aunque por el momento dice que lo hará utilizando herbicidas no contaminantes, pues buena parte de la oposición a la erradicación forzada tiene que ver con el efecto de la aplicación de herbicidas en la agricultura campesina.

Debe sumarse a esto la minería ilegal. Al igual que con la coca, quienes trabajan en las minas son los más pobres, y después la red de comercialización se va ensanchando y llegando a más capas de la sociedad. Identificar el cultivo de coca y la explotación minera puede ser relativamente fácil, pero no lo es atacar toda la red que hay detrás, y la pregunta es cómo se va a combatir una red de delincuencia que se ha fortalecido y sofisticado tanto en los últimos años. ¿Otra falsa seguridad como la de Uribe, en la que se podía ir a la finca pero en la que el negocio del narcotráfico creció sin control? Es probable que nos espere un gobierno de seguridad aparente, con muchas capturas y redadas, sin que sepamos si habrá un enfrentamiento real del problema.

Aunque es muy pronto para hacer cábalas, si este es el camino, veremos en 2030 un país aún más dividido, enfrentado entre las mismas dos visiones, igual de ciegas. Así, el gobierno logrará la enemistad de los cultivadores de coca y de los que se benefician con estos cultivos, lo que dará nueva legitimidad a los grupos sociales, a los campesinos débiles. Así, la elección de 2030 será un enfrentamiento renovado entre sectores que promueven un Estado neoliberal centrado en la seguridad y los electores que apoyan el desarrollo social y la visibilización de las minorías y los excluidos. Tal vez no será una confrontación final, y pueda aplazarse.

Aunque es muy pronto para hacer cábalas, si este es el camino, veremos en 2030 un país aún más dividido, enfrentado entre las mismas dos visiones, igual de ciegas

Todo esto descansa, sin embargo, en una política contradictoria: un gobierno que necesita a la vez el respaldo popular y el empresarial, sin saber todavía si sus reformas tributarias, administrativas y de salud funcionarán, ni si logrará sostener su popularidad en medio de una economía mundial hostil. Los grupos armados, que casi se duplicaron durante el gobierno Petro, probablemente sigan creciendo al comienzo de este: la crisis fiscal, el fin del diálogo y la promesa de no perseguir a los militares por “cumplir sus obligaciones” envalentonan más de lo que desarman. Hacia 2030 —si la elección tan pareja de 2026 se repite— el Pacto Histórico derrotado podría capitalizar el descontento de dos grupos que hoy parecen aliados del gobierno pero que terminarán sintiéndose traicionados: los campesinos cocaleros que pierdan la protección armada sin ganar nada a cambio, y los sectores urbanos golpeados por la reducción del 40 por ciento en el presupuesto y la reforma de salud y pensiones. El electorado volverá entonces a escoger entre dos promesas igual de falsas —la seguridad que cede ante militares y empresarios, y el bienestar que ya antes resultó ilusorio—, y detrás de esa elección seguirá viva la vieja tensión entre las oligarquías y un pueblo que apenas empieza a insinuar, sin saber muy bien cómo, que intentará organizarse.