Sobrecostos de las tierras en Colombia: la dudosa negociación en el programa bandera de Petro

La salida de Gerardo Vega de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el pasado 2 de febrero, pasó desapercibida. Sin embargo, CAMBIO revela documentos exclusivos que evidencian que detrás de su despido estarían presuntas irregularidades en, nada más y nada menos que, una de las políticas bandera del presidente Gustavo Petro: la compra de tierras para la reforma agraria. 

Aunque desde el año pasado se conoció, tras una investigación de CAMBIO, que existían serias diferencias entre Vega y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, solo hasta comienzos de este 2024 el presidente Petro aceptó que uno de sus funcionarios favoritos debía irse. 

Una de las razones que habrían hecho que el presidente Petro se convenciera de sacarlo puede tener que ver con los pobres resultados que registró en 2023 en materia de adquisición de predios rurales y posterior adjudicación a las familias campesinas a lo largo y ancho del país.  
 
Pero eso no fue lo único. Este medio pudo establecer que el exdirector de la Agencia de Tierras quiso tomar decisiones al final de su administración, contrarias a los intereses de la entidad, negociando predios con sobrecostos de casi 70 por ciento, aunque le habían ordenado que no lo hiciera. 

CAMBIO también conoció que, a pesar de la insistencia del Ministerio de Agricultura para que el exfuncionario entregara información acerca de la adquisición de unas tierras en el Magdalena Medio, cuyo trámite había sido suspendido, Vega bloqueó el acceso a todos los documentos y nunca la entregó. ¿Por qué?

Todo empezó en agosto de 2023 cuando CAMBIO dio a conocer que la ANT tenía intenciones de comprar la finca La Grosería, en el departamento del Cesar, para adjudicarla a unos campesinos que la invadieron un año atrás. El problema era que, según esa investigación, se estaban ofreciendo más de 8.000 millones de pesos por un predio cuyos terrenos no eran productivos. Más de la mitad de esa propiedad no servía para nada. 

Un día después de esa publicación, la propia ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le pidió a la agencia, a través de su cuenta de X, que suspendiera el proceso hasta que se verificaran las condiciones técnicas y jurídicas del mismo y se hiciera una visita al predio. Según sus propias palabras “las tierras compradas para la reforma agraria deben ser fértiles y aptas para la producción de alimentos”. 

A pesar de esa solicitud, los nuevos análisis no se hicieron y, por el contrario, cinco meses después y justo dos días antes de irse de la ANT, Gerardo Vega dio vía libre a la compra de la finca con un importante sobrecosto, ya que aparentemente quería pagar por el total del predio como si todo fuera productivo, cuando los informes de la misma entidad establecían que solo un 32 por ciento de las áreas tenían vocación agrícola. Sin embargo, la compra no se alcanzó a concretar.

Qué ‘Grosería’ de negociación

El exdirector de la Agencia de Tierras, Gerardo Vega, sabía claramente las condiciones en las que estaba comprando el predio La Grosería, una finca de 424 hectáreas, ubicada en zona rural del municipio de Chimichagua en el departamento del Cesar. 

Un informe de febrero de 2023 revelado por CAMBIO y que elaboraron desde esa misma entidad, era contundente: “El predio cuenta con fertilidad baja, muy baja, y en algún sector, fertilidad moderada, pero más de 139 hectáreas 979 metros cuadrados, de un total de 424 hectáreas, es decir, 32,7 %, no es aprovechable para la producción agropecuaria por sus bajos valores potenciales”.

Como si eso fuera poco, este medio de comunicación conoció otros documentos que se emitieron después por parte de la Agencia y de Corpocesar en los que se advirtió, una y otra vez, la inconveniencia de adquirir esa propiedad debido a las restricciones que tiene. En el 42,7 por ciento de su área hay influencia de fuentes hídricas (es un humedal) y el 35,6 por ciento es una zona de reserva forestal (hay un bosque). 

Hay otros elementos que llamaron la atención como, por ejemplo, la construcción que hay dentro de ese terreno, que según se puede ver en las fotos del avalúo comercial, es una casa de más de 30 años con fachada sencilla, tejas de zinc, puertas de madera y un evidente mal estado de conservación. ¿Ahí podrían vivir las familias campesinas? 

A eso se le suma que también habrían ofrecido pagar 977 millones de pesos por un cultivo de un poco más de 17.000 palmas, aunque en el estudio de precio se advirtió que estaba en aparente abandono o con mantenimiento regular. 

Seguramente fue por eso que el precio de ese cultivo bajó considerablemente de un avalúo a otro, ya que en el estudio que se hizo en mayo de 2023 se había establecido que las palmas tenían un valor de 4.600 millones de pesos y, tres meses después en un nuevo análisis, el precio sorprendentemente bajó a menos de 1.000 millones de pesos. 

En conclusión, el Gobierno colombiano le iba a entregar al vendedor de ese predio un total de 5.000 millones de pesos por una casa vieja, unas palmas en abandono y un restante de tierra en donde no se puede producir nada.

¿De dónde sacaron el precio? 

Para establecer el precio de cualquier predio rural en Colombia, normalmente se debe hacer un análisis del mercado de tierras con unas variables específicas que se consideran para determinar el valor de cada una. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Agricultura le explicaron a CAMBIO que hay algunas partes del país donde no existe ese mercado, porque es muy poca la oferta y, además, no hay compradores y por eso se vuelve muy dispendioso el proceso del aval.

Para el caso de la finca La Grosería, la forma de determinar su valor también resulta extraña: los encargados de hacer el estudio compararon el valor de ese predio con otros cuatro similares que sacaron de páginas como Mercado Libre, Finca Raíz y Bienes Online. 

Aunque en ese “análisis de mercado” el valor de las fincas, con casi las mismas hectáreas de La Grosería, oscilaba entre los 1.000 y los 4.800 millones de pesos, la ANT en un primer lance decidió ofrecer más de 8.500 millones al vendedor, es decir, más del doble del supuesto mercado que estudiaron. 

Al final la oferta quedó en los 5.000 millones de pesos ya mencionados, pero expertos consideran que ese sigue siendo un precio muy alto, teniendo en cuenta que la finca que se iba a adquirir por el Estado solo sirve en un 30 por ciento.

El afortunado vendedor 

El predio La Grosería, que iba a ser vendido a la Agencia Nacional de Tierras, está en manos de la empresa Inverpalm S.A.S. en liquidación, de propiedad de Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo. 

Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo fue uno de los beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro y, entre 2007 y 2008, recibió cerca de 900 millones de pesos de los cuestionados subsidios del gobierno de Álvaro Uribe. También se le ha relacionado con paramilitares. 

Frente a esas acusaciones, el señor Fernández de Castro le dijo a Verdad Abierta en 2013 que: " En la vida me he dejado permear por esos grupos. No señora. Yo siempre he creído en el Estado y ahora tengo una ausencia del Estado".

A pesar de tener toda esa información a la mano, el 31 de enero de este año, se presentó la oferta de compra firmada por el señor Tony Luis Lozano, mano derecha de Gerardo Vega y director en ese entonces de Acceso a Tierras en la ANT. 

El viernes 2 de febrero se hizo el anuncio de que Gerardo Vega salía de la entidad y con él, su asesor el señor Tony Lozano. En el Gobierno se quedaron esperando las respuestas a todos los informes que se pidieron porque el exdirector decidió ignorar las instrucciones administrativas. 

El ministerio de Agricultura le solicitó por escrito a Vega que suspendiera todas las compras. Además, se pidió gestionar el sistema de transparencia que se le exigió para tener un reporte de la gestión, pero él no lo entregó y mucho menos les explicó a sus jefes cómo priorizó las ofertas que hizo por las tierras , adquisición y cuáles fueron los criterios para hacer su posterior adjudicación. ¿A quién benefició? 

La oferta de La Grosería no sería la única que se habría hecho con sobrecostos durante la administración Vega. CAMBIO conoció otros dos casos que la ANT ya se encuentra documentando. Uno es un predio que también está ubicado en el Cesar llamado Santa Ana y el otro, una finca de solo 19 hectáreas por la que querían pagar un poco más de 3.500 millones de pesos en el Cauca.

Ahora las autoridades tendrán que investigar si se cometieron irregularidades en dichas negociaciones y si los sobrecostos favorecían intereses particulares. En ese caso estaríamos ante el peor de los escenarios para uno de los programas bandera del presidente Gustavo Petro: la compra de tierras también se habría permeado de corrupción. 

CAMBIO habló con el exdirector de la ANT, Gerardo Vega, sobre las compras que quiso hacer, y sobre la improductividad del predio negociado explicó que en Colombia la legislación históricamente ha apuntado a que no se haga la reforma agraria. Según el exfuncionario, las entidades siempre contratan agrónomos para que estudien los predios y definan qué no se produce en cada uno de ellos, pero nunca les preguntan qué sí sirve en esos territorios y cómo se pueden aprovechar. 

“Por eso es que no se logra avanzar, por eso es que no se ha hecho la reforma que tanto necesitan los campesinos. Todas las tierras funcionan, en todas se puede hacer algo”, aseguró. 

Con respecto al vendedor, Vega manifestó que el señor Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo no tiene ninguna sentencia de la Fiscalía General de la Nación y las acusaciones en su contra solo provienen de organizaciones de derechos humanos que han tenido reparos contra él. 

Sobre la supuesta improductividad del predio La Grosería, Vega dice que hay otro concepto de Lilia María Rodríguez Albarracín, subdirectora de Planeación Operativa de Agencia Nacional de Tierras, hoy viceministra de Agricultura), en el que establece que la finca tiene "total aptitud verificada y que sumada a la relativa es de un 76.2 por ciento".

*Nota aclaratoria: Tras la recepción de una solicitud de rectificación por parte del señor Gerardo Vega, CAMBIO modificó la nota inicialmente publicada