La Grosería: la finca que el Estado quiere comprar aunque más de la mitad del terreno sea improductivo

El año pasado, 264 familias invadieron cuatro predios en Chimichagua, Cesar: La Oficina, Pitalito, San Miguel y La Grosería. Nadia Umaña, vocera de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, organización que agrupa procesos de comunidades campesinas sin tierra en el Cesar y Magdalena, explicó que lo que hicieron fue entrar a recuperar la tierra porque "hubo ahí apropiación irregular por parte de terratenientes en tierras que deberían ser comunes”.

Tras una reunión con los invasores, funcionarios del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Restitución, entre otras autoridades locales, firmaron una carta de compromiso para caracterizar a las familias y, posteriormente, proceder a la compra de tierras en la zona.

El pasado 6 de junio salió la primera oferta hecha por la Agencia Nacional de Tierras a Inverpalm S.A.S. en liquidación, de propiedad de Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, para comprar el predio La Grosería.

Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo fue uno de los beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro. Entre 2007 y 2008, recibió cerca de 900 millones de pesos de los cuestionados subsidios del gobierno de Álvaro Uribe. De hecho, Fernández de Castro fue uno de los donantes del referendo reeleccionista del entonces presidente Uribe.

En su momento, el exparamilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras, aseguró que el Bloque Norte de la AUC había asesinado a dos campesinos porque así lo habría ordenado Fernández de Castro. (ver video)

Aunque en la maya catastral del Igac y en el folio de matrícula se describe que La Grosería cuenta con 363 hectáreas 5.700 metros cuadrados, la oferta se hizo para 424 hectáreas 7.106 metros. El Gobierno le dijo a Fernández de Castro, a través de una misiva, que estaba dispuesto a pagar 8.343 millones de pesos por el predio, de los cuales 4.467 millones de pesos corresponderían al pago por el cultivo de 20.000 palmas de aceite.

Más allá de que la Agencia Nacional de Tierras tenga la intención de comprar predios invadidos, algo que va en contra de la Ley 160 de 1994, del Decreto 1071 de 2015 y del Decreto Ley 902 de 2017, legitimando la práctica de invasiones de predios privados, y de ofrecer dinero por más hectáreas de las que están registradas, lo que más llama la atención es que se esté adquiriendo tierra para la reforma agraria con inconvenientes de productividad. Eso no solo lo corroboran informes de la misma ANT, que describen que más de la mitad del terreno no sería aprovechable, sino registros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), que le agregan limitaciones ambientales. 

Fernández de Castro manifestó que él le ofreció a la ANT siete predios de 900 hectáreas y que solo escogieron La Grosería. También agregó que está a la espera de una nueva oferta en la que se actualicen las hectáreas de su predio.  

“Mis tierras son bien productivas en ganadería y palma. Lo que tiene sembrado está supercargado. Si no fuera así, los campesinos no estarían tan entusiasmados con que se las entreguen”, precisó.

Pero eso no es lo que dice el informe realizado el 14 de febrero de 2023 por la ANT. “El predio cuenta con fertilidad baja, muy baja, y en algún sector, fertilidad moderada, pero más de 139 hectáreas 979 metros cuadrados, de un total de 424 hectáreas 7.106 metros cuadrados, es decir, 32,75 por ciento del predio, no es aprovechable para la producción agropecuaria por sus bajos valores potenciales, capacidad agrológica y composiciones agronómicas y por sus pendientes tan pronunciadas mayores a 50 por ciento y menores de 75 por ciento, además de presencia de pedregosidad y aluminio”, detalla el informe.

También se reseña que existe un área de 92 hectáreas 4.079 metros cuadrados donde la pendiente es menor, pero la fertilidad de la tierra es baja, lo cual no permitiría desarrollar proyectos productivos, “puesto que posee abundante pedregosidad superficial, lo que impide la mecanización del suelo. Esta área es equivalente a 21,75 por ciento del predio”.

En total, 231 hectáreas, que corresponden a 54,5 por ciento del predio, no serían aprovechables, mientras que 125 hectáreas están ocupadas por un cultivo de palma –es decir, parte del terreno productivo posible en la zona ya está condicionado a la palma–, y otro porcentaje tendría limitantes ambientales.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, aseguró que revisará el expediente, pero de antemano afirmó que toda tierra es productiva, incluso la de La Guajira, porque allá se pueden 'cultivar chivos'. “Algunos funcionarios están aquí para que nada se haga. En lugar de decir que esa tierra no sirve, díganos para qué sirve. Los agrónomos no tienen esa formación y no se les pregunta eso. Todos los predios tienen una productividad, para algo sirven. Aquí todo estaba construido para que se diga que no se puede y por eso es que la reforma agraria no se ha hecho”, manifestó.

Según los expertos, ningún predio es totalmente productivo y en la norma no existe un porcentaje establecido que determine la viabilidad o no de un terreno de acuerdo con su fertilidad. Sin embargo, la lógica que ha usado la Agencia Nacional de Tierras es que el terreno comprado tenga entre 70 y 80 por ciento de productividad y que el 20 por ciento pueda tener determinantes ambientales que limiten su uso. Bajo ese supuesto se calcula el costo- beneficio que justifique la inversión.

Por otra parte, está la discusión sobre los beneficiarios. La Unidad Agraria Familiar (UAF) corresponde a la cantidad de área que se requiere en un territorio para que le genere dos salarios mínimos mensuales vigentes a una familia. Suponiendo que la UAF promedio de Chimichagua sean ocho hectáreas, las 424 hectáreas que la ANT dice tiene el predio La Grosería darían para 53 UAF; lo que se traduce en 53 familias para ubicar en ese predio. Si más de la mitad del terreno de La Grosería es improductivo, en realidad el número de familias que se beneficiaría realmente de la tierra sería menos de la mitad.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tierras, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023, el Estado ha comprado, para llevar a cabo la reforma agraria propuesta por el presidente Gustavo Petro, 155 predios, de los cuales 91 bienes que suman 8.163 hectáreas han entrado al Fondo Nacional de Tierras. Con base en lo que está sucediendo con La Grosería, la pregunta que surge es cuántas de esas hectáreas son realmente productivas para que haya valido la pena comprarlas.