La incongruencia alrededor de las cifras de la reforma agraria

Detractores del Gobierno de Gustavo Petro, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, han estado cuestionando a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, por cuenta de las cifras que presenta como logros de la reforma rural, cuando se trata de entregas de títulos de solicitudes antiguas al Incoder o al Incora.

“Están haciendo una pantomima de que están creando nuevos propietarios, pero la mayoría de esos títulos ya habían sido registrados y entregados por gobiernos anteriores, que incluso se encargaron de hacer el barrido de baldíos. Nadie alcanza a hacer un proceso de titulación de cero en 11 meses, es mentira que en este Gobierno hayan iniciado el proceso y hayan terminado. Incluso, son títulos que la ministra, como exsubgerente del Incoder, sabe que existían”, dijo Valencia.

La crítica no es exclusiva de la oposición. Dentro del Gobierno, concretamente en el mismo Ministerio de Agricultura, están molestos con Vega porque consideran que está engañando al presidente Gustavo Petro al prácticamente sumar peras con manzanas y mostrar cifras que no corresponden a logros de la reforma agraria. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, lo reconoce. Vega, por su parte, tacha de “medición tecnócrata” la interpretación que sus colegas del ministerio le están dando a su gestión.

¿Qué fue lo que se pactó en el Acuerdo de Paz?

Para entender lo que está pasando hay que partir de lo pactado en el Acuerdo de Paz en La Habana en temas de tierra. La meta fijada fue 3 millones de hectáreas en acceso y 7 en formalización o titulación. La Agencia Nacional de Tierras asegura que, solo durante el Gobierno de Petro, se han titulado 938.411 hectáreas, una cifra alta si se tiene en cuenta que durante los cuatro años del gobierno de Duque solo se titularon 788.961 hectáreas.

En una reciente entrevista con el diario La República, Gerardo Vega aseguró que está titulando 90.000 hectáreas por mes, una gestión que, de ser cierta, sería una proeza, pues la titulación de un baldío, cuando el proceso arranca de cero, se demora en promedio cinco años; mientras que la formalización de un predio privado, si de por medio está un juez, tarda al menos tres años.

La Agencia Nacional de Tierras fue creada en 2015. En esos últimos dos años del gobierno Santos, se titularon 1.562.800 hectáreas y ninguno de los procesos relacionados con baldíos empezó de cero ni terminó en la misma administración.

“Para nosotros el indicador es la entrega de los títulos, lo demás es un debate técnico”, explica Vega, al tiempo que defiende su gestión: “Todo esto lleva un gran trabajo. No es que encontramos los títulos y los entregamos como servicio social. Hemos buscado los títulos en todas las cajas de la agencia y oficinas, encontramos las resoluciones, buscamos las familias, todo eso tiene un proceso… El título sirve es cuando se puede disponer de un bien”.

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El funcionario añadió: “Para nosotros la reforma rural es que la tierra le llegue a la gente, que el título le llegue a la gente, decir que es formalización, titulación o adjudicación es un debate de personas que dicen ser expertas en tierras y que se dicen especialistas”.

La realidad de los títulos que Vega está entregando es que son de gente que ya hace presencia en la tierra y que hicieron la solicitud para normalizar o formalizar el predio hace varios años. Eso se conoce también como adjudicación de baldíos o formalización de predios privados y es lo que se viene haciendo históricamente. En la bodega de la ANT, ubicada en Bogotá, hay al menos nueve kilómetros de cajas de archivos desde el año 1960, época en la que se creó el Incora. Y ese casi millón de hectáreas titulado en el primer año de Gobierno efectivamente corresponde a procesos que ahí reposan. En la práctica, varios de esos expedientes están en el camino de cumplir lo pactado en La Habana en término de formalización, pero no por gestión de esta administración.

Si se desagregan las cifras, de las 938.000 hectáreas que –dice la ANT– ha titulado en el Gobierno de Petro, a 70.955 hectáreas solo les faltaba el registro en la oficina de registro público y eso fue lo que se hizo, mientras 225.729 hectáreas fueron actos administrativos expedidos. Sin embargo, el problema más grave está en las 641.727 hectáreas, que corresponden a procesos que ya habían culminado, cuyo título ya había sido expedido por el Incoder y ya contaba con registros. Lo único que hizo la agencia en este caso fue sacarles una copia a los títulos y entregárselos a los campesinos. Entregar un título que ya fue expedido no es titulación nueva.

Ricardo Sabogal, experto en temas de tierras y exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras, afirmó: “Lo que se está viendo aquí es una gestión más como 472 o Servientrega que como Agencia Nacional de Tierras. Las cifras como se plantean son imprecisas”.

¿Qué está pasando con la compra de tierras?

Vega asegura que la compra de tierras ha estado paralizada por cuenta del debate que se ha armado en los últimos días por las dudas sobre las cifras que ha presentado. “Para poder cumplir con la reforma agraria tendríamos que cumplir con 400 escrituras diarias y llevamos diez días en esta discusión, 60 personas de lleno en esto. Han paralizado la compra por estar en estas discusiones, legítimo y válido con ustedes, la prensa”.

Según la Agencia Nacional de Tierras, para la reforma agraria se han comprado hasta la fecha 29.027 hectáreas, pero, de esa cifra, solo 18.120 hectáreas han sido adquiridas realmente de privados; el restante han sido compradas por la vía de las entidades públicas, como la Sociedad de Activos Especiales. A corte del 21 de julio de 2023, se han destinado 212.998 millones de pesos para la compra de tierras. Las 30.000 hectáreas compradas son apenas el 1 por ciento de la meta de acceso del acuerdo de paz; pero si se tiene en cuenta solo la compra de predios a privados, realmente solo se ha avanzado en este ítem un 0,6 por ciento. Del total de hectáreas compradas,  se han entregado 12.375 hectáreas a beneficiarios, lo que corresponde al 42 por ciento de esos terrenos.

Lo más problemático de la interpretación que Vega da como logros de la reforma rural es a quién le ha dado esas tierras que se han comprado. En primer lugar, las cifra desagregadas de la entidad no cuadran. En segundo lugar, más de 10.000 hectáreas han sido títulos colectivos concedidos a comunidades negras e indígenas. Las hectáreas que se les entregan a comunidades étnicas no son, en estricto sentido, parte de la reforma agraria sino un reconocimiento al derecho fundamental al territorio. Sus reclamos de tierra están relacionados con terrenos que históricamente han ocupado y que el Estado debe titularles. Incluso esto hace parte del capitulo étnico del acuerdo de paz, pero no como tal de una reforma agraria porque ello no es redistribución de tierra. Aquí nuevamente la administración Vega está mezclando peras con manzanas.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le explicó a CAMBIO que durante su trayectoria laboral ha dejado en evidencia cuando gobiernos anteriores han presentado cifras engañosas y por ello no será la excepción con lo que se ha descubierto en la administración de Gerardo Vega en la Agencia Nacional de Tierras. La funcionaria considera inconcebible que prácticas que se ha criticado de gobiernos anteriores hoy perduren.

“Tengo que ser coherente y por ello desde el primer día, cuando llegué a mi cargo, advertí que las cifras de la Agencia Nacional de Tierras no cuadraban. Le pedí a Gerardo Vega que aclarara las cifras y le di la orden a mi equipo de que estableciera mecanismos para verificarlas. Ahí fue cuando encontramos serias inconsistencias. Realmente las cifras no son congruentes con lo que se reporta. Más que publicidad, tenemos que dar resultados”, manifestó la jefe de cartera, al tiempo que aseveró que el Gobierno e Petro tiene un real compromiso para cumplir el acuerdo de paz, la reforma rural, las demandas territoriales, los procesos de restitución, entre otros, y que ello no puede verse empañado por cifras que no son congruentes. 

La última palabra en este pulso la tiene el presidente Gustavo Petro.