En medio de las dificultades en el remate del periodo legislativo anterior, con el hundimiento de la reforma laboral, el congelamiento de la reforma a la salud y la derrota en la plenaria del proyecto de regulación de uso adulto del cannabis, pasó inadvertida para la opinión pública la aprobación de dos reformas constitucionales de la mayor trascendencia para el desarrollo del campo colombiano y el bienestar de los campesinos, que además significan, en el caso de la jurisdicción agraria, un avance importante en la implementación legislativa de los acuerdos de paz, que fue abandonada durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque.
La creación de la Jurisdicción Agraria y la nueva norma constitucional que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos en Colombia, son dos decisiones del Congreso que se esperaban desde hace tiempo. Uno de los más graves problemas del campo es el de la propiedad de la tierra, los históricos conflictos por su posesión y la titularidad de los predios, que han limitado las posibilidades de crecimiento y fortalecimiento del sector agropecuario e impiden proyectos de emprendimiento y desarrollo en muchas zonas del país, por la imposibilidad de acceder a financiación. En el punto 1 del Acuerdo de Paz se incluyó la creación de una jurisdicción agraria independiente, especializada, dedicada en forma exclusiva a resolver las disputas por la tierra y en los últimos seis años no se había concretado ese propósito. Después de varios intentos, y con el liderazgo del Gobierno, el Congreso finalmente concertó un texto final con la Corte Suprema de Justicia, que inicialmente tenía reservas sobre la iniciativa. Con la creación de tribunales y juzgados agrarios, especialmente en las zonas PDETS, que asumirán en forma exclusiva la tarea de resolver pleitos que llevan décadas sin solución, se salda una deuda histórica con esos territorios. Así mismo, será de gran utilidad la experiencia acumulada en la última década con el funcionamiento de la jurisdicción transicional de restitución de tierras, que contribuye a impulsar procesos de reconciliación y se fortalecerá de esa manera el aparato judicial del Estado en zonas históricamente olvidadas.
En la misma semana el Congreso aprobó por amplio consenso el proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos en Colombia, en desarrollo de una resolución de Naciones Unidas sobre el tema. Aunque no hace parte de los compromisos del Acuerdo del Teatro Colón, esta iniciativa se complementa con la jurisdicción agraria, en un momento en que son prioridad estatal la reforma rural y la entrega de predios a comunidades campesinas, indígenas y afros. Elevar a norma de rango constitucional la protección de los derechos de los campesinos significa un enorme avance para organizaciones sociales y comunitarias que lucharon durante años en ese propósito. Y es de la mayor trascendencia también el reconocimiento de la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesino. Los dos actos legislativos aprobados son fruto de un amplio diálogo en el último año entre gobierno, partidos, organizaciones sociales y otras instituciones del Estado, como la propia Corte. Es evidente que los proyectos tuvieron modificaciones sustanciales en los ocho debates parlamentarios y el texto final fue ampliamente consensuado, en un buen ejemplo de construcción colectiva que merece ser replicado. En los días en que la crisis de gobernabilidad del Ejecutivo en el Congreso se profundizaba, los dos proyectos se aprobaron por amplias mayorías.
Al comenzar esta semana un nuevo periodo legislativo, el Gobierno tiene dos opciones distintas para impulsar su agenda reformista que es válida, legítima y necesaria para el país. El camino de la tozudez, la imposición, la arrogancia e inflexibilidad demostrada en el trámite de iniciativas como las reformas laboral y de salud, que condujeron a una dura crisis de gobernabilidad, o el de la tranquilidad, discreción y prudencia que demostraron otros sectores del Ejecutivo en el caso de la Jurisdicción Agraria y el proyecto del campesinado, que finalmente generó consensos amplios y mayoritarios que permitieron avanzar en su aprobación, sin sacrificar los propósitos de cambio que contenían los proyectos iniciales. La gran pregunta, ahora, es cuál de los dos caminos emprenderá el Gobierno a partir del 20 de julio, cuando aún están pendientes las discusiones sobre las reformas sociales del semestre anterior, ahora con proyectos adicionales en la agenda como la Ley de Educación Superior y la de Servicios Públicos. Ojalá se decidan por la búsqueda de consensos, que sí son posibles. El discurso presidencial de mañana dará señales claves del rumbo inmediato de las relaciones del Gobierno con el Congreso.
