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CAMBIO conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga 7.837 casos de falsos positivos con nombres y apellidos, también avanza en la investigación por otras 21.000 víctimas que aún no han sido identificadas. El universo de víctimas actual eventualmente podría triplicarse.
La medida cautelar, solicitada por Helena Urán Bidegain, pretende la “resignificación” de la Casa del Florero y las caballerizas del Cantón Norte, lugares en los que se practicaron torturas. También cobija al Cementerio del Sur. Habrá una intervención en la carrera Séptima de Bogotá y las víctimas tendrán participación.
CAMBIO revela la historia de un auto que se dictó en la JEP llamando a versión voluntaria al exvicepresidente de la República Óscar Naranjo dentro del octavo macrocaso que investiga crímenes de la fuerza pública. La decisión nunca se notificó y, tres meses después, fue anulada internamente. El capítulo sigue abierto: el revés está siendo analizado en el Tribunal para la Paz.
El tribunal de justicia transicional determinó que los altos miembros del Ejército consolidaron relaciones con grupos paramilitares. Según la JEP, los generales imputados permitían a organizaciones ilegales delinquir en el Meta a cambio de colaborar en la presentación de falsas bajas en combate.
El magistrado Camilo Suárez aseguró en entrevista con Julio Sánchez Cristo que la Jurisdicción Especial para la Paz actuó conforme al acuerdo final y puso a las víctimas en el centro de la sentencia contra el exsecretariado de las Farc.
En el fallo que sancionó a 12 exintegrantes del Batallón La Popa por 135 falsos positivos en la costa Caribe, la JEP compulsó copias para que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a dos jueces y a un procurador por sus actuaciones de hace dos décadas. Investigaciones por falsos positivos habrían quedado olvidadas en bolsas.
“Respetemos la decisión de la JEP. Es tardía, sí. Incompleta para muchos, también”, dijo el expresidente con respecto a la primera sentencia que dictó la JEP. Aunque reconoce sombras en el fallo contra el último secretariado de las Farc-EP, pide al país que siga implementando el Acuerdo de Paz.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz advierte que no hay incompatibilidad en el ejercicio político para los siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, que recibieron la máxima sanción por el macrocaso de los secuestros, fijó unas reglas para momentos en los que existan tensión con el cumplimiento de las sanciones.
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP dictó la primera sentencia de su historia, imponiendo sanciones propias a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por el macrocaso sobre los secuestros. Todos los comparecientes tendrán ocho años con restricción de la libertad y trabajarán en la búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario y otras acciones. Podrán seguir participando en política.