La nueva palabra de moda en los explicaderos políticos es lawfare. Un término usado por primera vez en 1975 por académicos australianos para criticar el desvío en el empleo de las formas judiciales, con el fin de solventar y disfrazar disputas políticas.
Después se internacionalizó y ejemplos concretos hemos visto en este vecindario. Como el caso que adelantó el juez Sergio Moro en Brasil contra Luiz Inácio Lula Da Silva en la trama de Lava Jato, para casi inmediatamente después aceptar la invitación de Jair Bolsonaro a ser su ministro de Justicia. Finalmente, el Tribunal Supremo consideró que estaba probada la parcialización de Moro contra Lula: la politización de la justicia.
Claro que hay jueces que se desvían y permiten la instrumentalización de la toga con fines políticos. Cuando eso ocurre se causa un enorme daño a las víctimas y a la justicia como valor rector de la sociedad; permite que la gente no crea en los jueces y asuma que todos son venales. Pero hace tal vez más daño señalar que cualquier juicio a un mandatario es producto de persecuciones ideológicas.
Si existen elementos fácticos que demuestran crímenes de quienes ostentan el poder, es imprescindible la judicialización de la política; o, mejor, de los políticos. Pero ahora el sainete del lawfare sirve como un canto generalizado contra el funcionamiento de las instituciones.
Abusado y descontextualizado, se convirtió en el caballito de batalla para contestar cualquier acusación grave, incluso si de ella hay pruebas irrefutables. Es el nuevo argumento manido y ensuciado por los políticos que quieren escapar de la justicia.
El pasado jueves el mundo conoció un veredicto histórico: la condena del expresidente y precandidato presidencial Donald Trump por 34 cargos relacionados con pagos de sobornos y falsedades documentales. A lo largo del juicio, el ahora convicto violó diez veces la orden de no comentar lo que en él ocurría públicamente. En varias ocasiones acusó un lawfare orquestado desde la Casa Blanca.
Así reaccionó Donald Trump a la condena impuesta por un jurado, y opta por insultar al juez y atribuir el proceso a los “fascistas” demócratas.
En Colombia también lo ha manoseado el presidente Gustavo Petro al acusar de lawfare las averiguaciones judiciales y administrativas contra las fehacientes evidencias de financiación irregular de su campaña. Los defensores de Álvaro Uribe han gritado lo mismo ante el proceso que enfrenta por soborno de testigos y fraude procesal, el cual ha intentado frenar y desconocer con todo tipo de ayudas, esas sí de politización de la justicia.
El abuso de ese concepto es una nueva arma poderosa porque permite no tener que referirse a los hallazgos concretos sino cuestionar las mismas instituciones desde donde opera la justicia. Y en tiempos de verdades movedizas, la venta de simplificaciones distorsionadoras sale muy buen negocio.
La única manera de contestar a las acusaciones arbitrarias y sin fundamento de lawfare es volver a los hechos, a las pruebas, a los hilos de la cabuya que amarra el expediente. Pero eso es aburrido y complicado, lo que hace aún más provocadora la alternativa de creer que cualquier indagación judicial es arma política disfrazada.
La viralización vacía del término encuadra perfectamente en las dinámicas de fake news que privilegian las plataformas de redes sociales. Lo que se difunde es la idea de que a cierto político lo persiguen jueces ladeados, y a nadie interesa adentrarse en los detalles de las causas para saber si hay o no atropello judicial. Lo que se propaga es la mentira, y su corrección se queda atascada en el algoritmo, porque además pocos quieren cuestionar la idea que les ayuda a explicar las fechorías de su político favorito.
Por eso hay millones de personas convencidas de que la condena a Trump es una estrategia electoral de Joe Biden, como tantas otras creen que lo de Uribe en Colombia es una emboscada de terroristas disfrazados de defensores de derechos humanos. Gritar lawfare les sirve para ignorar la evidencia de falsificación de registros societarios o de soborno de testigos.
La verdad pública —esas pocas certezas compartidas— enfrenta enormes embates. Una de las fuentes de ese relato son las decisiones judiciales y ellas no saldrán indemnes. Y las consecuencias del abuso de las denuncias de lawfare son demoledoras para los estrados y para el resto de las esquinas de la democracia.
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