¿Guaro pa’ todo el mundo? La disputa en la Corte que podría cambiar por completo el mercado del aguardiente

El mercado del aguardiente en Colombia, que históricamente se ha manejado como un monopolio rentístico, podría cambiar por completo por cuenta de un debate que avanza en la Corte Constitucional: una demanda está pidiendo que los licores, sea cual sea su origen, puedan ser distribuidos y vendidos libremente en todos los departamentos.

Sólo en 2023, este mercado representó 1,3 billones de pesos para los departamentos. Antioquia, uno de los que ejerce monopolio de licor, fue el que más obtuvo rentas por la venta de aguardiente, con 349.736 millones de pesos. Le siguieron Cundinamarca, con 201.717 millones, y Valle del Cauca, con 140.227 millones de pesos.

Como se sabe, en el país hay ocho licoreras: la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, la Fábrica de Licores del Tolima, la Industria de Licores del Valle, la Industria Licorera de Caldas, la Industria Licorera del Cauca, la Nueva Licorera de Boyacá y la Unidad de Licores del Meta. Los departamentos que ejercen monopolio reciben ingresos tanto por el impuesto al consumo como por las utilidades que dejan las licoreras.

El exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien también ha sido abogado de la Licorera de Caldas, junto con el reconocido abogado y árbitro Jorge Enrique Sánchez, demandó el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que regula lo relacionado con el monopolio de los licores en el país y que introdujo un cambio clave: abrió la puerta para que los departamentos que producen su propio aguardiente suspendan la entrada a sus territorios de destilados producidos en otros departamentos. Esa medida se planteó como una forma de proteger la producción local y obtener recursos para invertir la salud y educación.

Con esa norma, la Gobernación de Cundinamarca, suspendió la venta del Aguardiente Amarillo de Manzanares de la Licorera de Caldas, en una disputa que hoy sigue. Ahora bien, la demanda de Robledo y Sánchez, y otra que presentó el conjuez Julio Andrés Ossa, buscan un cambio radical en la materia alegando que se está afectando la libre empresa.

“Se autoriza la restricción injustificada de la libre circulación de aguardientes, así como se permite la exclusión de la participación en los mercados departamentales de aguardientes que compiten con los propios del departamento”, dijeron.

¿Se afecta la libertad de empresa?

Las dos demandas que estudia la Corte, y que fueron acumuladas, tienen argumentos similares. Para los abogados, esta ley permite un monopolio que beneficia a los departamentos más fuertes, incurriendo en “abuso de la figura de la autonomía territorial”, que, por favorecer a los intereses locales, afecta a otros departamentos.

“Este veto es inconstitucional. Crea divisiones internas no previstas en la constitución, genera barreras departamentales inaceptables, y superpone el interés del departamento al interés de la nación [...] La posibilidad de que un departamento impida el ingreso y comercialización de aguardiente de otro departamento implica una desprotección y una discriminación en el derecho interno a productos amparados por la misma garantía de libre competencia y la misma libertad de comercio”, indicó Ossa.

En ese sentido, las demandas argumentan que en Colombia la regla general debe ser la libre circulación de los productos, y que el bloqueo de aguardientes de otros departamentos o extranjeros desconoce la naturaleza rentística de los monopolios, además de afectar el derecho de cada persona de escoger libremente el aguardiente que quiera consumir.

Para Pablo Felipe Robledo, se está permitiendo que "los departamentos se comporten, en cuanto a la introducción de aguardiente a sus territorios, como pequeños Estados, con políticas económicas y aduanas propias que fijan salvaguardias como verdaderos territorios autónomos e independientes, a la manera de los Estados nacionales".

"Si bien podría pensarse que la finalidad de la “protección especial” prevista en el artículo 28 de la Ley 1816 resultaría legítima e idónea para lograr fortalecer las industrias de licores departamentales –agregó Robledo–, lo cierto es que la misma no resulta necesaria ni urgente, como quiera que resulta desproporcionadamente lesiva de otros principios constitucionales que merecen de igual cumplimiento".

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Cuando el departamento limita la cantidad de aguardiente comercializable en su jurisdicción, limita las transacciones económicas internas y, por tanto, reduce la renta potencial susceptible de ser percibida por razón de la comercialización, con lo cual se afecta, a su vez, el presupuesto departamental para salud y educación: Pablo Felipe Robledo

El riesgo llevaría a la quiebra: licoreras y departamentos

Para la Gobernación de Cundinamarca, el panorama es claro: si la Corte tumba la posibilidad de frenar la llegada de otros aguardientes, se aceleraría la caída en las ventas de los destilados locales (Néctar) “y se podría llegar a una situación irreversible de quiebra”. Este departamento tiene una restricción a varios productos que va hasta julio de 2025, y, con ello, las ventas subieron en 2021 un 27 por ciento; en 2022, el 35 por ciento y en 2023, el 38 por ciento.

Para la Gobernación, además, la Corte debería contemplar que la medida sólo permite bloqueos a futuro por lo que, si un destilado ya tenía la autorización desde antes, por lo que la norma sí logró evitar la caída de la producción y la venta de los aguardientes de la Empresa Licorera de Cundinamarca.

“Lo anterior no quiere decir que el mercado del aguardiente continúe estable de forma global. De hecho, el aguardiente como un todo ha perdido participación en el mercado y a partir del año 2017 presentando una tendencia decreciente, pasando de cerca de unas 20 millones de botellas en el año 2014, a algo más de 16 millones en 2022”, indicó la Gobernación.

Antioquia, que tiene salvaguardas hasta febrero de 2028, reportó a la Federación Nacional de Departamentos un crecimiento de las ventas de la Fábrica de Licores de Antioquia en 36,4 por ciento en unidades. Boyacá, que tiene salvaguardas hasta 2025, reportó rentas desde 2019 por 61.196 millones de pesos. Y el Chocó indicó que sólo permitió el ingreso de un destilado y que eso implicó que la venta del ‘guaro’ local se redujera en 800 por ciento.

La Industria Licorera del Cauca aseguró que la comercialización del Aguardiente Caucano es la “segunda fuente de ingresos de los recursos” del departamento, porque transfiere para la educación y la salud y da trabajo en una zona que sufre “los rigores del conflicto armado”. De hecho, la licorera presentó a la Corte Constitucional una proyección a 2026 que, en sus cuentas, tiene una distribución de utilidades por 23.139 millones de pesos. Por ello, aseguraron que la restricción que incluye el monopolio departamental está  relacionada con los ingresos de libre destinación de cada departamento. Tumbar esa medida podría implicar la quiebra de la empresa.

Según la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), en 2022 hubo una disminución en las ventas de 4.100 millones de pesos y en 2023 hubo un recaudo por 111.735 millones, que se explicaría por la entrada en vigor de un decreto de la Gobernación que frenó la llegada de otros aguardientes.

La Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, por su parte, dijo que "la aparición de productos de aguardiente Néctar y Cristal en los últimos años vienen ganando espacio en el mercado de aguardientes en el Departamento. Solo en su año de introducción al mercado, en 2021, obtuvieron alrededor el 26 por ciento del mercado de aguardientes diferentes a los productos de la FLA".

Otros departamentos que reportaron el aumento de ventas del destilado local tras la puesta en marcha de la medida de veto fueron Nariño, que en 2023 vendió 3.470 millones de pesos, y Valle del Cauca, que pasó de 67.022 millones de pesos por ventas del aguardiente Blanco del Valle en 2017 a 140.227 en 2023.

El Ministerio de Comercio defendió la norma demandada argumentando, entre otras razones,  que esa ley creó una estructura impositiva que “ofrece un tratamiento equitativo a los licores extranjeros”, que se buscó fortalecer las finanzas de los entes territoriales y que no es cierto que se discrimine la competencia o se frene el acceso a los mercados. Igualmente, indicó que esa salvaguarda debe aplicarse siguiendo unos criterios específicos y que no puede ser indiscriminada ni injustificada.

Según el Gobierno, cada departamento debería expedir un procedimiento a través del cual acredite la existencia o la posibilidad de un incremento súbito e inesperado en la introducción de otros aguardientes en su territorio, que represente un daño o una amenaza de daño para su producción local de aguardiente.

frase-destacadaCada departamento debería expedir un procedimiento a través del cual acredite la existencia o la posibilidad de un incremento súbito e inesperado en la introducción de otros aguardientes en su territorio, que represente un daño o una amenaza de daño para su producción local de aguardiente:Cada departamento debería expedir un procedimiento a través del cual acredite la existencia o la posibilidad de un incremento súbito e inesperado en la introducción de otros aguardientes en su territorio, que represente un daño o una amenaza de daño para su producción local de aguardiente:

El caso está en manos del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, que espera el concepto de la Procuraduría y que varios departamentos respondan un cuestionario enviado que tiene que ver con los impactos económicos de la medida.