No es la primera vez que la Corte pide investigar presuntas ‘chuzadas’

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, de ala conservadora, aseguró en una carta que sus comunicaciones estarían siendo interceptadas ilegalmente desde hace varios meses y sostuvo que detrás de esa acción estarían órganos de inteligencia oficial.

La carta fue remitida al presidente de la Corte, magistrado José Fernando Reyes, quien la envió a la Fiscalía y a la Procuraduría. Y la queja fue puesta de presente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en una sesión de Sala Plena la semana pasada. La revelación produjo múltiples reacciones de rechazo y que la Fiscalía anunciara una investigación al respecto.

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) anunció una investigación de control interno disciplinario por este hecho, como por la supuesta Operación Orión, que habla de supuestas interceptaciones que involucrarían a opositores y periodistas, según denuncias.

Esas investigaciones involucran a la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa y a la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República. Según el Dapre, estas entidades no hacen “prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia”.

“Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”, agregó la entidad. El magistrado Ibáñez aseguró en la misiva que su esposa, la abogada Ileana Melo, estaría siendo víctima de perfilamientos que vendrían de la Secretaría de Prensa.

René Guarín, quien lidera la Dirección de Tecnología, apuntó que es “totalmente falso” que se recopile esa información y señaló que esa entidad no comparte información con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

No es la primera vez

Mientras todas las cortes rechazaron la posible existencia de interceptaciones ilegales, este episodio recordó el oscuro panorama de ‘chuzadas’ que han afectado a la justicia colombiana y que ocurrieron efectivamente cuando Álvaro Uribe fue presidente de la república, hechos que afectaron especialmente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y por los cuales hay múltiples condenados como los exdirectores del DAS María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera; y Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia.

El episodio más reciente que involucra a la Corte Constitucional ocurrió en 2019, cuando la propia Corte le solicitó a la Fiscalía, la Policía y la DNE información sobre eventuales interceptaciones a esa Corporación. La denuncia se hizo luego que magistrados manifestaran que estaban seguros de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas y que aseguraran que incluso creían que había micrófonos en sus despachos.

En ese momento, se denunció que magistrados como Alejandro Linares recibieron información de que las conversaciones de los magistrados eran escuchadas. Esos temores fueron ventilados en Sala Plena y varios de los magistrados de entonces ratificaron que se sentían interceptados.

En 2019 la presidenta de la Corte era la magistrada Gloria Ortiz, quien reconoció públicamente los temores de los magistrados, que también incluían que lo que se decía en Sala Plena se filtraba rápidamente, por lo que se acudió a la Fiscalía. En ese momento, el fiscal general era Néstor Humberto Martínez.

Fuentes explicaron a CAMBIO que más de una vez los números telefónicos de los magistrados fueron cotejados con la plataforma que permite hacer interceptaciones a los investigadores. En abril de 2019 la Fiscalía anunció una investigación en la que se incluyeron unos audios recopilados en enero de ese año que daban cuenta la existencia de una presunta organización criminal que estaba interesada en uno de los casos que llevaba la Corte y que buscaba, al parecer, acceder a sus comunicaciones privadas.

No obstante, nada pasó. Menos de 15 días después, el entonces fiscal delegado Fabio Espitia declaró que no había evidencia de que los teléfonos de los magistrados estuvieran interceptados, conclusión a la que se llegó luego de hacer una evaluación técnica y revisiones a los sistemas de esa entidad.

Para esa época, abril y mayo de 2019, Jorge Enrique Ibáñez no era magistrado de la Corte, sino integrante del tribunal de arbitramento que debía resolver un pleito sobre la Ruta del Sol II. Ibáñez denunció seguimientos e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones.

Según denunció Ibáñez en su momento, varios carros hacían constantes movimientos frente a su oficina y había personas afuera que se quedaban observando el lugar. Esos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, pero nunca se hizo una investigación al respecto. ¿Qué pasará ahora?