Exclusivo: chuzadas, seguimientos y montajes en la Policía Nacional

Entre febrero y septiembre de 2018, hombres de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), la Dirección de investigación Criminal de la Policía Nacional (Dijin) y la Fiscalía General de la Nación habrían participado en una megaoperación de perfilamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales en contra de unas cincuenta personas. Entre ellas estaba el entonces candidato presidencial Iván Duque, su esposa, María Juliana Ruiz, un fiscal, un almirante de la Armada, treinta  policías y cinco generales de esa institución.

La operación combinó seguimientos físicos, interceptaciones de llamadas y de correos electrónicos, y el acceso a documentos privados que reposan en los archivos de la Policía Nacional y a los que solo miembros activos de la institución pueden acceder.

Las personas que fueron víctimas de estos perfilamientos fueron etiquetadas como parte de un plan de “desestabilización institucional”. En los informes se resalta la cercanía de algunos de ellos con Acorpol, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, y vínculos, bien sea de amistad o por temas de seguridad con los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe.

En los archivos se resalta como caso especial el del general Humberto Guatibonza. De él, al igual que de otros uniformados activos y retirados, hay registro de seguimientos e interceptaciones desde febrero de 2018. 

Fuentes le dijeron a CAMBIO, que este dossier y otros, habrían sido sacados de la Dirección de Inteligencia de la Policía en junio de 2022, después de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Aunque la orden habría sido ocultar y destruir la información, algunos de esos documentos quedaron en manos de uniformados que hoy se encuentran en retiro. 

Este dossier de 6,7 gigas contiene interceptaciones telefónicas y de WhatsApp, correos electrónicos, fotografías de los perfilados, de su núcleo familiar, y de sus viviendas. La razón que motivó la operación de espionaje, según las fuentes, fue la preocupación que existía en un sector de la Policía por quién sería el director de la institución en el nuevo gobierno. 

Los perfilados

Los costos de la operación tuvieron que ser enormes. Esto se deduce por la cantidad de hombres que participaron en seguimientos, acceso a archivos y en labores de interceptación de llamadas y de correos electrónicos.

La documentación combina información privada y de bases de datos públicas de las personas seguidas y perfiladas. Uno de los documentos más relevantes son las diapositivas  de la presentación “Coalición de afectación frente a la estabilidad institucional”. En ella se encuentra información del candidato presidencial Iván Duque Márquez, y de su esposa, María Juliana Ruiz. 

La presentación contiene una fotografía de su vehículo, al parecer tomada desde una de las cámaras del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional. También registra la dirección y el  teléfono de su residencia, así como datos de los padres de María Juliana Ruiz, la fecha y el lugar de su matrimonio y los nombres de sus tres hijos menores de edad.

Además, hay información de redes sociales, fotografías de los diplomas de Iván Duque y una copia de su declaración de renta de  2016.

Rafael Guarín Cotrino,  exviceministro de Defensa, es otro de los perfilados. En el dosier figura información sobre sus grados académicos, sus columnas y su actividad como profesor. También se menciona su número de teléfono, así como detalles de las relaciones que sostuvo con los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el exministro Rodrigo Rivera y el excongresista José Obdulio Gaviria.

Otros perfilados son los generales de la Policía Flavio Buitrago, José Roberto León Riaño, Janio León Riaño y Humberto Guatibonza. También el almirante de la Armada Rodolfo Amaya Kerken.

Del general (r) Flavio Buitrago hay fotografías tomadas a su hoja de vida. Las huellas de los legajadores muestran que el documento fue extraído de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Buitrago, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y se comprobó que recibió dineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En la información de la operación también aparecen pantallazos del SIUTH, Sistema Integrado para la Ubicaciòn del Talento Humano, del general José Roberto León Riaño, exdirector  de la Policía. SIUTH es un sistema de acceso restringido al que solo se puede acceder con contraseña. El general León Riaño no es el único que figura con pantallazos en el SIUTH. La información de sus hermanos, Janio y Reinaldo, también fue extraída de este sistema.

El plan cartero

Según se evidencia en los documentos, una de las labores más estrictas la hicieron al coronel retirado de la Policía Hugo Hernando Silva Zambrano. 

Al coronel, como a otros perfilados, se le verificó su línea telefónica, al parecer con colaboración de funcionarios de empresas de telefonía. Así se logró establecer que la línea que iba a ser intervenida era la suya y se pudo determinar su ubicación.

´Plan Cartero´: así se llamaba al mecanismo de seguimiento físico para determinar los movimientos de los perfilados. Esa modalidad se usó para seguir al coronel Silva cuando asistió al cierre de campaña de Iván Duque en el parque El Tunal el 20 de mayo de 2018, y seis días después, en una reunión privada de campaña en El Cubo de Colsubsidio en Bogotá.

El informe contiene numerosos archivos que dan cuenta de las interceptaciones de llamadas de WhatsApp a varios de los perfilados, entre ellos, al intendente Diego Fernando Calderón y al coronel retirado Jesús Alberto Díaz. En esa época se creía que WhatsApp no se podía ´chuzar´.

El fiscal perfilado

Cuatro meses después de iniciada la operación, hombres de la Dijin enviaron a la Fiscalía un informe ejecutivo que registraba las supuestas actividades de interceptaciones ilegales de una empresa llamada JHS, de la que, se dijo, el general Humberto Guatibonza era socio.

Ese mismo mes, mayo de 2018, el fiscal José Alexander Tibamozo Flechas fue asignado para asumir el conocimiento de la noticia criminal. Él también fue perfilado. Una presentación de Power Point muestra fotos suyas y de su esposa, así como datos personales: correo electrónico, dirección, redes sociales y fotos de su carro.

Guatibonza y un socio suyo, el comunicador Carlos Arenas, también fueron perfilados. El general sirvió 35 años en la Policía Nacional. Fue director del Gaula y comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. En su momento, sus logros en lucha contra el crimen, y su papel como comandante de la Policía de Bogotá fueron reconocidos. Incluso, en 2016, Gustavo Petro publicó un trino en el que manifestaba su simpatía por el uniformado. 

Sin embargo, Guatibonza y otros perfilados levantaban suspicacias por su aparente cercanía a la campaña de Iván Duque. Su caso judicial era tan importante para los perfiladores que existe en el dosier un documento llamado “proceso judicial empresa consultoría” en el que se le hizo un minucioso seguimiento. 

En ese informe figuran apartes de conversaciones entre el general Guatibonza y el coronel retirado del Ejército, Jorge Humberto Salinas, involucrado en el escándalo de interceptaciones ilegales a miembros del sindicato de Avianca.

En la presentación están transcritas las conversaciones interceptadas entre el general Guatibonza y su socio, el comunicador Carlos Arenas Valero, quien fue jefe de prensa de la Policía Metropolitana. A Arenas se le señala en el informe como coordinador de actividades de interceptación. Ambos eran socios en la empresa Humberto Guatibonza Consultoria (HGC), ahora en liquidación, que ofrecía servicios de seguridad e investigación.

En el documento se determinan las actividades “judiciales” a realizar, que incluían  vincular a otras personas al caso, mantener a otros objetivos vigilados y continuar con las labores de interceptación.

Arenas y Guatibonza fueron seguidos y perfilados antes de que sus procesos judiciales se iniciaran. En el caso de Arenas, según el documento, miembros de la operación se hicieron pasar por funcionarios de Servientrega para llevar un libro a su casa  para constatar que vivía allí. En cuanto al general Guatibonza, hombres esperaron durante días frente de su vivienda y tomaron fotos de los carros que llegaban para luego establecer, buscando en bases de datos, quiénes eran sus dueños.

Los autores de los perfilamientos e interceptaciones también hicieron un minucioso seguimiento al registro en medios de comunicación del caso Guatibonza-Arenas. Incluso llevaban la cuenta de las publicaciones como si se tratara de un logro de la operación.

A Arenas y a Guatibonza se les imputaron los delitos de utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo a sistemas informáticos, interceptación de datos, violación de datos personales y concierto para delinquir.  Esos delitos ya prescribieron para Arenas. En el caso de Guatibonza, por tratarse de un general, aún no ha prescrito el concierto para delinquir. 

El delito de uso de software malicioso sigue vigente para ambos. Las investigaciones en contra de Guatibonza y Arenas comenzaron en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

El  fiscal Daniel Hernández estuvo a cargo de la investigación entre mayo de 2018 y febrero de 2019. En una audiencia, en enero de 2019, admitió las inconsistencias en los dos primeros escritos de acusación presentados por la Fiscalía en contra de los investigados.