En dos semanas está citada una audiencia para archivar una investigación por la presunta adulteración de un insumo agropecuario de venta masiva. Estertores de la mejor Fiscalía de la historia.
Que los años pasen y las investigaciones no avancen parece haberse vuelto paisaje en Colombia, paisaje que cautiva a investigados y a sus abogados. Todo está previsto para que el próximo evento ocurra el 28 de mayo que se avecina. Para ese día está citada una audiencia en el Juzgado Segundo Penal del Espinal, Tolima, para precluir una investigación por el delito de alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. Los investigados en este caso son Jiselle del Carmen Ramos y Carlos Hernán Rojas, empleados de Agroz S.A., una firma que manufactura insumos agropecuarios. Pero por la complejidad del caso y el valor de la operación es evidente que hay muchos otros implicados que ni siquiera han sido mirados de reojo por el ente investigador.
En febrero de 2019, hace cinco años, Carmen Helena Muñoz, propietaria de Indepro, firma especializada en gestionar registros de venta ante el ICA, instauró una denuncia en contra de personas indeterminadas de otra empresa, Delagro S.A.S., por los posibles delitos de contrabando y falsedad marcaria. Indepro, la firma de la denunciante, es la titular de registro de Acadian ™, un fertilizante importado de Canadá. La importación y distribución está a cargo de Delagro S.A.S., la firma denunciada.
Es decir, los otrora socios ahora están en medio de una controversia judicial. El pleito tuvo origen en agosto de 2014, cuando funcionarios de Indepro, propietarios del registro, se dispusieron a hacer una prueba de eficacia del producto. Para tal fin se desplazaron hasta un cultivo de maíz en Espinal, Tolima. La prueba iba a hacerse con el producto hecho y envasado en Canadá, pero al necesitar más del mismo, procedieron a comprar el fertilizante distribuido en Colombia, y ¡oh sorpresa!, los dos productos olían diferente, y aunque pertenecían al mismo lote de fabricación tenían fecha de manufactura y vencimiento distintas.
Esta situación preocupó a Carmen Helena Muñoz propietaria de Indepro, porque de acuerdo al registro de venta del producto, está prohibido hacerle cualquier cambio o transformación. Es decir, que tal como se importa de Canadá debe ser vendido al agricultor colombiano. La adulteración acarrea consecuencias penales. Consecuencias que podrían terminar afectando al propietario del registro.
Vía correos, Carmen Helena Muñoz trató de establecer el porqué de las diferencias entre los fertilizantes, solo hasta 2017 logró ingresar a la planta de Agroz, la empresa que reenvasa el Acadian. Allí constató que al producto se le estaban aplicando protocolos de “transformación”, definidos por un ingeniero químico de Delagro. En el expediente existen varios correos de trabajadores de las empresas que dan cuenta de dicha “transformación” y un peritaje hecho por la Universidad Industrial de Santander, confirmó por medio de una prueba de cromatografía que el producto proveniente de Canadá era efectivamente modificado en Colombia. La operación de venta y distribución de dicho producto es millonaria. Entre 2010 y 2018, Delagro importó 170.888 litros del fertilizante. El producto se paga a 6 USD, el litro en Canadá y se vende a 20 USD en Colombia. Lo que significó una operación de 3.417.760 USD en 8 años.
La denunciante le dijo a esta columna, que Pedro Arce, quien fuera fiscal 35 en Espinal, le manifestó en una ocasión que los empresarios agrícolas no habían adulterado el producto sino que lo habían “mejorado”. El penalista Darío Cabrera, apoderado de los denunciantes, tiene otra interpretación: “esto es un proceso en el que lo que se hace es rendir el producto agregándole otras sustancias, lo cual en Colombia es un delito”. Los hechos descritos en la denuncia no han sido fallados por la justicia, en consecuencia los denunciados tienen derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, cinco años después, y con todo un acervo probatorio en su poder, la Fiscalía 35 de Espinal, solicitó audiencia para la preclusión de la investigación, investigación en la que varios de los implicados ignoraron los llamados de la Fiscalía. No se sabe si la Fiscalía abrirá investigaciones por otros posibles delitos cometidos en este caso, y quedan muchas preguntas por el papel que jugó el ICA.
El millonario proceso en que agricultores adquirieron un producto sometido a modificaciones no permitidas y con componentes diferentes a los descritos en las etiquetas, está a días de ser archivado y olvidado, como las placas que mandó a poner el exfiscal Barbosa en las sedes de las Fiscalías del país.
Apoya el periodismo que te gusta
Puedes cancelar en cualquier momento
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
