El decreto para unificar los servicios de inteligencia

El presidente Gustavo Petro está poniendo en marcha un peligroso plan que afectaría el manejo de las agencias de inteligencia y contrainteligencia del Estado. La administración tiene listo un borrador de decreto impulsado por Carlos Ramón González, cuyo objeto es convertir a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en un ente centralizado, unificador y responsable de todo el sector de inteligencia nacional. 

El documento, obtenido en exclusiva por esta columna, tiene el visto bueno de la mayor parte de los miembros del alto gobierno y ya está en etapa de revisión jurídica. Busca que todas las agencias de este sector se consoliden debajo de la misma estructura y le reporten a la DNI, con lo cual todos los agentes que trabajan en actividades de inteligencia y contrainteligencia estarían en la obligación de suministrar cualquier información que el director de esa entidad requiera. Más peligroso que tiroteo de agentes secretos en un ascensor.

Como dice literalmente el decreto, todo esto “para la toma de decisiones por parte del presidente de la república y del alto gobierno. A consideración del señor presidente de la república, los requerimientos que de él emanen podrán ser verbales o escritos”. 

Vamos por partes, en todas repitiendo muchas veces la expresión inteligencia, sin que eso haga del propósito del gobierno, algo cercano a la definición de esa palabra. Más bien todo lo contrario.

La ley estatutaria 1621 del 2013 establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos y su debida separación y compartimentalización. 

La norma establece que hacen parte de la asamblea de inteligencia conjunta, cada una de las fuerzas militares que posee un departamento de inteligencia con un objetivo definido y una misión clara. Por eso mismo, cada una de esas áreas de inteligencia, la del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, tienen acuerdos de cooperación con diferentes entidades de inteligencia internacional para apoyar su deber misional. Pero más importante aún, cada departamento de inteligencia posee una doctrina y es ajustada a la misionalidad y manejo de reserva de sus propias fuentes. 

Por ejemplo, la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol, tiene como misión hacer recolección de información con su tratamiento y cuidadoso análisis, con el fin de generar inteligencia estratégica y operacional, para anticipar y prevenir amenazas y desafíos que atenten contra la convivencia y seguridad ciudadana, las personas o el Estado. 

Es importante recordar que la Dipol es una de las entidades más acreditadas, no solo a nivel nacional sino también internacionalmente. Su papel ha sido la clave del éxito en la mayoría de las operaciones militares de grandes objetivos de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los paramilitares y la guerrilla en los últimos 20 años. Es una entidad prestigiosa mundialmente en materia de inteligencia.

Por eso volvamos al decreto que quiere poner a esa entidad, las del Ejército, Armada, y Fuerza Aérea bajo la estructura de la DNI. Esto con el fin de asegurar que sus agentes suministren la información que esa dirección y Presidencia requieran en cualquier momento. Tan peligroso, como contrainteligente. 

Esta columna habló de manera reservada con altos funcionarios de esas agencias de inteligencia, sobre el contenido del borrador. Todas, absolutamente todas las fuentes contactadas establecieron que sería un error poner a funcionar ese mecanismo descrito en el decreto y que, de hacerlo, acabarían ganando las estructuras delincuenciales, puesto que se terminaría con partes fundamentales de la inteligencia, como la segregación y la compartimentalización.

Para las fuentes consultadas, la fusión o reporte debajo del DNI haría perder tareas específicas y objetivos operacionales, ya que la especialización del trabajo de cada agencia organiza metas y resultados determinantes. 

Uno de los agentes fue más categórico y dijo que los trabajos de inteligencia “tienen que ser liderados, manejados y administrados por conocedores especialistas de ese campo. Por personas que sepan de ciclos y procesos de inteligencia y de ese manejo en la cultura organizacional. Las personas que hacen eso en las diferentes agencias, tienen carreras construidas y dedicadas a eso por décadas, mientras que los gobiernos ponen y quitan a funcionarios en esos cargos, y muchos de ellos no saben de esto, o lo manejan mal, o pueden terminar haciendo cosas ilegales y eso genera perjuicios para las operaciones militares y de policía. Hacer lo que dice el decreto acabaría con la inteligencia”. 

Algunas de las fuentes consultadas coincidieron en que el señor Carlos Ramón González, director de la DNI, no es una persona especialista o conocedora del sector o del trabajo de inteligencia. González es un aliado del presidente Petro desde los días en la insurgencia en el M-19, y asumió el pasado 23 de febrero el liderazgo del organismo, sin que se conozca claramente cuál es su conocimiento sobre este sector o el faro misional de la DNI en su administración. Peor, ahora quiere manejar toda la inteligencia de Colombia por medio de ese decreto. Una situación en la que la inteligencia no es sinónimo de conocimiento y menos de sabiduría.

Pero vamos más atrás. En su discurso de posesión en la plaza de Bolívar de Bogotá, donde el presidente Petro dio a conocer el decálogo de compromisos que iba a desarrollar en el gobierno, en su séptimo punto dijo: “desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa ni la que piensa diferente; hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción”. 

Estableció que para eso lo haría “con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de ‘cero tolerancias’. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”. Envejeció mal ese punto siete casi dos años después, en especial con todo lo que estamos conociendo ahora del escándalo de la Unidad de Riesgo, que incluso puede llegar a involucrar al señor González. 

Por eso vamos más al contexto. Recordemos que la DNI fue creada en el año 2011 con la desaparición y liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por los crímenes que se cometieron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que iban desde interceptaciones, seguimientos, torturas, espionaje y montajes judiciales.

En el marco de ese escándalo han sido condenados cerca de 30 funcionarios, entre los que se encuentran el exsecretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, que era la persona que transmitía las órdenes a la dirección del DAS. Estos, a su vez, transmitían a los subdirectores de inteligencia, quienes ordenaban las operaciones. 

Dos exdirectores del DAS y 24 funcionarios, entre directores de inteligencia y subdirectores de operaciones, han reconocido su actividad criminal exhortados por la presidencia de ese momento para perseguir a opositores, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y magistrados. 

Es importante señalar que se trataba de todo un andamiaje que, desde la oficina de presidencia y por medio de su brazo de inteligencia, el DAS, realizó campañas de desprestigio, todo apoyado con un trabajo de inteligencia financiera. Las cuentas, productos y trámites que tenían las personas objetivo, eran espiados a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf. 

La última condena que se conoce por estos hechos escabrosos de abuso del aparato de inteligencia durante el gobierno de Uribe, fue el pasado 30 de abril al exsubdirector del DAS, Emiro Rojas Granados, y al exagente Néstor Javier Pachón Bermúdez, por seguimientos y hostigamientos ilegales, que se configuraron en tortura agravada, a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

Sin despeinarse, ahora el gobierno del presidente Petro, una de las víctimas de esa dinámica y uno de sus grandes críticos, propone una estructura con este decreto, en la que los organismos de inteligencia de Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea deberán suministrar toda la información que la DNI requiera. Esto fácilmente podría deformarse en la pesadilla de espionaje vivida durante los gobiernos del expresidente Uribe. 

Como dicen por ahí, todos los extremos se terminan pareciendo. Tan es así que la última vez que el país escuchó una idea de unificar todas las inteligencias, fue cuando el empresario antioqueño Pedro Juan Moreno propuso estructurar el Centro Nacional de Inteligencia, Cenit, que sería el organismo que centralizaría todas las informaciones de seguridad nacional y que dependería en forma exclusiva de la oficina presidencial. 

Moreno Villa, en un momento la persona más cercana a Uribe y posteriormente un acérrimo enemigo, pensaba que Colombia necesitaba “centralizar en un solo sitio y bajo una cabeza la inteligencia que hacían las diferentes fuerzas”. ¿Suena familiar? Para fortalecer su propuesta al presidente Uribe, Moreno sugirió el nombre de José Miguel Narváez como director de Cenit, quien hoy se encuentra preso por varios delitos cometidos cuando fue el dirigente del G-3 del DAS, entre ellos espionaje, homicidio agravado y concierto para delinquir. 

No es una buena referencia histórica. Y el tema de la mala utilización de la inteligencia es preocupante, no solo en Colombia. El gobierno de Estados Unidos ha pedido a las autoridades nacionales, de manera reiterada, y con el fin de determinar la continuidad del apoyo financiero al país, informes de todos los abusos de las agencias de inteligencia y de los escándalos de las chuzadas que ha habido en los últimos años. 

Una carta obtenida por esta columna, enviada el 19 de enero de 2021, al entonces coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes Durán, con el asunto: “Urgente. Solicitud de Información sobre investigaciones por vigilancia ilegal”, demuestra la gravedad de esta preocupación.

Según este documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una solicitud, mediante la cual se hizo alusión a que, en el marco de la “ley de asignaciones para operaciones en el extranjero, financiamiento de exportaciones y programas relacionados” de los Estados Unidos, se había requerido al secretario de Estado de ese país presentar un reporte ante el Comité de Apropiaciones de su Congreso sobre el tema en Colombia. 

El informe para el legislativo estadounidense tenía que mostrar las acciones del gobierno colombiano  con el fin de investigar la vigilancia ilegal de periodistas, sociedad civil, políticos de la oposición, y miembros de la rama judicial por parte de las agencias de inteligencia colombianas desde el inicio del Plan Colombia, y para llevar a comparecer ante la justicia a los responsables de ordenar, ejecutar y encubrir tales crímenes.

Todas estas situaciones, muy graves, se dieron por el desmedido poder que la presidencia de Uribe tuvo en un momento sobre sus servicios de inteligencia. Y que ahora el gobierno de Petro quiere repetir. 

Ya probamos que ese decreto no es recomendable, ni operacional, ni conceptualmente puesto que afecta las importantes estrategias de las entidades de ese sector. También vimos que nos puede devolver a momentos muy oscuros de la historia colombiana, dominados por el espionaje y un manejo equivocado e ilegal de la inteligencia del país. No queda nada diferente a expresar que es muy peligroso que el gobierno del presidente Petro continúe con ese borrador de decreto. De conseguir lo que busca, haría que los servicios de inteligencia sean todo lo contrario. 

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com