Cinco días de terror: la vida en un pueblo en el paro armado del Clan del Golfo

El miércoles 4 de mayo, poco después del mediodía, los habitantes de San Pablo, municipio del sur de Bolívar, comenzaron a revisar sus celulares con una mezcla de estupor y pánico. En un mensaje de remitente desconocido, pero que de anónimo no tenía nada, el Bloque Aristides Mesa Páez, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, decretaba un paro armado a partir del 5 de mayo a las 12 de la noche, conminaba a los comerciantes a cerrar sus negocios y advertía a la población en general sobre las consecuencias de negarse a cumplir con la imposición. “No queremos ver abierto el comercio, no queremos ver a los transportadores terrestres ni fluviales circulando, solo se aceptará el tránsito en situación de emergencia que ameriten hospitalizaciones, remisiones o funerales de resto todo el mundo abstenerse de abrir sus locales comerciales, no queremos que hayan más víctimas solo por desacatar una orden remitida por nuestro organización”.

El paro armado, que en principio debía extenderse hasta el 8 de mayo, obedecía a la decisión presidencial de extraditar a su jefe máximo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, anteponiendo la solicitud de Estados Unidos al interés de las víctimas de Cacarica, Camelias y Murindó, quienes, mediante una acción de tutela, intentaban que Otoniel pagara primero por sus delitos en Colombia que por los del exterior.