La Fiscalía abre investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por “su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia”

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe informó que sus abogados fueron notificados por la Fiscalía Tercera de un llamado a indagatoria. Según el mensaje, el requerimiento se relaciona con cuatro hechos del conflicto en Antioquia: las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas.

Horas después, la Fiscalía confirmó en un comunicado que los delitos en los que estaría involucrado el expresidente Álvaro Uribe, son los de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Según el ente investigador, Uribe habría facilitado y promovido el accionar de una estructura armada organizada al margen de la ley que operó desde la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época

 ¿Por qué se dio la apertura de la investigación?

El periodista Daniel Coronell publicó en su cuenta de X imágenes de la resolución de apertura de instrucción contra Uribe. El documento, fechado el 17 de junio de 2026, un día antes del mensaje del expresidente, y suscrito por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, detalla las conductas que se le imputan.

Sobre La Granja y El Aro, la Fiscalía sostiene que el entonces gobernador Uribe sabía del riesgo que corría la población civil de Ituango ante la presencia de grupos paramilitares en la zona y que, pese a ello, no tomó las medidas necesarias para protegerla, estando en posición de garante institucional. 

En La Granja, el 11 de junio de 1996, fueron asesinadas cuatro personas. En El Aro, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, murieron dieciséis personas, otras diecisiete fueron secuestradas, se incendiaron viviendas, se hurtó ganado y la población del corregimiento fue desplazada.

De acuerdo al documento: “El entonces Gobernador no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la población civil, estando en capacidad y teniendo el deber legal y constitucional de hacerlo, dada la posición de garante institucional que ostentaba".

Sobre la Hacienda Las Guacharacas la Fiscalía señala que Uribe habría hecho parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal que operó desde esa propiedad, conocido después como Bloque Metro, lo que se ajustaría al delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor. El documento vincula a esa estructura con dos masacres en el municipio de San Roque, ocurridas el 13 de junio y el 17 de septiembre de 1996.

Según la resolución: “Se puede inferir que Uribe Vélez hizo parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal, que perduró en el tiempo e incrementó el riesgo para la seguridad pública".

El asesinato de Jesús María Valle el 27 de febrero de 1998 en Medellín también quedó consignado en la misma resolución: “Fue asesinado después de que, reiteradamente, había denunciado la incursión paramilitar en los corregimientos de La Granja y El Aro, del municipio de Ituango, y solicitado a los entes gubernamentales protección para la comunidad”.

Según el texto, la primera investigación previa contra Uribe por estos hechos se abrió el 16 de mayo de 2000. Y, fue archivada apenas siete meses después, el 28 de diciembre de ese año, cuando un fiscal delegado ante la Corte Suprema se inhibió de iniciar instrucción formal en su contra. El caso resurgió en septiembre de 2011, con una comunicación de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, y solo ahora, 26 años después de aquella primera apertura, la Fiscalía decide formalizar la instrucción.

¿Por qué el expresidente Álvaro Uribe está relacionado con las masacres?

Las masacres de El Aro y La Granja están vinculadas porque Uribe era gobernador de Antioquia para la fecha en que ocurrieron. Desde 2015, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que lo investigara por una presunta responsabilidad por omisión, es decir, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que las autodefensas tomaran esos corregimientos de Ituango, en donde fueron asesinadas 19 personas y más de 15 familias resultaron desplazadas, según la JEP. El expediente pasó por la Corte Suprema y, tras la renuncia de Uribe al Senado en 2020, terminó en manos de la Fiscalía.

La Hacienda Guacharacas entra en el mismo proceso por una razón distinta. Según estableció la Corte Suprema, la propiedad de la familia Uribe Vélez, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, habría servido como base de operaciones de una estructura armada ilegal en el nordeste antioqueño. Es una zona distinta a la de El Aro y La Granja, pero la investigación avanza dentro del mismo expediente sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo en Antioquia.

Jesús María Valle, por su parte, fue el abogado que denunció públicamente las masacres de El Aro y La Granja antes de ser asesinado en 1998. Su homicidio se investiga dentro de ese mismo proceso. Exjefes paramilitares como alias Don Berna han mencionado a Uribe en relación con ese crimen, versión que el expresidente ha negado.