El drama del reclutamiento de menores está lejos de acabar

A las seis de la mañana del 27 de mayo, Doris Campuzano, madre cabeza de hogar, salió de su casa, en las afueras de Tame, Arauca, con su hijo Andrés, de 12 años, a tomar el bus que los llevaría a uno de los colegios del municipio. 

El sol comenzaba a dar sus primeros destellos cuando se sentaron en un andén a la espera del transporte. De un momento a otro, todo se volvió caos. De una camioneta gris descendieron dos hombres, que rápidamente sujetaron a Andrés de los brazos e intentaron subirlo al carro.

Los gritos de Doris alertaron a los transeúntes. En cuestión de segundos, dos vecinos que pasaban en una moto le raparon el menor a los delincuentes y lo salvaron del rapto. Esta vez tuvo suerte, pero ahora Andrés vive con la intranquilidad de que la misma camioneta vuelva aparecer. 

Todo parece indicar que se trataba de integrantes de las disidencias de las Farc, que en los últimos meses han diversificado sus estrategias de reclutamiento forzado de menores de edad, incluida la del secuestro.

“Los grupos armados ilegales están utilizando nuevos métodos para reclutar a niños, niñas y adolescentes en el país, como los falsos campamentos de vacaciones o las promesas de regalos de motocicletas o armas, además de las amenazas a padres y profesores”, dice el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Otra de las modalidades es la de involucrar sentimentalmente a las víctimas con supuestas novias que los seducen y los conectan con el grupo criminal. Luego, los jóvenes son llevados a otros municipios con promesas de trabajo, donde son tentados con el consumo de sustancias psicoactivas y, finalmente, involucrados a la brava en las actividades de narcotráfico y extorsión.

Cifras preocupantes

Según cifras del Comando del Ejército, en los primeros 147 días de lo corrido del año, las ocho divisiones distribuidas por el país han recuperado 196 menores de edad, lo que significa más de uno por día.

Las disidencias de las Farc son la organización que más recluta ilegalmente en el país, seguida por el Clan del Golfo, el ELN y los llamados Pelusos. Según el Ejército, la estrategia criminal se concentra, sobre todo, en los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá y Chocó.

frase-destacada

La Defensoría del Pueblo, por su parte, advierte que en el país se presenta un subregistro de las cifras de reclutamiento de menores, dado que este crimen contra la niñez no se denuncia por temor a las represalias que los grupos armados ilegales tengan contra las familias.

Los departamentos con el mayor número de casos reportados a la Defensoría son Caquetá (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) y Tolima (8). El 24 por ciento de las víctimas pertenece a poblaciones étnicas; un 4 por ciento, a la población afrodescendiente, y 20 por ciento, a pueblos indígenas. Del total de los casos, el 83 por ciento ocurrió en zonas rurales.

Los grupos armados responsables son las disidencias de las Farc (68,3 por ciento de los casos reportados), el ELN (6,5 por ciento), presuntos exmiembros de las Autodefensas (4,7 por ciento) y otros grupos armados al margen de la ley (8,4 por ciento).

La fundación Save The Children –que trabaja por los derechos de los niños– reportó 37 casos de graves violaciones contra los derechos de la niñez durante 2021, entre ellos el reclutamiento forzado y la violencia sexual; estadísticas que, comparadas con las del primer trimestre de 2022, muestran un panorama poco esperanzador: entre enero y abril hubo 18 hechos contra los menores, además de otras violaciones serias como ataques contra las escuelas, asesinatos, tortura y reclutamiento, lo que representa el 48 por ciento de los casos totales del año anterior. 

El problema se une al desplazamiento al que se ven obligados los menores. Según el informe “Impacto y tendencias humanitarias en Colombia”, de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), solo en los primeros dos meses de 2022 el número de familias que han tenido que dejar sus hogares por temas relacionadas con el conflicto asciende a 3.400, mientras que otras 11.700 familias han sufrido el confinamiento forzado por los grupos armados irregulares.

Menores en la mira

En opinión de María Paula Martínez, directora de Save The Children en Colombia, “estas situaciones tienen un fuerte impacto psicosocial para la niñez. Se han identificado casos de intento de suicidio entre adolescentes que viven en las zonas afectadas por el conflicto, provocados por el temor de ser llevados de sus hogares.

Para Hilda Moreno, coordinadora de la secretaría de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia (Coalico), el panorama que se vive en varias regiones del país es de alerta. “Al vincularse con los grupos armados, los niñas y niños corren el riesgo de ser estigmatizados y marginados de sus comunidades y familias, perdiendo la oportunidad de asistir a la escuela y capacitarse. Lo preocupante es que en muchas ocasiones, ante la falta de oportunidades y sin tener capacitación laboral, se ven abocados a continuar en la delincuencia”, señaló.

Esta opinión es apoyada por Jhonatan Gutiérrez, psicólogo que ha trabajado en los procesos de resocialización del ICBF: “Los niños y niñas son obligados a participar como parte del conflicto, vinculados en muchos casos con falsas promesas por parte de los reclutadores, quienes los engañan, con dinero, ropa, celulares. También son presionados por medio de amenazas y violencia contra sus familias”.

Agrega que, ya vinculados, pierden todos sus derechos, pierden su inocencia para realizar acciones armadas con el objetivo de afectar a la población civil y militar, lo cual tiene consecuencias psicológicas difíciles de reparar.

Marcas imborrables 

Para Juan Sebastián Campo, de Benposta, organización que atiende a los niños desmovilizados, en la actualidad los menores no tienen garantía para sus vidas. “Cuando se pensó en la implementación de los acuerdos de paz, el Gobierno intentó llenar, con más fuerza pública, los lugares donde operaba la antigua guerrilla de las Farc. Pero la fuerza pública no garantizó la protección. Lo que se necesita es más presencia del Estado, con la instalación de colegios y propuestas de desarrollo económico”.

frase-destacada

Es muy común en Norte de Santander ver a menores de 12 o 13 años dedicados en vacaciones a raspar la hoja de coca, porque a eso sus familias se dedican, porque no hay salida de otros productos y, además, están coaccionados por los grupos al margen de la ley.

En opinión de Hilda Moreno, de Coalico, otra organización que ayuda a los niños que han estado involucrados en el conflicto, el reclutamiento nunca ha terminado. Aunque se presentó un descenso significativo en los registros, durante la primera fase de la implementación del acuerdo de paz, desde el segundo semestre de 2017 va en aumento. “Cuando se afirma que disminuyen los registros no es necesariamente que haya disminuido el reclutamiento; de pronto lo que ha aumentado son las acciones de atemorizar a las comunidades, de amenazar a las familias, para evitar que denuncien que, efectivamente, los niños han sido reclutados”, señala.

Para las organizaciones en defensa de los derechos de los menores, es importante recordar que la sociedad tiene la deuda histórica de garantizar los derechos de los niños, cuyo déficit se ha acentuado con los impactos de la pandemia, el recrudecimiento de la violencia y las crisis migratoria y ambiental.

Un problema adicional es que, en muchos territorios, la única oferta es la ilegalidad, no solamente la vinculación a grupos armados, sino a las economías ilegales como la coca, la minería y el comercio ilegal de madera. 

 “Necesitamos mayores recursos para ponernos al día con sus derechos y eso dependerá del cumplimiento de las políticas de niñez por parte del Gobierno y de un Estado garante de sus derechos”, agrega Hilda Moreno.