El mal negocio de Ecopetrol

En febrero de 2009, Ecopetrol anunció la compra de Offshore International Group Inc., (OIG) en sociedad con la Compañía Nacional de Petróleo de Corea (KNOC), por 900 millones de dólares. Según informó entonces la empresa colombiana, la adquisición se hizo por partes iguales. Offshore International Group Inc., empresa con sede en Delaware, Estados Unidos, era la propietaria de Petro-Tech Peruana S.A., que luego de la compra se transformó en Savia Perú S.A.

Petro-Tech, empresa dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, tenía entonces 11 bloques costa afuera en Perú, uno en producción y diez en exploración, con una extensión total de 9,5 millones de hectáreas.

La idea de la sociedad colombo coreana era al menos duplicar la producción de Petro-Tech en tres años, que en ese momento era de 12.000 barriles de crudo al día. Nelson Navarrete, vicepresidente ejecutivo de exploración y producción de Ecopetrol en ese momento, también señaló que se planeaba invertir en la empresa peruana 250 millones de dólares anuales durante los cinco o seis años posteriores a la compra.

Sin embargo, esas proyecciones no parecen haberse realizado. Los informes de gestión de Ecopetrol entre 2012 y 2020 muestran unos resultados de producción mucho más bajos y revelan algunos detalles de un negocio accidentado. De hecho, desde noviembre de 2011, Offshore Exploration and Production LLC, –vendedor de OIG– y los compradores (Ecopetrol y KNOC) estuvieron enfrentados legalmente en Estados Unidos porque Offshore incumplió el acuerdo inicial de cubrir cualquier obligación fiscal previa a la adquisición, según muestran registros públicos estadounidenses.

En enero de 2021, la empresa colombiana anunció la venta de su participación en OIG a una filial de De Jong Capital LLC y dijo que “la desinversión es el resultado de un exitoso proceso competido entre un número plural de oferentes adelantado conjuntamente por Ecopetrol y su socio, por el 100 por ciento del capital social de OIG, sociedad matriz de Savia (Perú), entre otras compañías domiciliadas en Estados Unidos y Perú”. Sin embargo, no reveló el monto de la operación, aludiendo a un acuerdo de confidencialidad.

Este acuerdo de confidencialidad llamó la atención de la Contraloría General de la República, que pidió al presidente de Ecopetrol información sobre la transacción. Según la respuesta que obtuvo, la Contraloría determinó que las partes del contrato acordaron un valor total de transacción que podría llegar a los 231 millones de dólares, de los que le corresponderían máximo 115,5 millones de dólares a Ecopetrol.

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Para la Contraloría se hace necesario precisar las razones que llevaron a Ecopetrol a invertir más de 640 millones de dólares en una empresa y a los pocos años venderla por menos del 20 por ciento de lo pagado para adquirirla.

Aunque el anuncio público señalaba que la operación de compra se había realizado por 900 millones de dólares, registros en Estados Unidos y los datos recogidos por la Contraloría muestran que el contrato de compraventa del 2008 establecía además que, si se cumplían ciertas condiciones, al segundo aniversario de la fecha de cierre del contrato KNOC y Ecopetrol estarían obligados a pagar una suma adicional denominada ‘Earn Out Amount’ o importe de beneficio mutuo. Este podría ser de 200 o 300 millones de dólares, dependiendo del precio promedio del petróleo en un cierto periodo de tiempo.

Como se acordó que ese importe de beneficio mutuo sería de 300 millones de dólares, el monto total de la adquisición fue de 1.200 millones de dólares. Es así que a los 496 millones de dólares que pagó Ecopetrol en febrero de 2009 se sumaron casi 146 millones de dólares que pagó exactamente dos años después.

Según la Contraloría, en total Ecopetrol pagó US$641.974.615 por Offshore International Inc., empresa por la que al cabo de unos años recibiría tan solo 115,5 millones de dólares. Una diferencia de 526 millones de dólares o casi 2 billones de pesos, lo que equivale, por ejemplo, al doble de lo que costó el túnel principal de la Línea.

Por esta razón, la Contraloría Delegada para el Sector Minas decidió abrir una indagación sobre el proceso, para determinar si son razonables las cifras que sustentaron tanto el valor de compra, las inversiones, la gestión de la empresa al frente del activo y el valor final de su venta. “Para la Contraloría se hace necesario precisar las razones que llevaron a Ecopetrol a invertir más de 640 millones de dólares en una empresa y a los pocos años venderla por menos del 20 por ciento de lo pagado para adquirirla”, afirma el documento conocido por Cambio.

Según le explicó Ecopetrol a este medio, "la venta de las acciones de OIG estuvo precedida de la definición del nuevo foco estratégico de Ecopetrol, de un riguroso análisis sobre los resultados de Savia, su potencial y riesgos asociados a mantener la inversión, considerando factores como el vencimiento de su licencia principal prevista para noviembre de 2023 y que jurídicamente no era posible prorrogar, así como de una valoración técnica efectuada por una banca de inversión. Se acordó que las condiciones de esta venta estarían sujetas a cláusulas de confidencialidad, incluyendo el precio, por ser un asunto de especial sensibilidad vinculado al éxito del negocio".

Cuesta abajo

Los informes de Ecopetrol disponibles permiten trazar una cronología de cómo se fueron desvaneciendo los grandes planes para Savia Perú. El reporte de 2012, el más antiguo que se puede revisar en línea, señala que Savia contaba con 11 bloques, pero el Z-2B era el único activo en producción con 14.000 barriles por día de petróleo equivalente (kbpde). “Savia Perú perforó dos pozos exploratorios: Colan-1 y Pelusa-1, los cuales revelaron presencia de hidrocarburos, pero no fueron considerados éxitos comerciales”, agrega el informe.

El informe de 2016 revela que para ese año Savia Perú ya solo contaba con 4 bloques y que la compañía alcanzó una producción de 10,8 kbpde, antes de descontar regalías.

Dos años después, la operación de Savia se redujo a dos bloques, “Z-2B en fase de explotación y produciendo 10 kbpde, y Z-6 en fase de explotación sin producción y en situación de fuerza mayor, lo que representa una superficie de 0,7 millones de hectáreas”. El reporte de 2018 también hace referencia a un informe del comité de gestión de salud, seguridad y medio ambiente de la junta de Ecopetrol, relacionado con “las acciones adelantadas con ocasión de la fatalidad en Savia”.

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La materialización de riesgos en la actividad de las compañías de OIG no comprometió los resultados generales del negocio de Ecopetrol ni en el año de su adquisición, ni en los años siguientes y tampoco en el año de su venta.

Según el informe de Ecopetrol de 2019, la producción del lote Z-2B seguía bajando, con 9,4 kbpde. También se menciona un préstamo de Ecopetrol a Savia Perú por 57 millones de dólares, pagaderos semestralmente a partir de 2017 y con vencimiento en febrero de 2021. El saldo en valor nominal al 31 de diciembre de 2019 era de 28 millones de dólares. Ecopetrol le dijo a Cambio que ese préstamo aún se encuentra vigente y su fecha de vencimiento es el 15 de diciembre de 2023.

En 2020 se informó en el reporte anual sobre la venta de las acciones de OIG a De Jong Capital por “razones estratégicas, de focalización geográfica y como parte del plan de ajuste del GE (Grupo Ecopetrol)”. La producción del Z-2B ese año fue de 8 kbpde, lejos de la meta establecida cuando se adquirió Savia Perú e incluso inferior a lo que producía la empresa en 2009.

Según Ecopetrol, Savia Perú enfrentó retos propios del negocio en la fase de exploración tales como la crisis internacional de precios de 2015, la crisis derivada de la pandemia y "la declaración de fuerza mayor en 2012 como consecuencia de la imposibilidad para desarrollar actividad exploratoria en el Bloque Z-2B por oposición de la comunidad". Sin embargo, señala que estos riesgos no comprometieron los resultados generales de Ecopetrol ningún año desde que se adquirió OIG hasta que se vendió.

Un saldo pendiente

El informe de Ecopetrol de 2015 se refiere al laudo arbitral que dirimió las controversias entre Ecopetrol y KNOC vs Offshore Exploration and Production, por el cual Ecopetrol recibiría US$4.005.774,94. Según el reporte, en el último trimestre del 2015, “la Cámara Federal de apelaciones de Nueva York resolvió a favor de Ecopetrol y KNOC el proceso en relación a los reclamos por contingencias post-cierre relacionadas con la adquisición de Savia Perú”.

Sin embargo, la pelea había comenzado desde 2011, debido a obligaciones fiscales que tenía Savia Perú, previas a la adquisición por parte de Ecopetrol y KNOC. La empresa en Perú había realizado unas deducciones en los impuestos de 2001 a 2007, que luego fueron cuestionadas por las autoridades tributarias de ese país. Según el contrato con Offshore Exploration and Production, este debía pagar dichas obligaciones, pero no cumplió. De esta manera, los nuevos dueños de Savia tuvieron que pagar en total 84 millones de dólares al fisco peruano, de los cuales Offshore solo les había reembolsado US$8.987.041 en 2015, según el documento del arbitraje disponible en línea. Es decir que para ese año Offshore todavía les debía a Ecopetrol y KNOC 75 millones de dólares.  

Aunque el tribunal de Nueva York falló a favor de los compradores en 2015, tres años después el vendedor seguía negándose a pagar la totalidad de la deuda. En octubre de 2018, Ecopetrol le solicitó a un tribunal federal de Nueva York que confirmara el laudo arbitral que ordenaba a Offshore Exploration and Production LLC devolverle lo que había pagado por concepto de impuestos en Perú. Según Law360, medio especializado de Estados Unidos, Offshore todavía debía más de 20 millones de dólares.

Al respecto, Ecopetrol señaló que en el primer trimestre de 2022 se obtuvieron dos laudos favorables en los últimos dos procesos arbitrales que estaban en curso. 

Mala paga

El pleito con Ecopetrol y KNOC no fue el único que tuvo William Kallop, dueño de Offshore Exploration and Production, por cuestiones tributarias. El hecho de que la venta de Petro-Tech se realizara en Estados Unidos provocó la apertura de una investigación por parte del Parlamento peruano. Según el informe final de la comisión que investigó la operación, la venta se produjo fuera de Perú con el propósito de evadir impuestos y el Estado peruano perdió más de 482 millones de dólares en esta transacción.

Según dijo entonces el diputado Johnny Peralta, quien presidía la investigación, “la argucia” en la venta de Petro-Tech hacía parte de las prácticas habituales de Kallop, quien había llegado a Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Según Peralta, Kallop tenía un entramado de empresas que prestaban servicios a Petro-Tech y que utilizaba para sobrefacturar servicios subcontratados y así evadir impuestos.

Aún antes de la venta a Ecopetrol y KNOC, Petro-Tech ya había sido objeto de controversia. La empresa fue mencionada en el caso de los Petroaudios, unas conversaciones entre un funcionario de la estatal Perú Petro y un exministro, al parecer coludidos para beneficiar con concesiones a una empresa noruega. Petro-Tech hizo parte del escándalo porque hubo indicios de que era la que había contratado a la empresa Business Track para realizar las interceptaciones telefónicas. Ecopetrol estaba al tanto de la polémica cuando compró OIG.

William Kallop, quien falleció en 2019, también tuvo líos en Estados Unidos. En 2017 fue noticia la incautación de uno de sus yates, Natita, que había comprado por 59,9 millones de euros el año después del negocio con Ecopetrol. Según su obituario en la Universidad de Princeton, luego de vender sus compañías en 2009 y en gran parte jubilado, “fue feliz navegando y pasando el tiempo en su bote con su familia y amigos”.

En 2014 pidió un préstamo por 32 millones de dólares a Goldman Sachs, usando este y otro de sus yates como garantía. Pero Kallop dejó de pagar el crédito en 2016 y Goldman Sachs demandó a su propio cliente y le confiscó el yate. Kallop se quedó sin Natita. Evasor o mala paga, astuto o derrochador, Kallop y su empresa resultaron ser un muy mal negocio.